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La lucha por la vida de las mujeres continúa, por Ana María Pizarro

| 15 de Noviembre de 2007 a las 00:00
La realidad nos dice que hoy, 13 de noviembre del 2007 se cierra un proceso que estaba totalmente definido desde el año 2000, cuando las jerarquías religiosas introdujeron al articulo 148 (del que nadie habla, porque casi no se conoce) en el Código Penal. Ese artículo fue APROBADO el 13 de septiembre del 2007 y establece los derechos del embrión o el feto por encima de los derechos de las mujeres embarazadas. La protección legal del no nacido es la apuesta del Vaticano, hecha realidad por la negociación de la Conferencia Episcopal con el gobierno de Arnoldo Alemán, que promulgó el Día Nacional del Niño por Nacer, festividad religiosa católica que quedó instalada como fiesta nacional del Estado Laico mediante un Decreto Presidencial. Nada hubiera pasado si solo hubieran asistido a aquella misa campal del 25 de marzo los ministros de la Corte Suprema del Estado laico, que se congregaron con los diputados, la familia presidencial, el nuncio apostólico y el cardenal; ellos sólo estaban violando –nada menos–, que la Constitución de la República. Al parecer no satisfechos, convinieron en introducir los derechos de los no nacidos al Código Penal en discusión. La realidad nos dice que esa iniciativa fue sostenida por el gobierno de Enrique Bolaños y APROBADA en el nuevo Código por el gobierno de Daniel Ortega, mediante un pacto con casi todos los llamados "liberales", cuyo jefe guarda una graciosa concesión que le otorga Nicaragua por "cárcel," y ya nos anuncia su inminente "libertad". Además que el aborto continúa totalmente ilegalizado, Nicaragua ha perdido la eximente penal que era el Aborto Terapéutico y ha instalado una nueva legislación –inédita en el país–, que otorga al embrión o el feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos de las personas ya nacidas: las mujeres. El Art. 148 dice así: De las lesiones en el que está por nacer: El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave lesión física o psíquica, será castigado con pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 2 a 8 años. Asi, las médicas y médicos pasan a ser parte de un exclusivo grupo de profesionales condenados a actuar bajo sospecha, pende una amenaza sobre sus cabezas ante cada consulta prenatal brindada. En tanto, las mujeres ya fueron condenadas: solo en los primeros 9 meses del 2007, sin poder tomar el control de sus vidas y de sus decisiones, –gracias al cierre de todas las posibilidades–, 12 mujeres tomaron en sus manos dos o más pastillas de curar frijol y se intoxicaron con fosfina, gramoxone, cipermetrina, fosfuro de aluminio, cloroquina o sustancias "desconocidas". La mayoría eran adolescentes y jóvenes, todas estaban embarazadas. Ellas, cuya muerte es totalmente conocida por el MINSA, están "desconocidas" en las estadísticas, en tanto ninguna se toma en cuenta en la Tasa de Mortalidad Materna, que sigue "bajando" según las autoridades de salud de los últimos cuatro gobiernos. Las mujeres que ya han perdido su vida en Nicaragua y las que inexorablemente van a seguir muriendo, son nuestra inspiración y responsabilidad. Mientras tanto y gracias al concordato de los políticos con sus eminencias, las mujeres tienen solamente dos caminos: la cárcel o la muerte. Ahora que ha terminado este proceso y se instala la realidad..., la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres se inscribe en la lucha por la ciudadanía plena, contando con la solidaridad de todas las personas que aman una Nicaragua democrática. (**) La autora es especialista en Ginecología y Obstetricia, e Investigadora

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