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Escándalo por tráfico ilícito de tierras, pica y se extiende

Radio La Primerísima. Desde Managua. | 1 de Febrero de 2008 a las 00:00
La captura de dos sujetos, señalados como presuntos miembros de la “mafia” de “roba-tierras” y su eventual remisión a proceso judicial por falsificación de la firma y sellos, e inscripción ilícita de propiedades, igual que una ex notaria de la Procuraduría General, acusada también por esos delitos, ha desatado un escándalo nacional, debido a las denuncias de ésta, implicando a altos funcionarios. Por su lado, el Procurador, Hernán Estrada, reiteró este viernes que trabaja en la “desarticulación de la mafia de traficantes de tierra, que es parte del crimen organizado”, y aunque dijo que se enorgullece de trabajar con su personal, está consciente que en la red ilícita podrían estar “gente de todos los niveles”. Estrada reveló que el jueves el Registrador Público de la Propiedad Inmueble de Managua, Alberto Avendaño, le envió una sentencia con la firma del juez Ernesto Ramón Castillo, para inscribir una propiedad, sin que hubiese existido juicio por ella, “todo era falso”. Según el Procurador, “quien sea el responsable (de ilícitos) debe ser castigado, no importa si es magistrado, diputado o funcionario, porque hay que enfrentar la situación dentro de la lucha contra el crimen organizado”. La ex notaria uno de la PGR, Morena Avilés Serrano, señalada en los juzgados desde 2006 por el ex Procurador, Alberto Novoa, y por el fiscal especial, Iván Lara, ha reiterado su denuncia de que personal de la PGR está involucrado en la “mafia de roba-tierras”, lo mismo que otros de distintas instituciones. A los señalamientos de Avilés Serrano de que el magistrado sandinista Rafael Solís Cerda está involucrado en esas acciones ilícitas, éste aseguró no conocer a la ex funcionaria, que no sabe a que se refiere con su denuncia, y exigió que la Fiscalía o la Procuraduría “sean duros” en la investigación. Solís Cerda envió este jueves una misiva al diario La Prensa, en la que ofrece renunciar a su inmunidad, que la ley le permite como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para ser investigado “sin limitación alguna” en el caso que señala Avilés Serrano, “o en cualquier otro”. Explica que supone que la ex notaria de la PGR posiblemente se refiere a unas tierras que personas vinculadas a la Resistencia Nicaragüense (ex contras) le ofrecieron en venta en 1994, ubicadas en el municipio de San Rafael del Sur, y entregadas por el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Dice que efectivamente un grupo de empresarios compraron esas tierras a los ex contras, entre los que aparece Melba Pérez, cuya hija, Claudia Vásquez, era esposa en ese entonces del “comandante Mack”, José Benito Bravo, y a quien Avilés Serrano apunta como funcionaria del Ministerio de Gobernación. Según el magistrado, hasta ahora los adquirentes de esa tierra no han podido tomar posesión de ellas, porque la Alcaldía de San Rafael del Sur las reclama como de su propiedad, y por ellas existen varios juicios pendientes. Solis Cerda señala que en su declaración a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, la ex notaria de la PGR no menciona su nombre, aunque lo hace en sus declaraciones del pasado martes a los periodistas. En declaraciones que publica un rotativo este viernes, Avilés Serrano extendió sus acusaciones de pertenecer a esta “mafia de roba-tierras” además de funcionarios de la PGR a otros de entidades como el Poder Judicial, la Intendencia de la Propiedad, el Banco Central, el Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. Reafirma su denuncia en contra de Claudia Vásquez, y a ésta última le imputa directamente su vinculación con otra señora que no identifica, quien conseguía información en el Banco Central, a través de Mercedes Salvatierra, sobre las propiedades que estaban en el “limbo jurídico” en las Juntas Liquidadoras de cuatro bancos quebrados, para venderlas a terceras personas. Avilés Serrano dijo que Vásquez y la otra abogada, hacían comparecer a las Juntas Liquidadoras en sus escrituras como vendedoras de esas propiedades, apropiándose de “innumerables inmuebles”, vendiéndolas o negociándolas al mejor postor posteriormente. Aseguró que el diputado y ex comandante “contra”, Salvador Talavera, es parte de esa “mafia” y es socio de Vásquez y la otra abogada, pues éste enviaba a los “ex comandos” a tomarse esas propiedades, gente que “manejaba cajas con cédulas y carnés de desmovilizados para usarlos en los negociados. El legislador afirma que “es víctima” de una estafa de Avilés Serrano, porque le quitó 7,000 dólares por “arreglarle” la situación de una vivienda en el barrio San Antonio, que nunca recuperó, pero no aclaró si la demandó judicialmente. La ex notaria de la PGR también involucra al ex Intendente de la propiedad del gobierno de Enrique Bolaños, Alfonso Sandino, y a sus allegados a quienes les imputa “acciones irregulares” al asignar “innumerables propiedades”, algunas a varias personas a la vez, las que se tirotearon y machetearon por ellas. Morena Avilés Serrano fue acusada ante los tribunales por el ex procurador Alberto Novoa y el fiscal especial Iván Lara, de falsificación de documentos públicos, debido a que “anduvo gestionando, certificando y legalizando tierras con documentos falsos”, y aunque va a juicio todavía está en libertad. La Policía Nacional detuvo el pasado martes a Dolores de Jesús Rodríguez, empleado de la Alcaldía de Managua, y al abogado Edgard Antonio Acuña, por realizar gestiones con documentos falsos para certificar la propiedad de una cooperativa de Salinas Grandes. Rodríguez y Acuña habrían sido detenidos por las revelaciones de la ex notaria a la Procuraduría, la que alega la hizo en privado y bajo el compromiso de que no se le evidenciara como “delatora”, y ahora responsabiliza a Lara por lo que le pase, ya que dice sentirse amenazada por gente muy poderosa.

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