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Caso CENI es «criminal», siguen las juntas liquidadoras, dice el fiscal Juárez

Radio La Primerísima. Desde Managua. | 5 de Febrero de 2008 a las 00:00
El fiscal especial para los Certificados Negociables de Inversión (CENI), Armando Juárez, afirmó este martes que ésta es una investigación de carácter “criminal”, en la que no cabe el recurso de “caducidad” para establecer la vinculación con ella de cualquier persona, sea ex funcionario o particular. Juárez explicó a los periodistas, que la Fiscalía entró este martes en la etapa de investigar la actuación de los miembros de las juntas liquidadoras de cuatro bancos quebrados en forma fraudulenta, tres de ellos privados, tras concluir las averiguaciones en torno a la emisión de los CENI. El funcionario del Ministerio Público no reveló las conclusiones finales sobre la emisión de los CENI, y si acusarán ante los tribunales a uno o varios de los involucrados en este escándalo que según la Contraloría General de la República (CGR), provocó daños al Estado por 492 millones de dólares. De acuerdo con Juárez, la Comisión Interinstitucional cerró la investigación en torno a la emisión de los CENI, después de entrevistar a ejecutivos del Banco de Finanzas (BDF), la institución financiera que en menor cuantía adquirió esos títulos valores. Explicó que ya concluyeron la etapa de investigar cuanto dinero en CENI le dio el Estado a cada banco para cubrir los ahorros de los depositantes en esas instituciones, en que términos fueron extendidos esos títulos valores, a que plazo, a que interés, a quienes se les han pagado los CENI y a quienes no. Esa parte de la investigación incluye además el proceso de intervención de los cuatro bancos quebrados, decretadas por el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, y los ex miembros del consejo directivo de esa institución, entre los que se incluía el ex presidente del Banco Central de Nicaragua, Noel Ramírez, dijo. La investigación ha avanzado a tal punto, que ya se tienen conclusiones claras de la participación de los ex funcionarios gubernamentales y ejecutivos de los bancos que recibieron CENI, “en la clasificación de cartera, fijar las brechas a cubrir con CENI y establecer el porcentaje (de interés de éstos)”, añadió. En este caso, los ex funcionarios y los ejecutivos de los bancos adquirentes de CENI, clasificaron créditos “A” de buena paga como empréstitos “D” de difícil recuperación, reduciendo a la mínima expresión el monto de lo adeudado por la persona habilitada. No obstante, los bancos -además de recibir CENI- por la diferencia entre el monto fijado en cada crédito “A” y ese mismo crédito, pero clasificado “D”, que no iban a recuperar, le cobraron toda la deuda a la persona que originalmente recibió el préstamo de los bancos quebrados. Ramírez, en ese entonces titular del ente regulador de la política monetaria del país, estableció intereses hasta del 23% para los CENI emitidos a esos bancos, entre ellos un banco donde era socio, cuando la tasa oficial que el BCN tenía para los títulos valores no sobrepasaba el 12%. Juárez añadió que “ahora vamos a la etapa de las juntas liquidadoras, esta parte es muy importante, la Fiscalía va a hacer mucho énfasis en ella”, porque los ex miembros de las juntas liquidadoras asumieron la representación de los bancos quebrados en todos sus aspectos, legales y administrativos. Señaló que los miembros de las juntas liquidadoras administraban esos bancos y “son responsables de todas sus actuaciones”, y es precisamente e su período cuando se establecen las brechas a cubrir con los CENI y se establecen los porcentajes a pagar por los títulos valores. “Igualmente de esa actuación de (los miembros de) las juntas liquidadoras es que se establece el universo de bienes residuales (activos de los bancos quebrados) que fueron transferidos al BCN en dación de pago (por los CENI), para que posteriormente fueran subastados”, indicó el Fiscal especial. Tales bienes residuales o activos de los bancos quebrados fueron subastados mediante la contratación millonaria de una firma mexicana, que los vendió por unos centavos de su valor original. “Este es el núcleo fuerte de la investigación y es donde nosotros estamos haciendo especial énfasis, cualquier persona que estuvo vinculada a los CENI, la vamos a llamar (a declarar) sea funcionario del BCN, sean miembros de las Juntas Liquidadoras o particulares que hayan participado en la subasta”, dijo. Consultado en torno a que todos los ex miembros de las juntas liquidadoras de los bancos quebrados están amparados por los tribunales, Juárez aseguró que “para nosotros el caso de los CENI es un caso único, no hay etapa de clasificación (de cartera), de emisión de CENI y no opera caducidad”. “Nosotros no estamos considerando amparo de ningún tipo, así que podemos llamar y estamos planteándonos llamar a cualquiera que tenga que ver sobre este proceso”, reafirmó. “Si es necesario vamos a llamar al señor Ramírez, o a quien sea”, dijo el Fiscal especial, cuando se le señaló que éste no fue incluido por la CGR cuando emitió una resolución con presunción de responsabilidad penal en contra de seis ex miembros del consejo directivo del BCN, por caducidad de término. “En una investigación criminal no existe caducidad, el término caducidad es un concepto jurídico civil, que le es aplicable a la CGR, que emite resoluciones de carácter administrativo, las que tienen un valor de presunción. Para nosotros la presunción ya es un indicio de actividad delictiva, por tanto estamos obligados a investigar”, apuntó. Juárez reiteró que existe un “hecho delictivo criminal” en el caso de los CENI “no solamente porque la CGR declaró en su momento nula la emisión de los CENI, sino que posteriormente emitió un resultado de auditoría con expresión de responsabilidad penal para un universo de funcionarios”. El Fiscal especial tampoco descartó la posibilidad de que se llame a declarar al ex Superintendente Noel Sacasa, quien después de la emisión de los CENI se fue a vivir a Estados Unidos, donde trabaja para un organismo financiero internacional. “No va a quedar nadie que no pueda ser llamado a ser entrevistado para determinar su responsabilidad”, aseguró. Dijo que a Noel Ramírez le benefició el término de caducidad para que la CGR le impusiera presunción de responsabilidad penal por los CENI, porque a esa institución tiene un plazo para investigar y resolver de 5 años, pero no para la Fiscalía. “Ramírez podría alegar la prescripción de término para impulsar la acción penal, pero estamos hablando de un delito complejo, que podría caber dentro de un hecho delictivo, son formas continuadas de comisión del delito”, indicó el fiscal Juárez.

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