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La Prensa denuncia a la SIP ataque a Loáisga pero oculta injuria a los CPC

| 22 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El diario La Prensa anunció este sábado que denunciará ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) las agresiones físicas de que fue objeto uno de sus periodistas a manos de un grupo de civiles, que forman parte del resguardo de seguridad del presidente Daniel Ortega en un acto público. Eduardo Enríquez, jefe de redacción del rotativo dijo este sábado en una rueda de prensa, que en enero próximo ese diario denunciará la agresión al reportero Jorge Loáisiga el pasado miércoles, mientras cubría la actividad en esta capital. Al finalizar el acto, Loáisiga buscaba entrevistar al embajador norteamericano, Paul Trivelli, pero el resguardo de civil de Ortega le impidieron el paso y al oponerse, lo redujeron por la fuerza y lo entregaron a la policía que lo esposó, y pretendía llevarlo detenido. Los oficiales dejaron en libertad al periodista debido a las protestas de otros reporteros y de la gente sandinista que estaba en el acto. Enríquez manifestó que la denuncia está siendo documentada y la presentará uno de los sempiternos vicepresidentes de la SIP, Jaime Chamorro Cardenal, presidente de la directiva del diario La Prensa. El jefe de redacción del diario derechista disertó largamente sobre la “agresión” a Loáisiga, y en torno al uso de civiles, los llamados “camisas azules” de parte de Ortega para su protección personal, función que le corresponde por ley y en exclusiva, a la Policía Nacional. La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, explicó el pasado jueves, que el periodista Loáisiga violó uno de los cordones (“anillos”) de seguridad que le ponen en torno a Ortega en sus actos públicos. Granera insistió en que la ley faculta “a cualquier ciudadano” a impedir que otro pueda cometer un delito, y en este caso, el reportero Loáisiga, intentó cruzar sin ninguna autorización “los anillos de seguridad” del mandatario, y esas personas no sabían que se trataba de un periodista. El rotativo afronta una acusación “por injurias” de parte de cinco señoras que se declararon ofendidas por el rotativo, que en su edición del viernes tituló que los CPC tenían licencia para golpear. De acuerdo con el libelo contra La Prensa, el diario les injurió con su titular, ya que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) “no tienen licencia para golpear” como lo afirmó el rotativo, medio que además las señaló de “delincuentes”, según las señoras. Con la demanda en contra de los directivos de La Prensa, las cinco ciudadanas sostienen que quieren ponerle “un basta ya” a la campaña del rotativo contra esa organización, a la que le niega sustento legal. La Prensa se ha sumado a la campaña de los diputados del llamado Bloque en Contra de la Dictadura (de Ortega), que intenta “satanizar” a los CPC, a fin de que la población los perciba como órganos de vigilancia y represión al pueblo, y de carácter partidario (sandinista). Mediante una ley, Ortega creo los CPC como parte de la estructura del Poder Ejecutivo, legislación que aprobaron los diputados opositores, quienes después aprobaron la Ley 630 revocando la integración de esos órganos de consulta y participación ciudadana en las estructuras del gobierno. Ortega respondió vetando la Ley 630, argumentando siete artículos de la Carta Magna, que le facultan a crearlos como parte del Ejecutivo, y como un derecho de la población a organizarse, pero los legisladores derechistas rechazaron ese veto. No obstante, el Tribunal de Apelaciones de Managua dio a lugar un recurso por inconstitucionalidad en contra del rechazo al veto, y mandó que no se publicase en La Gaceta, diario oficial, que acató el presidente de la cámara, el sandinista René Núñez, “porque los fallos judiciales son de ineludible cumplimiento. Los diputados liberales protestaron por la acción de Núñez y por la resolución del tribunal de alzada, estimando que le “dio un golpe de estado al Legislativo”, porque le “castró su facultad de legislar”, e invocan otro artículo constitucional, relativo a que no se puede interrumpir el proceso de formación de la ley.

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