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Rechazan «asquerosa» amnistía o impunidad a corruptos

Radio La Primerísima. Desde Managua. | 7 de Febrero de 2008 a las 00:00
Distintos sectores convocados por la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional a dar su opinión sobre el anteproyecto de Ley de Amnistía, que perdonaría los actos de corrupción de decenas de ex funcionarios de tres gobiernos anteriores, han manifestado su profundo rechazo a la iniciativa. Los organismos convocados por hasta este jueves por dicha Comisión han sido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuyos funcionarios rechazaron la aprobación de un “perdón y olvido” de los delitos de esos corruptos. Los funcionarios del CENIDH y la CPDH se pronunciaron rechazando un papel que resume tres iniciativas planteadas por los liberales para perdonar a los corruptos, sin conocer la verdadera, consensuada por diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). La escandalosa y hasta ahora “secreta” iniciativa de ley, fue consensuada por el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, el diputado del PLC José Barnard Pallais, y el legislador de la ALN Adolfo José Martínez Cole, que “blinda” a los corruptos de toda acción judicial y la extienden a toda su familia, dijeros este jueves fuentes políticas. Pallais Arana y Martínez Cole proponen beneficiar a “todas las personas nacionales o extranjeras, residentes o no en el territorio nacional”, que durante el período del 14 marzo de 1990 al 7 de enero 2007) “ejercieron o ejercen cargos públicos”, en los distintos poderes del Estado, instituciones, entes descentralizados, regiones autónomas, departamentos y municipios. En el proyecto de impunidad, los diputados del PLC y la ALN admiten que esos ex funcionarios cometieron delitos de corrupción, y proponen exonerarlos de toda culpa, “sean o no responsables directos” o se presuma su participación en los ilícitos, que provocaron miles de millones de dólares en perjuicio del Estado. El PLC y la ALN amplían la impunidad no sólo a los responsables directos de esos delitos, sino a sus “cónyuges o ex cónyuges, convivientes o ex convivientes en unión de hecho, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ya sean ascendentes, descendientes o colaterales de los imputados”. El proyecto de amnistía consensuados por los liberales, echa a la basura todo el trabajo de la Contraloría General de la República durante 18 años, al cubrir a “todas aquellas personas mencionadas en las presunciones administrativas, civiles y penales” emitidas por el ente fiscalizador, “sin importar su grado de participación en el delito que se les imputa, sea verdadero o no”. Asimismo, la amnistía ordena suspender y archivar todo proceso judicial y toda investigación de la Procuraduría General, el Ministerio Público, de la Policía Nacional, de la CGR, de la Corte Suprema de Justicia, y/o cualquier instancia nacional, departamental o municipal, que esté en proceso en contra de los imputados. El dictamen de amnistía también desbarata y declara nulo los acuerdos sobre apoyo jurídico mutuo, de orden internacional que ha contraído Nicaragua, ya que establece que los corruptos cubiertos con impunidad no podrán ser sujetos de procesos jurídicos en otros países y nuestras autoridades acatar órdenes de prisión para los inculpados, como ocurre con Alemán y su juicio en Panamá, en donde se le procesa por blanqueo de capitales.

Otra aberración: decreto para suspender el Código Penal

El PLC y la ALN en su desesperación por indultar a sus líderes, Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, respectivamente, señalados de millonarios fraudes al Estado, han caído en otra aberración: impulsar la amnistía como decreto y no como una ley. El “dictamen” elaborado de antemano por Pallais Arana y Martínez Cole, y que ha salido a luz pública este jueves, expresa que lo aprobarán como un “Decreto Legislativo” y no como una “Ley de orden pública”, para evitar el eventual veto del presidente Daniel Ortega, y entre en vigencia a lo inmediato. Los legisladores citan que el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional establece que los Decretos Legislativos no requieren de una sanción del Poder Ejecutivo, ocultando que un decreto es de menor rango jurídico que una ley, y no puede impedir la aplicación del Código Penal. Pallais Arana y Martínez Cole proponen aprobar lo que llaman “Decreto de Amnistía General y Reconciliación Nacional” para dejar “sin recursos jurídicos” para que el presidente Ortega o las instituciones del Estado impulsen acciones civiles, penales o administrativas contra Alemán y Montealegre y otros políticos y sus familiares. “De conformidad con el párrafo final del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, este decreto de amnistía no requiere sanción del Poder Ejecutivo y entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio escrito de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, diario oficial”, dice el artículo siete del decreto de amnistía que impulsarán los liberales desde la Asamblea Nacional. Para evitar que esa amnistía cubrirá con impunidad a los traficantes de droga, el dictamen del PLC y la ALN dice que “no favorecerá a los narcotraficantes ni a los inculpados por lavado de dinero, entre otras actividades relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes y sicotrópicos”. Portavoces y operadores políticos de la derecha han rechazado también este dictamen de amnistía de los liberales, y proponen que la redacten “con nombre y apellido”, es decir que sea en beneficio directo de Alemán y Montealegre. La burla en que el PLC y la ALN han sometido a sus invitados a pronunciarse sobre el anteproyecto de amnistía, ha profundizado su rechazó, en especial ahora que esos organismos conocen el verdadero contenido del dictamen que elaboraron Pallais Arana y Martínez Cole, en el que hacen apología a la comisión de delitos, la corrupción y a la impunidad.

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