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¿Está o no vigente la Ley 550 para que las empresas mediáticas paguen impuestos?

| 20 de Septiembre de 2007 a las 00:00
El diputado Wálmaro Gutiérrez dijo el jueves que el cobro de impuestos a los medios de comunicación por parte de la Dirección General de Aduanas, está sustentado en la reforma constitucional de la Ley 257, que no está suspensa por la Ley Marco. Gutiérrez dijo que la Ley Marco (ley 558), suspendió la Ley 550 (ley de reformas a la Constitución Política (los artículos 138 inciso 4, 9, 30, el artículo 143 y el artículo 150 inciso 6). También suspende las leyes creadoras de la Superintendencia de Servicios Públicos (sisep); la Intendencia de la Propiedad y la nueva Ley de Seguridad Social. El legislador sandinista afirmó que no tiene razón el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, cuando afirma que el cobro que hace la DGI a varios medios de comunicación, entre ellos el Diario La Prensa, es ilegal "porque esa ley (la 550) quedó suspensa por la Ley Marco". Según Gutiérrez, la ley que beneficia a los medios de comunicación a no pagar algunos impuestos en la importación de materias primas y equipos, está contenida en la reforma constitucional de la Ley 527, y no en la 550 a como dice el Magistrado Martínez. "Esa ley está tan vigente, que diputados del Partido Liberal Constitucional y de la Alianza Liberal, propusieron su derogación, y hasta introdujeron en la secretaría un anteproyecto de ley de fomento y promoción a la libertad de expresión. Pero Martínez reiteró el jueves que a su juicio, la Ley 550 no está en vigencia. Agregó que "toda ley tiene que tener fundamento en un precepto constitucional. Si no existe precepto constitucional que la soporte, la ley es inconstitucional definitivamente. Entonces si no hay razón o ley para cobrar, no te pueden cobrar". Otros magistrados, como Francisco Rosales y Rafael Solís, consideran que la ley sigue vigente mientras no sea resuelto lo contrario por la Sala Constitucional, la cual aún no se pronuncia sobre los recursos por inconstitucionalidad sometidos en 2005 por varias empresas mediáticas que se sienten perjudicadas por las nuevas disposiciones. Pero para Martínez, la "inconstitucionalidad dictada por la violación de garantías constitucionales es una cosa, pero la inconstitucionalidad por la inconsistencia de fundamentos en la constitución, es otro enfoque".

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