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Advierten que Latinoamérica debe legislar ante proliferación de mercenarios

Agencia EFE. Desde New York. | 8 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Los gobiernos de Latinoamérica deben revisar sus leyes para afrontar la creciente contratación de mercenarios entre los actuales y antiguos miembros de sus fuerzas de seguridad, por parte de empresas privadas que los envían a puntos "calientes" del planeta como Irak o Afganistán. Esa es la recomendación que el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre mercenarios de la ONU, el español José Luis Gómez del Prado, hizo el jueves tras presentar su informe anual a la Asamblea General. El experto declaró, en una entrevista con Efe, que gran parte de los países de la región carecen de los mecanismos legales necesarios para regular el reclutamiento por parte de empresas de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido. La oportunidad para empezar a hacerlo, apuntó, es la reunión regional sobre el tema que el grupo de la ONU celebrará el 17 y 18 de diciembre próximos en Panamá con países de Latinoamérica y el Caribe. "Esta reunión servirá precisamente para ver el impacto que tienen estas empresas de seguridad privadas en Latinoamérica, lo que se puede hacer y lo que necesitamos hacer para crear un consenso a nivel regional para cubrir esa zona gris y que los gobiernos tomen conciencia", señaló Gómez del Prado. El Grupo de Trabajo calcula que unos 3.000 latinoamericanos han sido contratados en los últimos años por estas compañías, que valoran la experiencia que en muchos países de la región se tiene en la lucha contra insurgente y el hecho de que resultan más baratos que especialistas estadounidenses o británicos. El experto lamentó que solamente 30 países hayan ratificado hasta el momento la Convención Internacional contra los Mercenarios de 1989, entre los que no están la mayoría de Latinoamérica, España y Estados Unidos. "Tendría que ser una convención universal, y aún esta tiene algunas lagunas que se deben cubrir, que es por donde se meten estas empresas de seguridad", apuntó. El experto aseguró que conoce de casos concretos en que países latinoamericanos han presentado quejas formales a Estados Unidos por las actividades de reclutamiento de sus empresas de seguridad, pero Washington se ha limitado a señalar que son actividades privadas y que deben dirigir sus protestas directamente a las compañías. En su opinión, empresas como la conocida Blackwater de Estados Unidos han conseguido socavar el monopolio de la violencia que las democracias modernas han otorgado al Estado y funcionan en ambientes opacos donde no reciben el mismo escrutinio que las fuerzas de seguridad públicas. Gómez del Prado rechazó el argumento de la industria de que sus integrantes no son mercenarios porque están legalmente registrados, cotizan en bolsa y reciben contratos de gobiernos. "Actúan sin normas porque no están bajo un control militar, si no de una sociedad privada. No dan rendición de cuentas a nadie", advirtió. Para empezar, explicó el experto de la ONU, ningún gobierno guarda estadísticas precisas sobre este tipo de actividades, por lo que se desconoce de dónde vienen sus integrantes o su número exacto, que algunos sitúan en alrededor de 50.000 en todo el mundo. Gómez del Prado criticó la imagen benéfica que quiere presentar esta industria de seguridad, que ha bautizado a su grupo de "lobby" en Washington como la Asociación Internacional de Operaciones de Paz y publica anuncios en los que se destaca su labor "desinteresada" en conflictos como Sudán o Somalia. "Se presentan como si fueran los cascos azules o Médicos del Mundo, cuando les pagan para matar. Eso es lo que debe salir a la luz y los gobiernos responsabilizarse", señaló. La ausencia de reglas bajo la que operan estas empresas empiezan por las normas laborales, dijo el experto, que de entrada obligan a sus empleados a renunciar al derecho a acudir a la justicia de su país de origen en caso de conflictos con su empleador. En entrevistas con ex empleados de estas firmas, el Grupo de Trabajo ha recogido testimonios de una asistencia médica precaria, engaño en la paga que se había prometido y magras compensaciones a las familias de quienes han fallecido, dijo el experto.

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