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¿Qué se discute en La Haya? ¿Qué reclama Nicaragua a Colombia?

Agencia AFP. Desde La Haya. | 12 de Diciembre de 2007 a las 00:00
Representantes de Nicaragua y Colombia tienen una cita el jueves en La Haya donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidirá si tiene competencia para juzgar su diferendo territorial en el Caribe, una zona con importantes intereses petroleros y turísticos. Después de seis meses de deliberaciones, la CIJ comunicará el jueves en una sesión pública que se celebrará en La Haya si es competente o no para juzgar este caso, que gira en torno a la soberanía de 52.000 km2 en el mar Caribe. En su sesión del jueves, el tribunal de La Haya, presidida por la británica Rosalyn Higgins, comunicará si va a juzgar o no este caso después de haber deliberado durante meses sobre los argumentos presentados por las partes en la semana de audiencias celebrada a principios de junio. En caso de que la CIJ acepte en forma completa la objeción preliminar presentada por la parte colombiana, la controversia entre ambos partes se daría por terminada, tal como lo establece el artículo XXXIV del Pacto de Bogotá. Nicaragua, en una demanda presentada en 2001, pidió a la CIJ que trate la cuestión de la soberanía de una zona de más de 50.000 km2 que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. El Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá, suscrito en la capital colombiana el 30 de abril de 1948, es el centro del diferendo. Nicaragua recurre a la CIJ invocando un artículo sobre la solución de conflictos de ese pacto. "Si la Corte se declarase incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en los artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la controversia", afirma el artículo en cuestión. Pero según Bogotá, la situación de San Andrés y el resto de territorios en cuestión quedó zanjada con la firma del acuerdo de 1928, ya que el Pacto de 1948 no somete a la jurisdicción de la CIJ los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de esa fecha. Por ello pidió a la Corte que se declare incompetente y dé por cerrado el caso. Mientras Nicaragua invoca este tratado para justificar su decisión de cuestionar ante la CIJ el acuerdo bilateral Bárcenas-Esguerra de 1928, por el que Managua cedió a Bogotá estos territorios, Colombia asegura que el Pacto de Bogotá indica claramente que los tratados en vigencia en el momento de su firma, es decir, en 1948, no pueden ser objeto de controversia. En su artículo XXXI, el Pacto de Bogotá indica que las partes firmantes "declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción" de la CIJ en ciertos casos. Esos casos son "la interpretación de un Tratado", "cualquier cuestión de Derecho Internacional", "la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional", "la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional". Para Nicaragua, en caso de que el acuerdo Bárcenas-Esguerra de 1928 fuese válido, algo que cuestiona dado que fue firmado cuando el país centroamericano estaba bajo ocupación estadounidense, habría de todos modos un caso de "violación grave" de una obligación internacional de parte de Colombia ya que se adjudicó territorios y zonas marítimas no mencionadas en ese acuerdo. Managua insiste en que estos territorios pasaron a manos colombianas gracias a una interpretación unilateral y dudosa del tratado Barcenas-Esguerra, firmado en 1928, cuando Nicaragua estaba bajo ocupación estadounidense, situación que invalidaría cualquier acuerdo suscrito en la época. Por su parte, Colombia se refiere al artículo IV del Tratado Interamericano, según el cual no podrán elevarse ante la CIJ los asuntos "que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto". "Nicaragua, al firmar el Pacto de Bogotá, pudo haber hecho una observación, ya que conocía el acuerdo y su protocolo, pero no lo hizo. Nicaragua reconoció en 1948 la validez del tratado y su protocolo", indicó el jurista británico Arthur Watts, defensor de Colombia en las audiencias ante la CIJ del pasado junio. La CIJ "no tiene jurisdicción", insistió recientemente el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo. Según los responsables de Bogotá, la actitud de Managua puede "desestabilizar las relaciones internacionales" ya que si el tribunal de La Haya admite su solicitud, "cualquier país se sentiría autorizado a fabricar artificialmente una disputa territorial para cambiar el trazado de sus fronteras". El martes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó de nuevo la política colombiana "imperialista" y "expansionista" en el Caribe y pidió al Ejército nicaragüense que esté preparado para lo que decida la CIJ. "Nosotros no quisiéramos que el Ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica, pero debemos estar preparados" ante lo que decida la Corte, dijo el mandatario. Recientemente, Araújo intentó calmar los ánimos y aseguró que las relaciones con Nicaragua son "cordiales y fraternales", y confió en que una vez "resuelta la disputa en La Haya (...), sigan construyéndose sobre bases de fraternidad y de amistad". Pero los 50.000 km2 disputados son una región de enorme interés turístico y un prometedor potencial petrolero. Aunque el pleito fue lanzado por Nicaragua ante la CIJ hace casi siete años, los acontecimientos se precipitaron en los últimos meses, después de que los países lanzasen planes de prospección de crudo en la zona. El canciller nicaragüense, Samuel Santos, tiene previsto asistir a la sesión de La Haya el jueves. Por parte colombiana, estarán presentes entre otros el embajador en Holanda, Julio Londoño Paredes, y el ex embajador Guillermo Fernández de Soto, que participaron como agentes en la defensa de los intereses de su país en las audiencias celebradas ante la CIJ en junio. Para el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argüello Gómez, principal agente de Nicaragua, la palabra que mejor define el comportamiento de Colombia en los últimos meses es la "provocación". El hecho de que el desfile nacional de la Independencia del 20 de julio, se celebrara en San Andrés por primera vez en la historia de Colombia, con la presencia del mandatario Alvaro Uribe, es un ejemplo de esta actitud. "Elegir el momento en que la CIJ está deliberando para celebrar un desfile militar en San Andrés no me pareció lo más adecuado. ¿Qué mensaje manda Colombia a los nicaragüenses y al mundo?", se preguntó.

La Corte Internacional de Justicia, mediadora de conflictos entre Estados

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es el principal órgano judicial de la ONU y juzga diferendos entre Estados. Instituida el 26 de junio de 1945 con la rúbrica de la Carta de las Naciones Unidas, la CIJ celebró su sesión inaugural el 18 de abril de 1946. El tribunal es el heredero de la Corte permanente de Justicia Internacional, órgano judicial de la Sociedad de Naciones. Además del examen de los litigios sometidos por los Estados, la CIJ puede ser llamada por la Asamblea General de la ONU u otras instituciones del organismo autorizadas para ello, con el fin de expresar sus opiniones, de carácter consultivo, sobre cuestiones jurídicas. Un reciente ejemplo conocido de las recomendaciones del tribunal fue su oposición, en julio de 2004, al muro construido por Israel en los territorios palestinos ocupados. La CIJ ha dictaminado más de 90 sentencias y unas 25 opiniones consultivas desde 1946. Sus dictámenes son definitivos y sin posibilidad de apelación. Sin embargo, no dispone de medios coercitivos para imponer sus decisiones. Pese a ello, tan sólo cinco sentencias no se han aplicado, al alcanzar las partes un acuerdo a priori en todos esos casos. Sus 15 jueces son designados para nueve años y son reelegibles, mientras que existen magistrados 'ad hoc', según los casos. La presidenta de la Corte es la británica Rosalyn Higgins. Su sede reside en el Palacio de la Paz en la Haya, un imponente edificio construido por el arquitecto francés Louis Cordonnier a principios del siglo XX.

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