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¿Quién autorizó a Aminta Granera convertir la Policía Nacional en Policía Católica?

| 9 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa Directora General Policía Nacional Estimada Comisionada: Ante todo reciba mi saludo y felicitación en ocasión del 28 aniversario de la Policía Nacional. He decidido escribirle porque creo que la institución corre el riesgo de perder su carácter nacional. Se escucha con frecuencia que el carácter nacional de la institución proviene de su naturaleza "apolítica", apartidaria y no deliberante. Aunque no sea el objetivo principal del escrito, he dejado el término apolítico entre comillas; pues estoy convencido que cuando los legisladores aprobaron esa enmienda incorporaron una expresión hostil con la constitución misma, ya que ella se define - en su preámbulo – como Constitución Política de la Republica de Nicaragua. ¿Qué acaso la preservación del orden y la persecución del delito no forman parte de una política de estado? (Por cierto es oportuno destacar que la efectiva Política de Seguridad Nacional no ha permitido que el país se convierta en un enclave del crimen organizado). Posiblemente los legisladores – de esa época – estaban tan alienados con el partidismo que terminaron creyendo que la política solo podía ser partidaria. El apartidismo de la institución es real. No existe proselitismo partidario, y no existe trato diferenciado por filiación de ese tipo. Tengo la certeza de que no voy a ser perseguido por razones partidarias, con el mismo grado de certeza de que no sé cual es su simpatía partidaria. La no beligerancia también es efectiva, pues no se ha manifestado disentimiento con el mando civil ejercido por el Presidente de turno. Pero, ¿Era necesario que los legisladores incorporaran la expresión "arreligiosa"? Creo que no. La constitución conserva un aporte de la Revolución de 1983: "El carácter laico del estado que debe garantizar el carácter nacional de todas las instituciones". Traigo esto a colación porque pude percibir que el 5 de septiembre pasado se consagró la institución policial a la denominación católica. Se fusionaron actos oficiales con conceptos y practicas litúrgicas que son ajenos a un vasto sector de la población. Desde hace varios años casi el 40 % de los nicaragüenses no compartimos el credo confesional referido. Todo hizo indicar que hubo un preparativo que implico proselitismo religioso. Algo así como que si por la vía de hecho existe una capellanía en perjuicio de otras denominaciones, ya que no tienen la misma libertad de actuar. En algún momento usted se preguntó cuantos oficiales se vieron obligados a participar en un acto que no obedece a su criterio confesional. O para cuantos de ellos fue algo invasivo porque su vivencia de fe prescinde de servicios religiosos convencionales. Ahora me pregunto: ¿La institución ha dejado de ser nacional para convertirse en confesional? Los que no compartimos esa fe, ¿Debemos considerar que la institución no nos atañe? O por el contrario, ¿Deberíamos preocuparnos porque la institución se convirtió en gendarme de una institución religiosa? En cuanto a las personas que abogan por la despenalización del aborto terapéutico, ¿Deben temer que se les acuse por instigación para delinquir, y se les capture con diligencia y prontitud? ¿Debo hacerme la idea de que es posible que el Obispo Episcopal de Boston pueda ser circulado e impedido su ingreso al país? (Y todo por el hecho de que para algunos Religiosos su presencia pudiera ser una "mala imagen", porque revelaría que es posible ser Obispo y cumplir con la ley sin tener que ser rehén de las represiones). ¿Debemos hacernos la idea de que algunas personas pudiéramos ver restringido nuestros derechos a escuchar a un guía espiritual? Para concluir solo me resta transcribir dos artículos constitucionales que deberían garantizar el carácter nacional de todas la instituciones: Arto. 14 El Estado no tiene religión oficial. Arto. 29 Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias. Muchas gracias.

Oscar Marín Alfaro

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