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A partir de este sábado, rige ley de persecución contra inmigrantes en Costa Rica

Agencias AFP y DPA; Álvaro Murillo M., Ismael Venegas C., diario La Nación; y Gerardo Ruiz Ramón, diario Extra. Desde San José. | 12 de Agosto de 2006 a las 00:00
A partir de este sábado, las autoridades costarricenses podrán castigar con un monto equivalente a 12 salarios mínimos de Costa Rica, a la persona o empresa que tenga trabajando a inmigrantes sin papeles. El monto es de cinco salarios base para quien dé alojamiento o encubra la estancia de personas indocumentadas. También se castiga el tráfico de seres humanos. Entre dos y seis años en prisión podría pasar quien resulte culpable de traficar personas, el llamado "coyotaje". Y además, cárcel para cualquier inmigrante que no logre demostrar su estatus legal o si se demuestra que ingresó al país de manera ilegal. Estas medidas empiezan a regir hoy con la nueva Ley de migración y extranjería, pese a intentos del Gobierno por atrasarla y advertencias de las autoridades sobre la carencia de recursos para ponerla en ejecución. La Ley, además, da a agentes policiales la potestad de pedir a los extranjeros que muestren sus documentos y, si no, pueden quedar detenidos. Cabe, incluso, la deportación para quien en un plazo determinado no logre demostrar su estatus de "legal". La Ley fue redactada por el Gobierno anterior y aprobada por el Congreso pasado con la intención de controlar el flujo migratorio y combatir la delincuencia. No obstante, el Gobierno de Óscar Arias califica como "excesivas" algunas medidas de la Ley, lo que coincide con el criterio de algunos sectores sociales y autoridades de Nicaragua, país de origen de la mayoría de inmigrantes en suelo tico. De acuerdo con cálculos oficiales, las remesas enviadas por migrantes que laboran en Costa Rica superan los 0 millones anuales. Además de adversar artículos de la Ley, el ministro de Seguridad costarricense, Fernando Berrocal, ha insistido en la carencia de unos ¢7.000 millones necesarios para infraestructura, contratar personal y comprar equipo requerido para implementar la legislación. "Nadie está obligado a lo imposible", argumentó Berrocal, quien no ha especificado hasta ahora cuáles medidas se podrán hacer cumplir con los recursos existentes. De todas formas, el Gobierno anunció que pedirá al Congreso la derogatoria total de la Ley, en un plazo corto, pero incierto. La intención es "congelar" la nueva Ley y que siga rigiendo la que se aplicaba hasta ayer, mientras una comisión con representantes de diversos sectores analizan reformas de fondo. A pesar de que en el Congreso se cuenta inicialmente con los votos necesarios para las reformas, no hubo suficiente tiempo para complacer al Ejecutivo en la intención de prorrogar la entrada en vigencia hasta diciembre del 2007. La Nación publicó el 14 de junio la intención de atrasar la Ley, pero el Gobierno no se lo pidió al Congreso sino hasta el 27 de julio.

Gobierno tico promete que no hará deportaciones masivas

Ante el temor de millares de nicaragüenses que trabajan de manera ilegal en Costa Rica, quienes temen ser capturados y expulsados hacia Nicaragua con la nueva ley que entra en vigor este sábado, Costa Rica prometió al gobierno que no hará deportaciones masivas. Según ha declarado el canciller Norman Caldera, el gobierno costarricense también prometió que no tomará represalias contra los nicaragüenses que residen ilegalmente en Costa Rica, con la entrada en vigencia el sábado de una nueva ley migratoria que castiga severamente la permanencia de indocumentados. Más de medio millón de nicaragüenses residen en Costa Rica, la mayoría en forma ilegal y trabajan en labores agrícolas y domésticas, a causa de la situación de pobreza (70%) y desempleo (54%) en su país. "El gobierno de Costa Rica nos ha asegurado que no hay (habrá) deportaciones masivas, ni otras medidas de las que tengamos que preocuparnos", afirmó el canciller. Caldera hizo el anuncio ante las preocupaciones surgidas por la aplicación, a partir del sábado, de una nueva Ley de Migración y Extranjería en Costa Rica que castiga con multas a los costarricenses que den empleo o cobijen a extranjeros indocumentados, los que serían perseguidos y deportados del país. "Aquí la cosa se está poniendo fea, es mejor salir. Yo tengo varios meses de trabajar sin papeles, pero ahora con eso de las multas y las penas de cárcel seguro me despiden. Varios de mis compañeros estamos pensando irnos a El Salvador", comentó un inmigrante nicaragüense que reside en San José, Julio Castro, según El Nuevo Diario. Sin embargo, Caldera llamó a mantener la calma y "esperar que el gobierno de Costa Rica tome las medidas" que prometió adoptar para evitar que los nicaragüenses sean afectados con las nuevas regulaciones. Señaló que existen negociaciones bilaterales para buscar una solución amigable al problema, mientras el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, trata de convencer al Congreso para que reforme algunas cláusulas perjudiciales de la ley. "No estamos solos en esto, el Gobierno y la Asamblea Legislativa de Costa Rica han estado buscando cómo modificar esta ley para que no se afecten los derechos humanos de los nicaragüenses", dijo Caldera.

Obispos costarricenses piden ley migratoria «con rostro humano»

Monseñor Ángel Sancasimiro, obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada, declaró que es necesario posponer la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración, prevista para este sábado, ya que el Gobierno no cuenta con los recursos para ponerla en marcha. Explicó que la Iglesia no fomenta una política de "puertas abiertas", pero les preocupa que la ley no tenga rostro humano, porque son personas las que saldrán afectadas o beneficiadas. Para Sancasimiro, la ley actual roza con los derechos humanos, no representa lo que es Costa Rica en el concierto de las naciones, y además, se necesita hacerle ajustes legales para que sea eficiente en su aplicación. Por otra parte, los ministros y los diputados opositores intercambian acusaciones sobre quién es el responsable de que no haya sido suspendida la vigencia de la Ley. El viejo dicho popular "camarón que se duerme, se lo lleva la corriente" aplica para el Gobierno, según algunos de los jefes de las bancadas legislativas. Los diputados le achacan al Poder Ejecutivo la culpa de que la nueva Ley General de Migración y Extranjería entre a regir a partir de mañana sábado. Irónicamente, es la administración Arias la principal interesada en que se suspenda la vigencia de las reformas migratorias. Según ellos, el Gobierno no calculó bien los tiempos necesarios para que el proyecto cumpliera con todos los trámites legislativos y arribara a su proceso de discusión y votación final antes de este 12 de agosto. La diputada Mayi Antillón, jefa de fracción oficialista, defendió la gestión realizada por el Gobierno. "Yo no quisiera encontrar culpables. Desde el momento en que el proyecto entra a la Asamblea Legislativa el 3 de agosto yo conversé con los demás jefes de fracción para priorizar en el tema. Fue hasta el miércoles que la agenda de las bancadas coincidió con la del Ministro de Seguridad". Antillón explicó que decidieron descartar la opción de sesionar hoy, por considerar que aun aprobado en primer debate, el proyecto no garantizaba la suspensión de la Ley de Migración. El presidente del parlamento, Francisco Antonio Pacheco, informó que los diputados examinaron la posibilidad de una suspensión de la aplicación de la norma, sin embargo, agregó que no existen antecedentes de acciones similares. Por su parte Evita Arguedas, líder del Movimiento Libertario, añadió que durante la reunión de las jefaturas de bancada con el Directorio Legislativo barajaron varios escenarios ante el inicio de la aplicación. "Ahora el Poder Ejecutivo es al que le corresponde identificar las posibilidades que tiene a partir de la vigencia de la Ley. Sugerimos que una de esas salidas podría ser presentar un proyecto para modificarle varios artículos, que sería tramitado rápidamente, mientras está en vigencia. No descartamos impulsar una iniciativa que derogue los nuevos alcances de la norma, aunque aun el planteamiento está sujeto a análisis sobre su viabilidad", expresó. La libertaria dijo que si el Gobierno hubiera iniciado las conversaciones hace varias semanas, los plazos habrían alcanzado para aprobar la postergación. Alberto Salom, subjefe de bancada del Partido Acción Ciudadana, fue claro en que el Gobierno "se lerdeó".

Gobierno propondrá derogar Ley de migración

El Gobierno impulsará la derogatoria de la Ley de migración y extranjería, que mañana entra en vigencia. Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, confirmó la información luego del fracaso en el Congreso de una propuesta para posponer la vigencia de la Ley. Los jefes de fracción acordaron no tramitar la iniciativa debido a la imposibilidad de votarla en dos debates antes del sábado. Berrocal dijo que la derogatoria de la nueva Ley de migración le permitirá al Poder Ejecutivo elaborar un proyecto "más práctico" en un plazo de seis o nueve meses. El titular de Seguridad comentó que una comisión especial se encargará de redactar el plan migratorio, que será consultado a la iglesia, a la Defensoría de los Habitantes, y a organizaciones de derechos humanos. El proyecto para derogar la nueva Ley de migración que entra a regir mañana, deberá incluir una norma para poner en vigencia la anterior legislación, aprobada en 1986. El ministro Berrocal aseguró que el Ministerio de Seguridad aplicará las nuevas disposiciones migratorias (a partir del sábado); sin embargo, dijo "nadie está obligado a lo imposible". El ministerio de Seguridad alega no tener recursos presupuestarios (unos ¢7.000 millones) para atender las obligaciones policiales que fija la nueva Ley. Esa dependencia requiere contratar más policías, alquilar y equipar oficinas, y comprar terrenos para construir nuevas delegaciones. Según Berrocal, el Ministerio de Hacienda le informó que no existen los fondos solicitados para atender las disposiciones de la nueva Ley de migración. Esta legislación (aprobada por el anterior Congreso) sanciona con penas de cárcel el tráfico ilegal de personas (coyotaje) y con multas a quienes encubran y contraten a indocumentados, además de que faculta a la Policía de Migración a detener y a deportar a cualquier extranjero que no logre demostrar la legalidad de su estadía en suelo nacional.

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