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Jefa policial justifica agresión a periodista en actividad presidencial

| 20 de Diciembre de 2007 a las 00:00
La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, justificó este jueves, la agresión que sufrió la noche de este miércoles el periodista del diario La Prensa, Jorge Loáisiga, a manos de un grupo de civiles que resguardan al presidente Daniel Ortega. Loáisiga cubría la actividad en la que participó Ortega en el barrio Ariel Darce, al sur-oriente de esta capital e intentó abordar al embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, quien también participó en la actividad, cuando el grupo de civiles le impidió el paso, lo sujetaron por el cuello y lo entregaron a la Policía. Oficiales de la Policía esposaron al periodista e intentaron llevarlo detenido, lo que impidieron varios colegas de Loáisiga y un grupo de activistas de Ortega, quienes exigieron a los agentes que les respetaran sus derechos, porque sólo “hacía su trabajo”. Posteriormente, el periodista fue liberado, y anunció que denunciaría al grupo de agresores ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, pues a su juicio no están facultados por la ley para “detener a ningún ciudadano”, y a los agentes del orden que presenciaron la agresión y no actuaron. Desde que entregó el poder en 1990, Ortega se desplaza escoltado por de una pequeña unidad de la Policía Nacional, aunque su residencia era custodiada en conjunto por efectivos de esa institución y soldados del Ejército. No obstante, durante las campañas electorales, Ortega recibe una protección más numerosa de oficiales de la Policía Nacional, y grupos de sus seguidores, en especial los llamados “combatientes históricos”, se unen a su escolta, y por ser civiles, no andan uniformados ni portan armas. Los agresores del periodista Loáisiga fueron algunos miembros de los llamados “camisetas azules”, e integrantes de esos “cordones (civiles) de seguridad”.

Círculo presidencial «hermético»

Granera dijo en rueda de prensa que la protección de los Jefes de Estado es muy “sensible, es bien sensible, y nosotros, como Policía Nacional estamos obligados a ser estrictos en estas medidas de seguridad”. “Yo les pido (a los periodistas), para no volver a vernos enfrentados a un echo como éste (la agresión a Loáisiga), que entendamos las medidas de seguridad, que respetemos las medidas de seguridad, y estoy segura que aquí no va a pasar nada, que aquí nosotros vamos a poder vivir civilizadamente”, agregó. Además de insistir en entender y respetar las medidas de seguridad, Granera pidió que entendieran el trabajo de la Policía Nacional, “que es un trabajo bien delicado”. Explicó que “(Ortega) no sería el primer Presidente de la República que sufre un atentado. Ustedes deben de saber de dónde salió la persona que baleó al presidente (estadounidense Ronald) Reagan (en marzo de 1881), salió del grupo en donde estaban los periodistas”. Granera señaló que la Policía Nacional “no puede dejar violentar los perímetros de seguridad, por eso existen zonas de restricción, las que son tan, tan estrictas, que ni siquiera todos los policías pueden pasar al primer perímetro (el más cercano a Ortega)”.

«Ni los curas pasan»

Apuntó que sólo los policías previamente identificados con nombres y apellidos, que “están autorizados a pasar al primer perímetro de seguridad del presidente, así de estrictas son las medidas de seguridad, entiendan que sólo queremos cumplir con nuestro deber y evitar tragedias en Nicaragua”. La directora general de la Policía Nacional ratificó la acción individual del grupo de civiles que rodea a Ortega e indicó que “cualquier persona que se encuentre en la plaza, ante una violación de las normas de seguridad, ante una violación del perímetro de seguridad, puede detener el avance de otra persona, porque no podemos saber (sus) intenciones, no somos dioses para saber de entrada que es un periodista que va a buscar una entrevista”. Dijo que “la Policía Nacional trabaja con un sistema, la protección presidencial es un sistema de trabajo”. Granera admitió que el grupo de civiles que atacaron a Loáisiga no pertenecen a la Policía Nacional, pero reafirmó que “cualquier persona, dice la Ley, puede impedir que un ciudadano viole una norma o que esté haciendo un delito in fraganti”. Reiteró que sólo las personas debidamente autorizadas pueden acercarse al denominado “primer anillo (de seguridad), ni siquiera los curas”. Terció en llamar a que la agresión sufrida por el periodista del derechista diario La Prensa, “nos sirva de lección, que éste sea un hecho que no nos venga a confrontar (policías-periodistas), o que vengamos a ponernos a pelear, o de enemigos, que sea un hecho del cual podamos aprender a como funcionar mejor”. Minutos después, Loáisiga emitió una declaración en la que sostiene que a la primera comisionada Granera le proporcionaron una versión "tergiversada" y mentirosa" de lo sucedido, porque "jefes" de los "camisetas azules", que le conocen, le orientaron donde buscar las declaraciones de Trivelli, donde lo agredieron.

Los CPC salen a relucir

El incidente sirvió de base para que distintos sectores, es particular partidos de derecha y organismos que defiende los derechos humanos opositores al mandatario y líder sandinista, “condenaran” la acción del grupo de civiles seguidores de Ortega, a los que identifican como “miembros de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano)”. Los CPC son unos órganos de consulta y participación ciudadana, creados por Ortega e integrados en las estructuras de su gobierno, inicialmente aprobados por los diputados de la derecha de la Asamblea Nacional, los que después les quitaron vigencia mediante la Ley 630. Ortega vetó esa legislación y los diputados derechistas, mayoría en la cámara, rechazaron su veto, pero los dirigentes de los CPC recurrieron de amparo por inconstitucionalidad ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que acogió su recurso y ordenó no publicar la ley de rechazo al veto presidencial. El presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, se abstuvo de mandar a publicar el rechazo al veto, en cumplimiento a un artículo constitucional que establece que las resoluciones judiciales “son de ineludible cumplimiento”, pero los diputados derechistas invocan otro artículo constitucional que establece que “nadie puede interrumpir el proceso de formación de la ley”, y desde finales de noviembre se niegan a hacer quórum en el Parlamento. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decidió acoger el amparo del TAM a los CPC, resolución que tomaron tres magistrados sandinistas apoyados por otros tres colegas de la misma afiliación, llamados a sustituir a los tres liberales que decidieron ausentarse de las deliberaciones. A juicio de los magistrados sandinistas los CPC “son legales”, pero sus colegas liberales sostienen lo contrario, porque hubo “un golpe de estado”, tanto al Poder Legislativo como al Judicial.

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