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Fin a crisis política, consenso para reformar Ley de Amparo

Radio La Primerísima. Desde Managua. | 21 de Enero de 2008 a las 00:00
La crisis política o institucional originada a finales de noviembre pasado, finalizó este lunes cuando diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), firmaron la iniciativa de ley para reformar la Ley de Amparo. El conflicto se originó en un fallo de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, que dio ha lugar una solicitud de amparo de varios dirigentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en contra de la Ley 630, cuando todavía la legislación no había sido promulgada, es decir publicada en el diario oficial, La Gaceta. Los diputados opositores del PLC, ALN-PC Y MRS rechazaron la resolución del tribunal de alzada, ratificada luego por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y denunciaron que con ella se le “castraba” a la Asamblea Nacional su facultad constitucional de legislar, paralizaron sus trabajos y crearon lo que han denominado “Bloque contra la dictadura”. El tercer secretario del Parlamento, el conservador Javier Vallejos, reveló este lunes en rueda de prensa, que la junta directiva de la Asamblea Nacional decidió posponer para la mañana de este martes la definición de la agenda del día en los debates, para dar tiempo a la introducción de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Vallejos explicó que el compás de espera se tomó para que la iniciativa de ley de reforma, obtenga las firmas necesarias en cada una de las bancadas, ya que se trata de reformar una ley de rango constitucional, y como se terminó de consensuar el pasado sábado, hasta este lunes se pone a disposición de todos los legisladores. Indicó que la directiva del Parlamento decidió que el plenario trabajará los días martes, miércoles y jueves de la presente semana, y como manda la Ley y se abre una nueva Legislatura, los debates comienzan con los llamados “previos”, es decir la oportunidad de que cada diputado exponga sus criterios sobre los temas que estime conveniente, sin orden del día previamente acordado. Vallejos no descartó que la iniciativa de ley de reforma a la Ley de Amparo sea incluida en los debates de este martes, ya que recibirá una especie de “trámite de urgencia”, es decir que no pasará a Comisión, y será sometida a discusión y aprobación rápidamente. “Si hay tiempo y si las firmas se recogen este lunes, probablemente aprobemos la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, para que podamos en el Parlamento, trabajar sin esa presión, sin la crisis que había ocasionado el control previo que prácticamente nos estaba quitando el derecho a legislar”, indicó. A juicio de Vallejos, la reforma permitirá “que las leyes lleguen a ser publicadas para que sean leyes, y terminen el proceso de formación de la ley”. “Si existe buena voluntad, si no se extienden mucho las intervenciones de los diputados en los previos, mañana (martes) pudiéramos estar aprobando la iniciativa”, reiteró. El legislador de la ALN-PC reconoció “que las distintas comisiones, tanto del Bloque (contra la dictadura) como del FSLN, y los magistrados sandinistas que participaron (en la redacción de la iniciativa) han dado término a un muy buen proyecto de reforma”. Agregó que “existe consenso entre las bancadas del PLC, ALN-PC y FSLN (en torno a la reforma) por lo que creo que no tendría ningún contratiempo (para que sea aprobada) una vez que esté en el plenario, fácilmente se van a conseguir los votos necesarios, que son 56”. La reforma a la Ley de Amparo consensuada por el FSLN, PLC, ALN-PC y MRS establece que no existirá “el control previo”, es decir la posibilidad legal a un tribunal de alzada para ordenar la suspensión de la aprobación de una ley. Sin embargo, la reforma deja abierta la posibilidad de que los presidentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral o Judicial, de recurrir en contra de una Ley en aprobación por inconstitucionalidad y ante la Corte Suprema de Justicia, que en corte plena (sus 16 magistrados) deben resolver el conflicto en un plazo fatal de 30 días. La reforma establece que si los magistrados del máximo tribunal no fallan en el plazo estipulado, recibirán una sanción económica, porque a partir del día 31 dejan de percibir salario. Esta iniciativa también “recomienda” establecer “a la brevedad posible”, lo que denomina un “Tribunal Constitucional”, que resolvería todos los recursos que se sometan por inconstitucionalidad, trabajo que hace la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y cuyas resoluciones son ratificadas, reformadas o rechazadas por la corte plena.

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