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Batalla jurídica sin cuartel: Asamblea publica ley que anula CPC y CSJ los valida

Radio La Primerísima. | 5 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El escenario político nacional a ratos parece un juego de ajedrez, pero casi siempre simula un cuadrilátero de boxeo. Así ocurrió el miércoles: por la mañana, los siete miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional acordaron publicar la "Ley 360", que rechaza el veto del presidente Daniel Ortega a la reforma de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, y deja sin vigencia jurídica a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Por la noche, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Francisco Rosales, sesionó desde la seis de la tarde del miércoles con tres magistrados, Juana Méndez, Armengol Cuadra y Ligia Molina, que no son de esa sala, quienes se unieron al propio Rosales, Rafael Solís y Yadira Centeno. Todos, los seis, son sandinistas. De esa forma, Rosales burló la decisión de los tres magistrados liberales de la Sala, Damisis Sirias, Iván Escobar Fornos y Guillermo Selva, de no sesionar para que la ley entrara en vigor. Lo insólito del caso es que la Sala declara inconstitucional una ley que aún no ha entrado en vigor, puesto que no ha sido publicada. A las nueve de la noche, los seis magistrados sandinistas ofrecieron una conferencia de prensa en la cual leyeron la resolución, la cual legitima a los CPC, en base a los artículos constitucionales que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos a organizarse y participar directamente en los asuntos públicos. Según Solís, vicepresidente de la CSJ, la resolución de la Sala invalida la ley que ya publica el jueves la Asamblea Nacional. Queda "incólume el derecho de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses de participar directamente en los asuntos públicos y la gestión estatal económica, política y social de la nación, restableciendo en consecuencia a los agraviados en el pleno goce de sus derechos transgredidos y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la trasgresión que es objeto y teleología del amparo", declara la sentencia. "Se declara la inconstitucionalidad en el caso concreto del contenido de toda la Ley número 630, Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, por violar con sus artículos 1 y 2 las facultades del Presidente de la República de emitir decretos ejecutivos y crear los Consejos que considera necesarios (...)", agrega. La decisión de los seis magistrados sandinistas causó la indignación de sus colegas liberales, empezando por Manuel Martínez, presidente de la CSJ. Martínez calificó de ilegal la incorporación de los tres magistrados sustitutos y dijo que los sandinistas "están asaltando la Corte Suprema de Justicia, la están irrespetando tomando resoluciones anómalas". "Estoy alarmado por ese golpe de Estado que están queriendo darle al Poder Judicial. A las 7:45 de la noche yo, Manuel Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debidamente electo, afirmo que no existe convocatoria para la Sala Constitucional. Los magistrados que están ahí no están componiendo la Sala en calidad de propietarios. Eso es una conspiración para darle golpe de Estado a otro poder del Estado, así como ya lo hicieron con el Poder Legislativo", declaró enfurecido Martínez. Según el presidente de la CSJ, él había acordado con Solís un fallo que eliminara facultades ejecutivas a los CPC, pero en cambio, facultaba al jefe del Poder Ejecutivo a crearlos como órganos consultivos. Pero el presidente Ortega rechazó ese acuerdo. El magistrado Francisco Rosales dijo que el Poder Judicial lo que hizo fue dirimir un conflicto que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. El doctor Rosales señaló que en cualquier parte del mundo donde se violentan las normas fundamentales, y más aún los que se consideran bloques de organización social, la ley lo considera inconstitucional. "Las cosas se enredaron" cuando les quisieron quitar facultades al Presidente de la República dijo Rosales. Recordó que en la administración del ex Presidente Enrique Bolaños, existía el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, también se formó el Consejo Nacional de Educación y el de Salud Pública, y todos fueron creados por decretos administrativos, ¿ahora cuál es el problema?, se preguntó Rosales. Mientras tanto, al mediodía del miércoles y después de una prolongada reunión, que suspendió el trabajo del pleno del Legislativo, la segunda secretaria de la cámara, la sandinista Alba Palacios, anunció que "por consenso" la directiva del Parlamento decidió mandar a publicar este jueves, en un medio escrito de circulación nacional, la ley que rechaza el veto presidencial. Palacios ratificó que, pese a que se publicará una Ley que deja sin sustento legal a los CPC, estos órganos "quedarían exactamente igual, con todo el respaldo constitucional, con todo el respaldo de la Ley de Participación ciudadana, y con el derecho que le asiste al pueblo a organizarse". Apuntó que al mismo tiempo se esperará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyos 16 magistrados deberán resolver tres fallos de tribunales de segunda instancia, que ordenaron al presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, abstenerse de publicar el rechazo al veto presidencial, y otros dos que les manda a publicarla. Palacios negó que su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), accedió a que se publicase el rechazo al veto presidencial "por miedo" a la amenaza de los diputados liberales de destituir al presidente de la cámara. "No, nosotros conocemos de miedo, no se discutió la destitución de René (Núñez), no se abordó ese tema, es un acuerdo de consenso que el rechazo al veto se publique", agregó. Por su parte, el primer secretario de la cámara, el liberal Wilfredo Navarro, afirmó que con la publicación del rechazo al veto presidencial los CPC quedan fuera de las estructuras del Poder Ejecutivo. Según Navarro, el hecho que Ortega haya incluido a los CPC en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), instancia establecida por la Constitucional como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo, eso no le dá legalidad. "El CONPES no les da legalidad (a los CPC), el problema es cuando el Estado le quiera dar mayor protagonismo, (que el presidente Ortega) les dé incidencia institucional, o le patrocine recursos para que los administre", agregó Navarro. Desde el inicio de su mandato, el pasado 10 de enero, Ortega creó los CPC como una instancia de consulta y de participación de la ciudadanía ante los órganos de gobierno, y su coordinación la encargó a su esposa, la poeta y también Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. Desde entonces se ha generado un largo diferendo entre Ortega y parlamentarios de la derecha, luego que los diputados después de aprobar la organización del Ejecutivo, que les planteó el mandatario al inicio de su gestión, se han empecinado en hacerlos desaparecer. Los legisladores de la derecha votaron en septiembre pasado una reforma a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, desconociendo a los CPC como órganos del Gobierno, sin opción a recibir presupuesto para su trabajo, a lo que Ortega respondió vetando esa Ley. El Presidente Daniel Ortega basó el derecho de los Consejos de Poder Ciudadano en los artículos 49 y 50 de la Carta Magna, la que dijo debería ser impartida en las escuelas, porque muchos nicaragüenses no conocen el contenido de la misma. En una comparecencia el miércoles por la noche, el presidente destacó que el artículo 49 de la constitución señala que en Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, sin discriminación alguna. Ortega leyó que “estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines”. Enfatizó en el artículo 50 que establece que “los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal”. “La legitimidad de los Consejos del Poder Ciudadano y el derecho que tiene el Gobierno de compartir el poder con los ciudadanos, si los diputados quieren compartir el poder con los ciudadanos, magnífico, no quieren compartirlo, los respeto también, pero no pueden impedir que el Gobierno decida compartir el poder con los ciudadanos y las instituciones que están en el Estado nicaragüense”, expresó Ortega.

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