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Diputados discutirán propuesta de referendo sobre reformas constitucionales

ACAN-EFE | 4 de Agosto de 2006 a las 00:00
Una comisión legislativa discutirá la propuesta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de celebrar un referendo junto a las elecciones generales de este año para que el pueblo decida si quiere o no las reformas constitucionales que causaron una crisis política. La junta directiva de la Asamblea Nacional envió este jueves la iniciativa a la Comisión de Justicia, que emitirá un dictamen a favor o en contra de la propuesta de ley presentada en junio pasado por el grupo parlamentario liberal, informó el tercer secretario del Parlamento, José Figueroa. Los diputados sandinistas, que son 38 de los 91 miembros del Parlamento, condicionaron la aprobación del referendo a que se incluyan en la consulta otras preguntas. El primer vicepresidente del Parlamento, René Núñez, dijo a la prensa que se debe preguntar a la población si está de acuerdo o no con privatizar la energía, las telecomunicaciones y otorgar más concesiones para la explotación de los bosques, entre otros temas. Agregó que la propuesta del PLC es "demagogia electorera", debido a que los 41 diputados liberales aprobaron esas reformas, que ahora quieren consultar a la población con un referendo. El referendo tiene que ser aprobado por mayoría calificada, es decir con el voto de 56 de los 91 diputados ante el Parlamento. Ningún grupo parlamentario reúne por sí solo el mínimo de votos para aprobar el referendo. El proyecto de ley sugiere que el referendo se realice el 5 de noviembre próximo, mismo día en que Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas, para lo cual pide al Consejo Supremo Electoral (CSE) incluir una boleta adicional en la que se pregunte al pueblo si está o no de acuerdo con esas reformas. Las reformas constitucionales, aprobadas en noviembre de 2004 y ratificadas en enero de 2005 por diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pretenden quitar al Ejecutivo el control de los servicios de agua, energía y telecomunicaciones. También obligan al Ejecutivo a contar con el aval del Legislativo para el nombramiento de ministros, embajadores y directores de entes autónomos. Esas reformas, que crearon una crisis política e institucional por casi once meses en este país, fueron congeladas en octubre de 2005, cuando el Parlamento ordenó que las enmiendas entren en vigor el 20 de enero de 2007, diez días después de que asuma el nuevo Gobierno de Nicaragua electo en los comicios de noviembre.

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