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Corte Suprema investiga a magistrados que ordenaron liberar a Volz

| 26 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El Consejo de Administración de Justicia y Carrera Administrativa de la Corte Suprema de Justicia anunció este miércoles que investigará “de oficio” a los dos magistrados liberales del Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), que el pasado viernes ordenaron al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) liberar al estadounidense Erick Stanley Volz. En abril pasado, Volz fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de presidio por el juzgado penal de Rivas, al encontrarlo culpable de la violación y posterior asesinato en forma atroz de la joven Doris Ivania Jiménez Alvarado, en noviembre de 2006, en la vivienda de la muchacha en el balneario de San Juan del Sur. En ese mismo juicio, junto a Volz fue condenado a la misma pena, Julio Martín Chamorro, nicaragüense, quien no fue favorecido con la orden de libertad de los magistrados del TAG y continúa en prisión. El magistrado Rafael Solís afirmó este miércoles en rueda de prensa que el Consejo de Administración de Justicia y Carrera Judicial resolvió “investigar de oficio” a los magistrados Roberto Estrada y Roberto Rodríguez, del TAG, porque tomaron su decisión al parecer “en circunstancias que no habían sido las más transparentes”. Solís, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que esa resolución la tomó el Consejo por mayoría, ya que el único miembro que no se presentó fue el presidente del máximo tribunal, el liberal Manuel Martínez, quien está de vacaciones. Explicó que el Consejo es una instancia “administrativa” de la CSJ, pero a sus miembros les “llamó la atención” de los magistrados Estrada y Rodríguez, que emitieron la orden de libertad para Volz, pecando de “falta de prudencia”, pues “existía en el país una situación de conmoción pública por la sentencia”. “Para San Juan del Sur y buena parte de la población de Nicaragua, el norteamericano (Volz) pudiera ser el autor de estos delitos, en este caso la prudencia indicaba mejor no insistir, en emitir la sentencia”, agregó. Solís señaló que ese “estado de conmoción” existía en la opinión pública, los medios de comunicación, los abogados, la Fiscalía, y hasta el Procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, pidió prisión para los dos magistrados del TAG), “en una declaración sumamente fuerte”. De acuerdo con el magistrado Solís, al Consejo de Administración de Justicia y Carrera Judicial, le “llamó singularmente la atención” que Estrada y Rodríguez emitieran la orden de libertad de Volz, cuando la Fiscalía ya había presentado un recurso de casación, para pasar el caso a la Sala Penal de la CSJ. Apuntó que “lo más prudente” que debieron hacer Estrada y Rodríguez era pasar el caso a la Sala Penal de la CSJ, sin emitir la orden de libertad de Volz, como hacen muchos de los tribunales de alzada en el país, aunque terció que hay casos en que los acusados son liberados. La resolución del Consejo emplaza a los magistrados Estrada y Rodríguez a presentarse “el en término de tres días” a la audiencia de investigación, ante la que deberán comparecer además el abogado de la Fiscalía, los defensores de Volz y los acusadores privados. Asimismo, conminan al presidente del TAG, el magistrado sandinista Norman Miranda, a comparecer ante esa instancia el próximo 9 de enero, lo mismo que la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.

No hubo «negociación política» para liberar a Volz

Solís añadió que la Sala Penal “se va a tomar su tiempo, meses” en resolver el recurso (juicio) de casación que emprendió el Ministerio Público, porque tiene que revisar todo el expediente del caso, revisar la sentencia y los argumentos de la defensa y acusadores de Volz. A juicio del vicepresidente de la CSJ, la Comisión de Administración de Justicia y de la Carrera Judicial debe pronunciarse a más tardar a finales de enero o inicios de febrero próximo, porque “sería sano” que se pronuncie. Solís negó que el estadounidense Volz haya sido puesto en libertad gracias a una negociación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega, la embajada de los Estados Unidos en Managua, y un sector político liberal, como afirman sectores políticos que denuncian “un pacto” a “tres bandas”. Aseguró que la decisión de los magistrados Estrada y Rodríguez la tomaron por sí solos, en base a la “independencia” de los tribunales en el país. Esa misma independencia le permitió a esos magistrados enviar la orden de libertad de Volz al SPN, en vez de remitirla al juzgado de primera instancia de Rivas, máxime cuando de por medio estaba el recurso de casación, señaló. En torno a la nacionalidad estadounidense que tiene el magistrado Rodríguez, Solís admitió que ello era del conocimiento de los magistrados de la CSJ, quienes lo ratificaron en su cargo “por su comportamiento”. Solís admitió que para ser magistrado de un tribunal de alzada la Constitución exige que debe ser nacional de origen y no tener otra nacionalidad, pero la CSJ en una resolución de hace cinco años, determinó que ese requisito se aplica en exclusiva para aquellos funcionarios electos por el voto popular. Dijo que “habría que ver” si la CSJ vuelve a interpretar su resolución y el artículo constitucional en referencia para “hacerlo más restrictivo” y aplicarlo a los magistrados y jueces que elije el Supremo tribunal. La Comisión de Administración de Justicia y Carrera Judicial de la CSJ, sólo aplica, en dependencia de los casos, “sanciones administrativas que pueden llegar hasta la destitución” de los magistrados y jueces, manifestó Solís.

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