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CSJ declara inconstitucional Ley contra CPC y Ley Marco

| 10 de Enero de 2008 a las 00:00
Los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron en corte plena declarar inconstitucional la Ley 630, “Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, que dejó sin vigencia a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Los supremos jueces ratificaron con este fallo la ratificación de la Sala Penal de la CSJ a la resolución de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que acogió un recurso de amparo en contra de la Ley 630, solicitado por varios dirigentes de los CPC, en contra del presidente del Parlamento, René Núñez y el resto de la junta directiva del Legislativo. La resolución del TAM fue emitida en favor de los dirigentes de los CPC cuando los diputados del llamado Bloque Contra la Dictadura aún no concluían el “proceso de formación de la ley”, ya que faltaba su publicación en el diario oficial, La Gaceta, lo que esos legisladores consideraron inconstitucional pues la Carta Magna manda que ese proceso de formación de la ley no se puede interrumpir. Los magistrados del TAM, Gerardo Rodríguez, Perla Arróliga y Vida Benavente acogieron el recurso de amparo de los dirigentes de los CPC, declarando que la Ley 630 era inconstitucional, por violar artículos que cercenaba las facultades constitucionales del Presidente de la República, y ordenó al diputado Núñez abstenerse de publicar la famosa Ley 630. Esto dio origen a la autollamada “crisis política” en el Poder Legislativo, por la que los diputados del autodenominado bloque se niegan a realizar su trabajo parlamentario, alegando que a la Asamblea Nacional se le “castró” la facultad constitucional e intrínseca, de legislar. La parte conducente de la resolución de los 16 magistrados de la CSJ, expresa que “se confirma la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 630, conforme los artículos 20 y 21 de la Ley de Amparo, y 5 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto y cuanto cualquier ley que conculque o pudiera limitar, restringir o quebrantar las atribuciones del Presidente de la República, carece de todo valor”. Los magistrados añaden que el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional de emitir decretos de naturaleza administrativa y por tanto ninguna ley secundaria tiene la facultad de pretender eliminársela o restringírsela, ya que estaría violando y lesionando las facultades constitucionales del Presidente de la República. Ratifican que el Presidente de la República tiene la atribución constitucional y legal de crear a través de decretos administrativos los CPC o instancias de participación popular para, junto con ellos, promover la democracia participativa y directa, respetando de forma irrestricta los principios establecidos en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. No obstante, los magistrados de la Suprema Corte señalan que el Presidente de la República “carece” de potestad constitucional y legal de atribuirle o sustituir, por decreto administrativo, a través de los CPC o cualquier otra instancia popular, las responsabilidades, funciones o atribuciones que son exclusivas de los servidores públicos. Añaden que el Presidente de la República también carece de potestad para asignarle ningún tipo de emolumento, es decir ningún tipo de remuneración, a los CPC, que implique una erogación del Presupuesto General de la República. El presidente Daniel Ortega fue notificado de esta resolución cuando asistió este jueves a la Asamblea Nacional, a rendir su informe anual, y también fue notificado el presidente del Legislativo, el diputado sandinista René Núñez.

Declaran inconstitucional también la Ley Marco

Los magistrados de la CSJ también notificaron a Ortega y Núñez este jueves, de su resolución en la que declaran inconstitucional la Ley 558, “Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País”, conocida popularmente como “Ley Marco”. La “Ley Marco” era una legislación ordinaria, aprobada por el Parlamento en el año 2005, que suspendía la aplicación de la Ley 520, “Ley de Reforma Parcial a la Constitución”, solicitada por el ex presidente Enrique Bolaños para poder concluir su mandato, considerada como un “adefesio jurídico, porque siendo una ley ordinaria se aprobó con voto de mayoría simple, mientras las reformas a la Carta Magna requirieron de voto calificado. El Poder Judicial declaró inconstitucional la Ley Marco a solicitud de Ramón Gerardo Carcache Ramírez, quien recurrió de amparo por inconstitucionalidad en contra de Bolaños en diciembre de 2005 y del diputado René Núñez, quienes firmaron la Ley Marco. En su momento, Bolaños calificó la aprobación de las Reformas Constitucionales como un "golpe de estado técnico" a su gobierno. Los magistrados de la CSJ, en un extenso escrito de consideraciones, dice por tanto “ha lugar el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 558, Ley Marco para la estabilidad y gobernabilidad del país, del 20 de octubre de 2005. Con esta resolución, de hecho, inmediatamente entran en vigencia las reformas a la Constitución, que fueron prorrogadas por la Ley Marco hasta el 20 de enero próximo, y el presidente Ortega verá “restringidas” sus facultades, fin que perseguía la mayoría liberal cuando aprobó las reformas, limitar el poder del ex presidente Bolaños. A partir de esta fecha, el Parlamento deberá ratificar todo nombramiento de ministro o de embajadores, que haga el presidente Ortega, y hasta puede quitarle “la confianza” a cualquier ministro, con lo que presionaría al gobernante a destituir a ese funcionario. La CSJ, además, resolvió de oficio declarar inconstitucional la Ley 511, Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos; la Ley 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural; la Ley 539, Ley de Seguridad Social, y la Ley 630, Ley de Reforma a la Ley 558, o Ley Marco, con la que se prorrogó un año más su vigencia.

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