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Ortega intenta aplacar «perros rabiosos» y la oposición lanza ofensiva internacional

| 9 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El presidente Daniel Ortega calificó de "perros rabiosos" a los 52 diputados de la oposición de derecha en el Legislativo por haber conformado un bloque contra lo que denominaron la «dictadura sandinista». Durante un discurso la noche del sábado en Tola, municipio de Rivas, para conmemorar el 29 aniversario de la caída en combate del guerrillero y sacerdote asturiano Gaspar García Laviana, Ortega fustigó a las empresas mediáticas y a los partidos derechistas. "Frente a tanta infamia, tanta calumnia, fíjense la campaña que tienen ahora, se están uniendo, dicen, los que se dicen demócratas, pero no son más que los somocistas que combatió Gaspar García Laviana, los del PLC, los del MRS y la ALN, uniéndose, dicen que para combatir la dictadura del FSLN, solamente porque no gobernamos para hacer más ricos a los ricos y porque gobernamos comprometidos con los pobres", dijo Ortega. El bloque se formó el viernes con la unión de 51 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Movimiento Renovador Sandinista y la Bancada por la Unidad, que hacen mayoría en la Asamblea Nacional frente a los 38 escaños de la bancada sandinista y sus dos aliados. El diputado 92 es el expresidente Enrique Bolaños, quien no asumió su curul alegando razones de salud. Están rabiosos, como esos perros que andan con rabia. (...) Ahora se están uniendo los que se llaman demócratas, y dicen que para combatir la dictadura del FSLN. Así andan éstos, están ladrando en los medios de comunicación todos los días", afirmó el mandatario. "Están tocando tambores de guerra. Fíjense qué navidades le ofrecen a la gente, tocando tambores de guerra, ¿cuál guerra? Claro, ellos no saben cómo es la guerra. Yo no me imagino al doctor Arnoldo Alemán ni al de los Cenis, Eduardo Montealegre, ni me imagino a los del MRS poniéndose el traje de campaña y agarrando el fusil para enfrentar al pueblo nicaragüense. Están locos, totalmente desquiciados, se quedaron arriba, como decimos aquí, no se dan cuenta de que estamos en una Nicaragua en paz", declaró Ortega. La derecha culpa a Ortega de la crisis planteada entre los poderes Legislativo y Judicial, a raíz de que magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declararon legales y legítimos a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras del Poder Ejecutivo. La resolución dejó sin efecto una ley tramitada por el Legislativo, que declaraba ilegal que los CPC. El mandatario instauró el 30 de noviembre los CPC pese a que los 52 diputados los rechazaron el 27 de noviembre mediante una ley reformada por considerarlos "instrumentos de control político" del FSLN.

Derecha inicia denuncia internacional

Por otra parte, la derecha anunció que denunciará al presidente Ortega, por sus supuestas pretensiones de instaurar una "dictadura", durante la XXXI cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tendrá lugar en Guatemala. Así lo informó el domingo el llamado "bloque contra la dictadura", que aseguró en un comunicado que "enviará cartas a los presidentes centroamericanos para ponerlos en conocimiento de la crisis institucional que ha provocado el mandatario nicaragüense". "Las cartas serán enviadas a los presidentes aprovechando la cumbre (del SICA) que se realizará en Guatemala el próximo 12 de diciembre y a la que, por supuesto, asistirá el presidente Ortega", agregó la fuente. Los diputados opositores han condenado la "vocación totalitaria" y las "acciones orquestadas desde el Poder Ejecutivo" contra la Asamblea Nacional y el Poder Judicial y han llamado al pueblo a defender la democracia. Ortega, que ya confirmó su asistencia a la cumbre en Guatemala, ha minimizado las acciones anunciadas por ese bloque, al que llamó "senadores del imperio". La oposición reafirmó, además, que la próxima semana desconocerá, por decreto legislativo, la resolución de la Sala Constitucional que avala la legalidad de los CPC como brazos del Ejecutivo, y de que no aprobarán recursos en el presupuesto para esos Consejos.

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