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Liberales y sandinistas condenan a muerte a mujeres (las pobres, por supuesto) con embarazo de alto riesgo

Varias agencias. Desde Managua. | 13 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Pudo más la politiquería, el atraso ideológico, el oportunismo político y la falta de escrúpulos, y la Asamblea Nacional, por amplia mayoría, mantuvo el jueves la derogación de la figura del aborto terapéutico del Código Penal, aprobada en octubre del año pasado. Por 62 votos a favor, 3 en contra, cero abstención, y 4 presentes en la sesión que no ejercieron el voto, el Parlamento aprobó una moción del diputado liberal disidente Eduardo Gómez para eliminar el inciso 3 del artículo 143 del Código Penal, que pretendía reintroducir la autorización del aborto terapéutico. El médico Leonel Argüello, miembro de organismos sociales pro salud de la madre y el niño, estimó que los diputados "lo que hicieron fue reactivar la pena de muerte en Nicaragua". Mientras que la Red de Mujeres contra la Violencia, rechazó la decisión de los diputados y advirtieron que toda mujer en estado fértil será "perseguida en caso su vida este en peligro" por un embarazo. Asimismo advirtieron que van a emprender una campaña internacional de denuncia de la acción de los legisladores a los que calificaron de "hipócritas". El aborto terapéutico estuvo vigente en Nicaragua desde comienzos del siglo pasado, por lo que grupos pro-aborto consideran que la nueva derogación significa un retroceso del país en esa materia. El 26 de octubre, diez días de los comicios generales del 5 noviembre, legisladores sandinistas y liberales derogaron esa figura médica del Código Penal publicado en 1893, atendiendo solicitudes de las iglesias y sectores conservadores. El Código Penal facultaba practicar el aborto terapéutico, el que sería "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales". Según la norma aprobada este jueves como parte del nuevo Código Penal, quien provoque un aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de cárcel. En caso que sea un médico o sanitario a demás de la pena principal será inhabilitado para ejercer la medicina entre dos a cinco años. Los diputados suprimieron un párrafo del artículo 143 del nuevo Código Penal que eximía de cualquier tipo de apremio al aborto terapéutico, toda vez que tres facultativos dictaminaran que esa diligencia fuera necesaria. Un artículo aprobado establece: "Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se tratara de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario". Otro articulado agrega que la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique "se le impondrá pena de uno a dos años de prisión". En una sesión en la que los 38 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no participaron en el debate, la voz cantante por recuperar el aborto terapéutico la llevaron diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La diputada Mónica Baltodano, del MRS, dijo que a todos los diputados que hoy votaron a favor de proscribir el aborto terapéutico les van a enviar "a sus domicilios los nombres de la mujeres que mueran al no poderse practicar el aborto autorizadas por médicos". Baltodano consideró que esta decisión coloca al país como una nación "cavernícola". Afirmó que de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el 97 por ciento están de acuerdo con la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, pues solo cuatro no lo permiten: El Vaticano, El Salvador, Chile (aunque con una legislación muy laxa) y ahora Nicaragua. La decisión de cercenar a la mujer el derecho de decidir si quiere o no vivir, ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización "Human Rights Watch", la ONU y la Unión Europea, que demandan mayor discusión sobre el tema. Los médicos locales han advertido que esa medida incrementará las muertes maternas y la mortalidad infantil, así como la proliferación de clínicas abortivas clandestinas. El cardenal Miguel Obando y Bravo se pronunció, días atrás, a favor de un debate científico sobre el aborto terapéutico, mientras que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se opone a que el gobierno restablezca esa figura en el Código Penal. La Conferencia Episcopal, en exhortación publicada la semana pasada, advirtió que en vista de la aprobación del Código Penal se estaba haciendo mención de una nueva redacción que permita "el mal llamado aborto terapéutico". Los obispos recordaron que la derogación de esta disposición fue solicitada por 290 mil firmas de cristianos nicaragüenses, que fueron presentadas a la Asamblea Nacional tras una multitudinaria manifestación. Los prelados insistieron en que el aborto terapéutico ha servido para darle protección legal y total impunidad a los que inescrupulosamente practicaban abortos con cualquier razón, por ideología poblacionista o por dinero.

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