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Poder Ciudadano genera intenso debate, por Néstor Marín

Agencia PL. Desde Managua. | 24 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), promovidos por el gobierno como ejemplo de democracia directa, mientras que para la oposición son instrumentos de control partidario, dominan hoy el debate político en Nicaragua. La creación de los CPC, como les llaman por igual defensores y detractores, comenzó en todo el país desde hace varios meses, y su gabinete nacional será instalado el viernes próximo en un acto público que encabezará el presidente Daniel Ortega. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de ese tipo de organizaciones es que la ciudadanía cuente con una entidad para reclamarle al gobierno, a los ministros, a los alcaldes, e incluso al propio presidente. "Aquí nadie puede ser intocable", recalcó anoche el mandatario, luego de visitar un barrio populoso de esta capital donde los CPC colaboran con el gobierno en la venta de frijoles a precios módicos, para contrarrestar la especulación y la escasez de alimentos. El líder sandinista, que volvió al poder en Nicaragua en enero pasado después de 16 años en la oposición, reiteró además que la Constitución Política del país centroamericano garantiza a los ciudadanos nicaragüenses el derecho a organizarse. "Hay que respetar al pueblo en primer lugar. El pueblo es el poder", sentenció Ortega, quien desestimó las críticas de la oposición, la cual se ha movilizado contra la nueva organización de masas, e intenta descalificarla tanto por la vía constitucional como mediática. Al bombardeo constante en los principales medios de comunicación contra los CPC se sumó esta semana el rechazo en el Parlamento de un veto presidencial a una reforma de ley que busca privar a esas organizaciones populares de cualquier tipo de apoyo gubernamental. Los tres partidos opositores con representación parlamentaria reunieron 52 votos el martes pasado, para derrotar a los 38 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tras la votación, los líderes distritales de los CPC presentaron un recurso de amparo ante los tribunales, por lo que la decisión final sobre la legalidad constitucional de esas organizaciones está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que sea el veredicto de los magistrados, a favor o en contra, al parecer la supervivencia de los CPC no está amenazada, porque según advirtió el propio Ortega, ni siquiera el poder judicial "puede impedirle al pueblo organizarse".

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