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Gobierno recurrirá por inconstitucional la eliminación del Poder Ciudadano

Informe Pastrán y varias agencias. Desde Managua. | 20 de Noviembre de 2007 a las 00:00
El presidente Daniel Ortega anunció la tarde del martes que recurrirá por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Asamblea Nacional de arrebatarle la facultad para crear los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Pese al rechazo parlamentario, Ortega reiteró que el próximo día 30 instalará estos polémicos CPC, que son promovidos por las autoridades como un ejemplo de democracia directa, pero los adversarios del gobierno los ven como una nueva organización del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que supuestamente busca mantener el control sobre la ciudadanía. "En la Asamblea (Nacional) están cometiendo el grave error de querer negar el derecho del pueblo de organizarse. Eso no se puede hacer. Nosotros vamos a instalar el viernes 30 el gabinete de los Consejos", aseveró el mandatario, en declaraciones a la prensa. Ortega aludió a la votación realizada este martes en el hemiciclo parlamentario, donde los partidos opositores al Frente Sandinista de Liberación Nacional pasaron por encima del veto presidencial a una reforma legislativa que pretende impedir la creación de los CPC. Es una actitud totalmente retrasada, es una actitud totalmente reaccionaria la que hemos visto hoy en la Asamblea Nacional, de quererle negar el derecho al pueblo de ejercer el poder, apuntó el gobernante. Tras recalcar que "el poder reside en el pueblo", el presidente nicaragüense confirmó que el gobierno presentará un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión tomada este martes por los diputados de la oposición. Ortega no precisó cuándo introducirá el recurso inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia. "El Poder Ejecutivo está en su pleno derecho de decidir gobernar con el pueblo, no se les puede negar a los ministros gobernar directamente con el pueblo", sentenció. El líder sandinista argumentó, además, que la decisión de la Asamblea Nacional de eliminar los CPC "es una invasión de Poderes", porque el Ejecutivo está en su derecho de decidir "gobernar con el pueblo" con la participación de estos consejos.

Crónica del show de la derecha en el parlamento

La Asamblea Nacional pasó el martes por encima del veto del presidente Ortega, y ratificó una reforma legislativa que pretende impedir la creación de los CPC, que son órganos de consulta popular que el gobierno sandinista organiza desde hace cinco meses en todos los barrios y comarcas rurales del país para poner en marcha un modelo de democracia directa que le dará "más poder al pueblo". Ortega encomendó la dirección de los CPC a su esposa, Rosario Murillo, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, quien ejerce el 50 por ciento del poder presidencial, al amparo de la Ley de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, que faculta al presidente a crear "los consejos que considere conveniente". La oposición integrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) sumó este martes 52 votos, frente a 37 de los 38 del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). No asistieron dos diputados de los 92 que integran ese poder del Estado. En total, votaron contra los CPC 25 diputados del PLC, 22 de ALN, 3 del MRS y otro voto no precisado. Gustavo Porras, del FSLN, se confundió y votó también en contra del veto presidencial, para sumar en total 52 votos Con ese resultado, los adversarios de Ortega intentan impedir que el gobierno le otorgue un carácter institucional a los CPC. Durante el debate previo a la votación, los legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria se enzarzaron en un acalorado debate. Previo a la votación ocurrió un apagón en el plenario que provocó que los ánimos se caldearan, sin incidentes. La falla técnica, que duró 15 minutos, ocurrió cuando hacía uso de la palabra el diputado sandinista Agustín Jarquín, quien fue el último. En total hubo 16 intervenciones, 11 de ellas de legisladores oficialistas que defendían el veto enviado por el presidente Ortega en octubre pasado, 2 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 2 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y 1 del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

La reacción de los diputados sandinistas

Los diputados sandinistas minimizaron su derrota y anunciaron que seguirán adelante con los CPC. Además, anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad porque el Parlamento no puede lesionar las funciones de otro poder del Estado, en este caso del Ejecutivo. También dejaron claro que "el pueblo se organiza con ley o sin ley", según palabras del diputado oficialista José Figueroa, quien auguró una "confrontación inútil e innecesaria" entre el Ejecutivo y la oposición del Parlamento por los CPC. Figueroa dijo que los nicaragüenses han conquistado sus derechos políticos, económicos y sociales y de participar en igualdad de condiciones en estos ámbitos nacionales, en actividades públicas y estatales. Enfatizó que los nicaragüenses tienen derecho a organizarse, que es la esencia de la libertad y la democracia y por ello Ortega vetó la reforma, porque es el jefe constitucional del gobierno y se le trata de restar facultades para crear los CPC Según Figueroa, los CPC buscan incorporar las decisiones y resoluciones del pueblo en la solución de sus propios problemas y se les trata de restar su participación en la gestión pública y estatal. Se quejó de una xenofobia contra los CPC y sostuvo que esto obedece a insanos intereses políticos porque la participación en los CPC y organismos populares es un derecho legitimo consignado en la Carta Magna y quienes se oponen a que el gobierno reconozca el poder del pueblo, temen que el pueblo reconozca sus valores y fortalezca un proyecto de futuro para Nicaragua, en donde no hay espacio para los politiqueros. Dijo que los CPC garantizan la gobernabilidad democrática y es un derecho del Presidente organizar su gobierno e incorporar a los organismos sociales, en caso contrario sería inconstitucional. La diputada sandinista Alba Palacios, aseguró que los CPC ya se encuentran organizados en los 153 municipios del país y se han presentado las principales demandas al gobierno. Agregó que esos organismos establecen la forma en que van a colaborar para que más gente tenga acceso a la salud, la educación y otras áreas Agregó que los CPC han estado consensuado una agenda de trabajo del gobierno para el 2008, en consulta entre los ciudadanos y los ministerios de estado. Palacios acusó a la oposición de politizar un ejercicio de participación popular y de ejercer el poder a través del gobierno, siendo una decisión legitima del gobierno de formular sus políticas y sociales con el pueblo, garantizado en la Constitución. La diputada sandinista dijo que la oposición no puede pasar por encima de los preceptos constitucionales En tanto, el diputado Porras, Secretario General del FNT, argumentó que la asamblea nacional era un poder desgastado y desacreditado y por tanto hay que abrirle espacios de participación reales a la gente. Otro sandinista, el legislador Odell Incer preguntó cuál es el miedo de la derecha, si supuestamente los sandinistas son un 38%. El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, aseguró a manera de resumen, que los CPC están sustentados por la Constitución política de Nicaragua. Tras la votación que rechazó el veto presidencial, el diputado Porras aseguró, sin embargo, que los CPC van a existir "llueva, truene o relampaguee". Palacios agregó que la instancia nacional de esa nueva organización serán instalada el próximo 30 de noviembre, independientemente de la decisión tomada este martes en el Legislativo.

Lo que dice la derecha

Los opositores rechazan el veto porque si éste es aprobado, permitiría a Ortega designar los CPC y hacerlos parte de la estructura del Ejecutivo, con poder de hacer de obligatorio cumplimiento sus decisiones para el resto de organismos del Estado. El diputado liberal Wilfredo Navarro señaló que, aun cuando los sandinistas recurran por inconstitucionalidad ante el Poder Judicial y éste no resuelva, los CPC son ilegales y no podrán ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Para el jefe de la ALN y ex candidato presidencial, Eduardo Montealegre, los CPC son organizaciones partidarias, mientras el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, se enredó en un discurso rayano en lo contradictorio. "Los CPC son una organización paraestatal, con mecanismos de chantaje y terror" con los que Ortega pretende gobernar "de manera autoritaria y absolutista", denunció Montealegre. Rodríguez, por su lado, acusó a Ortega de crear células partidarias para "establecer un régimen cuartelario" en Nicaragua. El legislador liberal defendió el derecho constitucional del pueblo a organizarse para luchar contra la pobreza y la miseria, pero al mismo tiempo, advirtió que su partido se opondrá siempre al poder ciudadano promovido por el FSLN. La posición de ambas bancadas fue secundada por el diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco, quien advirtió del peligro que constituía permitir que Ortega siguiera adelante con un proyecto disfrazado "de participación ciudadana, detrás del cual se esconde su visión autoritaria y excluyente" de la vida y la política. Según la oposición, los CPC son coordinados por los secretarios políticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y responden a un modelo importado, no acorde con la democracia representativa y participativa establecida en la Carta Magna. Los CPC son órganos de participación ciudadana que el gobierno ratificó que instalarán el próximo 30 de noviembre en todo el país –pese a la decisión parlamentaria– para poner en marcha un nuevo modelo de "democracia directa". Los CPC tendrán un Gabinete Nacional y estarán integrados por la pareja presidencial, los ministros de Estado y delegados de municipios, y las decisiones que adopten deben ser acatadas por el poder ejecutivo. En septiembre pasado la oposición resolvió prohibir los CPC, con una reforma legal, tras descubrir que los mismos estaban siendo organizados con sandinistas leales a Ortega con la intención, supuestamente, de reeditar los órganos de represión y control que existieron durante el primer gobierno sandinista (1979-90).

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