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«Control previo» de las leyes a la mesa de negociaciones

| 12 de Enero de 2008 a las 00:00
La reforma a la Ley de Amparo, específicamente en al artículo que permite o ha permitido el llamado control previo de las leyes, es decir que los tribunales de alzada puedan amparar a quien recurra por inconstitucionalidad una ley que aún no termina su proceso de formación, será sujeta de negociaciones. El supuesto “vacío” en la Ley de Amparo, generó la crisis institucional de fines de noviembre de 2007, cuando el Tribunal de Apelaciones de Managua amparó a dirigentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en contra de la Ley 630, que todavía no terminaba su proceso de formación, porque no había sido promulgada. La crisis se agravó cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acogió y confirmó la resolución del TAM a favor de los CPC, con la firma de tres de sus magistrados propietarios, todos sandinistas, y la de otros tres que no eran miembros de esa instancia, también sandinistas, llamados a sustituir a sus pares liberales que se retiraron de las deliberaciones sobre el amparo. La negociación fue acordada entre los diputados de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), y dadas a conocer este sábado por la prensa local. El diputado PLC, José Pallais Benard, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, anunció que el próximo lunes habrá una primera reunión con el coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, para “explorar” lo concerniente a que aspectos reformar de la Ley de Amparo. Pallais Benard y otros miembros de la Comisión de Justicia dieron a conocer que tienen elaborado un dictamen sobre el anteproyecto de Ley, presentado por su bancada, por el cual, el Legislativo realiza la “interpretación auténtica de la Ley de Amparo. El dictamen de esa Comisión ratificaría el precepto constitucional de que “nada puede interrumpir el proceso de formación de la Ley”, pero no modifica ni suprime el artículo de la Ley de Amparo, alegado por los magistrados del TAM, para amparar a los ciudadanos en contra de una Ley todavía no publicada en el diario oficial, La Gaceta. Según Pallais Benard, “se trata de una negociación política por el bien de la estabilidad y la gobernabilidad del país”, remarcando que no hubo negociación con el FSLN, para que el ex presidente Arnoldo Alemán recobrara el régimen de convivencia familiar, nuevamente extendido a todo el territorio nacional. Aseguró que cuenta con la autorización del PLC para iniciar las negociaciones con el FSLN, y que los otros partidos políticos aglutinados en el denominado “Bloque contra la dictadura” dieron su respaldo a la oferta sandinista de reformar la Ley de Amparo y eliminar el “control previo”. Pallais Benard dijo estar “totalmente de acuerdo” con el presidente de la CSJ, el liberal Manuel Martínez, en que los problemas entre los diputados opositores y los oficialistas deben resolverse negociando y no con otra resolución de la CSJ que evite que en futuro se interrumpa el proceso de formación de la ley, tal como lo permite la reforma a la Ley de Amparo en su artículo 51. Martínez, como los demás 15 magistrados de la CSJ, firmaron una resolución el pasado 9 de enero en la que ratifican la sentencia de la Sala Penal que avala a los CPC, fallo basado originalmente en un amparo en contra de una ley que aún no había sido promulgada, por tanto no tenía vigencia. La negociación entre los diputados del PLC y el FSLN pondría fin a la llamada “crisis institucional”, desatada a finales de noviembre y que semi-paralizó el trabajo de la Asamblea Nacional.

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