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Investigación CENI puede llamar de nuevo a Montealegre

Informe Pastrán. Desde Managua. | 23 de Enero de 2008 a las 00:00
El procurador especial, Iván Lara, no descartó convocar nuevamente al ex Ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre para que amplíe por tercera vez su declaración alrededor de los Certificados Negociables de Inversión, CENI. Lara dijo que todavía analizan detenidamente las últimas declaraciones de Montealegre acerca de cuál fue su papel en la renegociación de la deuda y los intereses de los CENIS, heredados por la administración de Enrique Bolaños (2002-2007) del gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002). “No se descarta que sea citado nuevamente de acuerdo a los hallazgos encontrados y lo que arrojen las nuevas entrevistas”, dijo Lara, al quejarse de que no toda la información que pidieron al sistema financiero nacional al levantar el sigilo bancario ha llegado, porque solamente tienen información relacionada con cuentas corrientes y no sobre lo que llamó “el grueso de la información”. Aseguró que van a llamar a todas las personas que estuvieron involucradas en la compra y venta de activos de los bancos quebrados y los que participaron en las subastas y en la renegociación. Igual que lo el Procurador General, Hernán Estrada, Lara no descartó tampoco emprender una demanda civil contra Montealegre, dependiendo del resultado de las investigaciones. Estrada, por su lado, confirmó que la Procuraduría tiene bajo secuestro judicial el edificio en donde funciona actualmente la Fiscalía General de la Nación, que es propiedad del grupo financiero Lafise Bancentro y que está en venta. Estrada dijo que ese edificio, ubicado en el kilómetro uno de la carretera a Masaya, fue adquirido por Bancentro como parte de los activos que obtuvo con los CENI en el año 2000 y como todo este proceso se está investigando mientras no se dilucide que va a pasar con los CENI, el inmueble no puede ser vendido. El edificio fue rentado por el grupo financiero a la Fiscalía y aparentemente todavía no se vence el contrato. El Procurador General puso en duda la buena fe de esta operación, al ponerse a la venta un bien inmueble que está rentado a una instancia que se encuentra investigando precisamente el origen del mismo. Consideró que ese es un golpe y un mensaje contra el Fiscal de la Nación, Julio Centeno Gómez y como el edificio fue obtenido de forma ilegal no se puede permitir su venta, en tanto el litigio y la presunción del estado, la Procuraduría hizo un secuestro judicial para impedir que sea vendido.

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