Escúchenos en línea

Desaparece el control previo y también la crisis institucional

Radio La Primerísima. Desde Managua. | 23 de Enero de 2008 a las 00:00
Con el voto de 87 de sus 91 diputados, la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la reforma de un artículo de la Ley de Amparo, “interpretado” y usado por los magistrados de los Tribunales de Apelaciones para dar cabida a recursos de amparo en contra del proceso de formación de la ley. De esta forma, el Poder Legislativo puso fin a la llamada crisis política, o crisis institucional, que involucró también desde noviembre pasado al Ejecutivo y al Judicial. La reforma establece entre sus consideraciones que se "evitar el control previo sobre la formación de las leyes". Esta reforma a la Ley de Amparo fue dictaminada en menos de 24 horas por una comisión especial del Parlamento, integrada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). El presidente de esa comisión especial, el liberal José Bernard Pallais dijo que la reforma "deja plenamente establecido que no puede promoverse, admitirse ni resolverse un recurso de amparo en contra del proceso de formación de cualquier legislación". La enmienda también establece que en caso de que el titular de uno de los Poderes del Estado considere que una ley promulgada viola las facultades de su cargo, conferidas por la Constitución Política del país, puede presentar un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En tales casos, el máximo tribunal reunido en corte plena (los 16 magistrados), deberá emitir una resolución al respecto en un plazo fatal de 30 días, ya sea a favor del recurrente o desechando con argumentos jurídicos que no existe la inconstitucionalidad señalada. La reforma también establece una sanción para los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no se pronuncian en ese plazo, que consiste en la suspensión de su salario hasta que fallen. El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, manifestó a Radio La Primerísima, que en la reforma se incluyó esa sanción pecuniairia, para que “no hubiese dilación de justicia”, cuando el presidente de un Poder del Estado recurra por inconstitucionalidad. “Son conflictos (la queja del presidente de un poder del Estado) que no se dan todos los días y que afectan al país, el bien jurídico está protegiendo (ésta reforma es) la estabilidad de todos los nicaragüenses”, agregó. Castro señaló que la pasada crisis política es común en el Parlamento y apuntó la que se produjo durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), cuando el Legislativo aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, que no fueron del agrado del ex mandatario, hoy reo por actos de corrupción. Recordó que también hubo crisis política durante la gestión del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), cuando el Parlamento aprobó varias reformas a la Constitución, que el ex gobernante calificó de “golpe de estado técnico”, y que hasta provocó la llegada al país de altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Castro aseguró que con la reforma a la Ley de Amparo y la confirmación de que en el marco jurídico no existe el control previo a las leyes, no hay ganadores, no gana el FSLN ni ganan los partidos de la derecha, “gana Nicaragua, la estabilidad”, acotó. Según el diputado sandinista, ahora lo que corresponde es que “podamos todos ponernos a trabajar en lo más importante: la economía, (en) sacar a Nicaragua de la pobreza en medio de una crisis global, de recesión”. Castro resaltó la necesidad de que los nicaragüenses se enfoquen en combatir la pobreza, ante las dificultades mundiales, “ya vimos como se desplomaron todos los mercados bursátiles de todo el mundo en esta semana, el precio del petróleo que se mantiene en torno a los 90 dólares por barril, todo eso afecta a Nicaragua”, remarcó. La crisis política o institucional inició a finales de noviembre pasado, cuando una sala civil del Tribunal de Apelaciones de Managua dio ha lugar a un recurso de amparo de varios dirigentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), en contra de la Ley 630, que aún no había sido promulgada. El conflicto se agravó e involucró al Poder Judicial pues la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución del tribunal de alzada, que además suspendió la publicación de la Ley 630 contra los CPC, y resolvió que “invadía” las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Después de intensas negociaciones, los 16 magistrados de la Suprema Corte resolvieron el pasado 16 de enero declarar inconstitucional la Ley 630, pero separó a los CPC de las estructuras y del Presupuesto del Estado. A cambio, se negoció la desaparición del llamado control previo en el país.

Descarga la aplicación

en google play en google play