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España: injerencias no explicadas

Editoriales del Diario La Jornada, de México. | 12 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Tras la agitación en la clausura de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, en la que el rey de España, Juan Carlos de Borbón, intentó callar con malas maneras al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es preciso ir más allá de los encontronazos verbales y ver que detrás de ellos hay un redimensionamiento inexorable de la presencia española –política, diplomática y económica– en nuestro hemisferio. Por principio de cuentas, sería necio desconocer que, tras la muerte de Franco, la antigua metrópoli desempeñó un papel positivo en América Latina, asolada entonces por sangrientas dictaduras militares alentadas desde Washington. Durante los años 80 del siglo pasado, España fue, junto con Francia, un contrapeso –pequeño y a veces tímido, pero siempre reconfortante– a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región y tierra de asilo para opositores perseguidos. En la década siguiente, conforme se colapsaban los regímenes militares en este lado del Atlántico y las nacientes democracias enfrentaban los saldos de desastre, se produjo una notable expansión de las inversiones peninsulares en América Latina. El flujo de capitales correspondiente resultó importante para la recuperación de economías devastadas por la crisis de la deuda externa. El avance de la integración española a la Europa comunitaria y la llegada de los posfranquistas del Partido Popular (PP) a La Moncloa implicó un realineamiento de la percepción de Latinoamérica en los órganos del Estado español. Desaparecieron los matices que diferenciaban a Madrid de Washington y los países de este hemisferio dejaron de ser vistos como parte de un universo idiomático y cultural común para ser considerados mercados, en los cuales era preciso aplicar las normas de rapiña y depredación características del modelo globalizador en curso. A medida que las economías salían del amargo trance de fin de siglo, de este lado del mar se cayó en la cuenta que las transnacionales españolas, ya por entonces con fuerte presencia regional, no eran menos voraces ni menos implacables que las estadounidenses. La rapacidad de las grandes corporaciones peninsulares –especialmente las que tienen intereses en los sectores hídricos y energéticos– les ha generado conflictos de diversos grados con gobiernos de Argentina, Bolivia y con las sociedades de casi todos los países en los que tienen presencia. Ante el surgimiento de gobiernos latinoamericanos con propuestas económicas alternativas al Consenso de Washington y con políticas exteriores independientes, el gobierno que encabezaba José María Aznar emprendió una política de abierta injerencia para favorecer a las fuerzas derechistas de este lado del Atlántico. En el encuentro de anteayer, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dio cuenta de cómo, ya en tiempos de Rodríguez Zapatero, en la embajada de España en Managua se conspiró para impedir el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que generó por segunda vez la ira del jefe del Estado español, quien abandonó con rudeza la sesión. Ayer Chávez recordó que el gobierno de Aznar participó en la conjura que desembocó en el fallido golpe de Estado de 2002, que por un par de días alejó al presidente venezolano del poder. El ex jefe del gobierno español buscó, además, inducir a varios países latinoamericanos –con especial énfasis México y Chile– a la catastrófica y criminal aventura bélica de Estados Unidos en Irak (y antes en Afganistán), faltando con ello al elemental respeto a las soberanías nacionales y a las facultades exclusivas de cada país de fijar su política exterior. No hay que equivocarse: no es que Chávez u Ortega le hayan colmado la paciencia al rey de España, es que algunos gobiernos de este hemisferio han sido demasiado pacientes ante el intervencionismo español. Ahora resulta fácil imputar al cavernario Aznar las responsabilidades por estos actos hostiles, inadmisibles y contrarios a la legalidad internacional; sin embargo, el ahora destemplado Juan Carlos de Borbón, en su calidad de jefe de Estado y responsable máximo de la política exterior de su país, no puede eludir su responsabilidad en las tropelías cometidas por el gobernante defenestrado luego de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid. Las autoridades españolas le deben una explicación a los gobiernos y pueblos de Venezuela y Nicaragua, deuda que posiblemente se quedará pendiente por tiempo indefinido, habida cuenta de la arrogancia y el desdén hacia América Latina que imperan en las altas esferas políticas de Madrid.

El rey está nervioso

Editorial del domingo 11 de noviembre

El incidente protagonizado ayer en la clausura de la 17 Cumbre Iberoamericana por el rey Juan Carlos I y el presidente venezolano, Hugo Chávez, es reflejo fiel de la relación imperante entre el régimen español y algunos gobiernos latinoamericanos cuya visión se aleja cada vez más del antiguo centro colonial. La insólita salida de tono de Juan Carlos, mandando callar a Chávez, dio el tono a una reunión en la cual, por primera vez en esas encerronas de altos vuelos, los empresarios españoles fueron objeto de duras críticas de los gobernantes de Argentina, Venezuela y Nicaragua. El colofón, ayer, fue la reiteración de los calificativos que Chávez endosó el viernes al ex presidente español José María Aznar; “fascista”, lo llamó, tras decir que era el encargado de vender el discurso de Washington. También recordó el apoyo que el empresariado hispano dio al fallido golpe de Estado perpetrado en 2002 contra el gobierno de Caracas. Cierto es que el presidente venezolano interrumpió a su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando éste defendía la honorabilidad de Aznar argumentando que “no es aceptable” que en un foro democrático hubiera descalificaciones a personas que gobernaron como fruto de la voluntad popular. Pero de ahí a que el rey español, en un foro democrático, mande callar a alguien, hay, cuando menos, un pequeño abismo conceptual. Es entendible que el monarca hispano tenga últimamente sus nervios en estado de alta tensión. Allá en su país les dio recientemente por quemar retratos de él, e incluso se hizo mundialmente famosa una caricatura del semanario El Jueves donde aparecían su hijo y príncipe heredero Felipe con su esposa Letizia en un acto sexual. El cartón, muy discutible, fue hecho célebre por la respuesta de celosos jueces que cerraron filas en defensa de la inmaculada corona, queriendo dar a entender que la realeza es una divinidad encarnada con la que nadie puede meterse. De manera que el estado de nervios del rey se plasmó ayer en Santiago de Chile, en un país que como España vivió en carne propia los estragos de una dictadura. Y con un gesto antidemocrático, Juan Carlos I puso una pica en Flandes y envió el mensaje de que no se aceptará, al menos por parte de la corona española, que sus antiguos súbditos cuestionen a ex gobernantes y empresarios de aquel ultramarino reino. Que Chávez tilde de fascista a Aznar no debe sorprender a nadie mínimamente informado sobre los dichos injerencistas del líder ultraderechista español. Y en efecto, que muchos españoles crean en él y voten por la opción política que representa, pues es un asunto muy de ellos. Pero que Rodríguez Zapatero diga que con ello se ofende al pueblo español… Mayor fue el desprecio –¿democrático?– que Aznar mostró hacia millones de sus paisanos que en las calles dijeron no a la intervención del trío de las Azores (Estados Unidos, Gran Bretaña y España) en Irak, agresión ilegal, contraria a derecho, antidemocrática y, ¿por qué no?, fascista. Y ello no quiere decir que esos pueblos sean fascistas, en absoluto. Aznar, cabeza visible de la democracia intolerante, y defendido ayer por el socialista Rodríguez Zapatero, sigue poniendo en jaque al estado de derecho español con su máxima fijación: que la voladura de trenes en Madrid del 11 de marzo de 2004 fue maquinación de ETA. Los jueces ya han dicho que no, que los etarras nada tienen que ver. Aznar perdió las elecciones por mentiroso, por tratar de vender a su pueblo, cuatro días antes de las elecciones de 2004, que ETA era autora del criminal atentado. Y también defendió esos días y noches su nefasta alianza con Washington y Londres. Todo era una mentira. La mitad de sus compatriotas no le creyeron. Y perdió el poder. No le correspondía a Juan Carlos I callar a nadie. A menos que quiera demostrar que en esas cumbres se hace lo que él ordena. Tal vez está cansado, y nervioso, porque en su país crece imparable un estado de opinión que cuestiona todo, incluyendo la vigencia de la monarquía. Tal vez el problema estriba en que siendo que en España no dice, o no se atreve, a decir lo que realmente siente, cuando viene a sus antiguos territorios aprovecha para dictar una cátedra tan obsoleta como la misma monarquía. Ojalá el monarca y Rodríguez Zapatero entiendan de una vez por todas que deben hablar de igual a igual hasta con los que se expresan, según ellos, en términos “políticamente incorrectos”. Máxime si se tiene en cuenta que algunos empresarios españoles, apoyados silenciosamente por su gobierno, alientan asonadas como la de Venezuela. Y sin olvidar el trato humillante que regularmente reciben los emigrantes latinoamericanos que recalan en la península ibérica. De ahí también el reclamo del presidente de Ecuador por la brutal agresión xenófoba sufrida por una conciudadana en el Metro de Barcelona. Claro, su homólogo colombiano Álvaro Uribe nada dijo de la golpiza que días después le propinaron en Madrid a un emigrante colombiano. ¿Estará de más exigir que Juan Carlos I de España y Rodríguez Zapatero, con todo y su talante, entiendan y asuman que la democracia es para todos y en toda su expresión?

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