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Economista plantea renegociar con FMI salarios sector público

| 8 de Febrero de 2008 a las 00:00
El economista Adolfo Acevedo cree que no es realista la propuesta del gobierno de aplicar a rajatabla su propuesta negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de salarios para el sector público. Según el Presidente del Banco Central, Antenor Rosales, "el proyecto de Presupuesto de la República establece un 12 por ciento de incremento salarial para los trabajadores de la salud, maestros, policías y otros sectores, mientras que otros plantean el 15 por ciento y algunos van más allá y sugieran el 20 por ciento. El compromiso es que la masa sea correspondiente en su crecimiento al crecimiento del PIB nominalmente hablando; si el PIB crece 15 (por ciento), el crecimiento de la masa debe ser 15 (por ciento)". Agregó que distribuir ese crecimiento de la masa salarial lo debe determinar el Ministerio de Hacienda, definiendo un determinado porcentaje para un sector y otro tanto para otro, pero el aumento debe ir acorde con el aumento de la economía, porque de lo contrario, puede producir inflación". (END 07/02/2008) En cambio, Acevedo cree que el gobierno debe asumir "la responsabilidad de replantear de inmediato este compromiso que propuso y asumió con el FMI, en vista de que el mismo no tiene fundamento, ni en el terreno técnico, ni mucho menos en el campo de las transformaciones presupuestarias que es indispensable hacer para que el país este en condiciones de cumplir con calidad una serie de metas sociales fundamentales". "Es necesario ir mas allá de políticas que solo aspiran a hacer que la masa salarial aumente al ritmo de la inflación esperada, para enfrentar los problemas de fondo que aun posee el sistema de remuneraciones y contar con los recursos humanos necesarios para que el gobierno nicaragüense pueda proveer los servicios públicos de calidad que la población requiere. Este es el reto para los próximos años", considera Acevedo. Esta es su propuesta:

Imprescindible renegociar con el FMI

Por Adolfo Acevedo

1. El problema central en torno al cual gira el debate sobre el Presupuesto General de la Republica para 2008, es el del incremento salarial de un 12% que allí aparece establecido para maestros, trabajadores de la salud y policías. El Gobierno de la Republica, a través en el Programa Económico-Financiero (PEF) que sometió a la aprobación del FMI, propuso el "congelamiento" de la nomina salarial del Gobierno como porcentaje del PIB. 2. Este "congelamiento" significa que si el PIB nominal está proyectado a crecer en 12%, el incremento de la nomina salarial del gobierno no podría crecer mas allá del 12%, aunque existiesen los recursos para financiar un aumento mayor. 3. Para percibir mejor el carácter tan pobre de un aumento de 12%, téngase en cuenta que, si la tasa de inflación se corresponde con la proyectada, es decir 8%, en términos reales el aumento a maestros y trabajadores de la salud equivaldría a solo un mísero 3.7%. Si la inflación se eleva a 10%, el aumento real seria de solo un 1.8%. 4. El problema surge cuando se propone llevar dicho aumento al 20%, lo cual ha desatado todo tipo de augurios y sombrías amenazas sobre el carácter catastrófico que esto tendría. En un periódico matutino se dice que: "el FMI teme una espiral inflacionaria en el país de darse un incremento en la masa salarial (del gobierno) mucho mas alto que el crecimiento económico nacional" (El Nuevo Diario, Jueves 7 de Febrero) 5. Dado que la nómina salarial es igual al número de trabajadores contratados por el salario promedio, esta restricción sobre el crecimiento de dicha nomina afecta tanto al incremento del salario como a la contratación de nuevos trabajadores. 6. Esta restricción afecta particularmente a maestros, trabajadores de la salud y policías, que constituyen más del 80% de los trabajadores gubernamentales La misma no solo afecta a estos sectores en las posibilidades de que se aprueben aumentos salariales que apunten a superar el enorme rezago salarial que padecen, sino que también restringe drásticamente la contratación de nuevos continentes de servidores públicos en estos campos, que también resulta apremiante. 7. De esta manera, no se podrá cumplir con el objetivo planteado en el propio Plan Nacional de Educación, y que es compromiso asumido por todas las fuerzas políticas, en términos de superar en 2010 este enorme rezago salarial que prevalece en educación y salud y contratar el numero de nuevos maestros y personal de salud requerido para poder cumplir las metas nacionales de educación y salud. 8. El cumplimiento de los ODM relativas a Educación, de los "Acuerdos de Dakar" sobre "Educación para Todos", y de las metas nacionales en este campo requieren responder a la necesidad de contar con los maestros suficientes, y adecuadamente calificados y remunerados, que demandan dichas metas. 9. Por otra parte, el hecho de que el salario real de los maestros represente casi la mitad del salario real promedio de la fuerza de trabajo nicaragüense, determina que, en vez de atraer a esta profesión al personal calificado que se necesita, se tenga que recurrir a personal de baja calificación. De esta manera no podría resolverse jamás el grave problema de la baja calidad de la educación 10. En lo que respecta al personal de salud, según datos proporcionados por OXFAM Internacional, los médicos y enfermeras nicaragüenses devengan un salario, medido en dólares, apenas superior al salario que perciben los médicos y enfermeras en países africanos muy pobres. 11. La argumentación para restringir de esta manera el crecimiento de la nomina salarial del gobierno, es que el crecimiento del salario promedio de los trabajadores del sector publico por encima del salario promedio del sector privado, crearía el riesgo de generar inflación y pérdida de competitividad en la atracción de inversión extranjera. 12. En primer lugar, es preciso anotar que, en todo caso, la restricción sobre la nomina salarial afecta a aquellos sectores – maestros, trabajadores de la salud y policías – que no son los responsables de que los salarios promedio del sector publico sean un tanto mayores a los del sector privado, porque se trata de sectores con salarios míseros. 13. En segundo lugar, el personal del sector publico tiene calificaciones educativas mas altas que el del sector privado y la proporción de profesionales ha aumentado en el tiempo. Mientras el empleo publico esta constituido en un 83.5 por ciento por trabajadores con un nivel de educación mayor o igual a secundaria, en el empleo privado este porcentaje es del 41.4 por ciento. Además, el promedio de años de estudio del sector público es de 11 años, lo que contrasta con los 6 años de promedio en el sector privado. 14. Como lo muestran las cifras de la región latinoamericana es absolutamente normal que el salario del sector publico resulte mayor que el de los trabajadores del sector privado, porque en el primero existe una mayor concentración comparativa de profesionales y trabajadores calificados. 15. Es así que, mientras en Nicaragua según cifras del Banco Central actualmente el salario promedio del gobierno es sólo 3% superior al salario promedio del sector privado, en Honduras es 88% superior, en El Salvador 91% en Guatemala 87%, en Bolivia 61%, en Costa Rica 73%, en Ecuador 81%, en Perú 37%, en Dominicana 21% y en Chile 45%. Como puede verse, estamos ante un fenómeno totalmente normal. En ninguno de estos países este hecho ha producido una hecatombe inflacionaria, ni tiene porque hacerlo si los balances macroeconómicos se mantienen dentro de parámetros de consistencia, como ocurre actualmente en Nicaragua. 16. No se comprende además porque no provoca ningún temor de que surjan presiones inflacionarias al lanzar a la circulación la increíble suma C$ 4 374,888,298 (cuatro mil trescientos setenta y cuatro y pico de millones de córdobas) por concepto de servicio de la deuda interna, pero suscita semejante alarma un modesto aumento de 20% a maestros, trabajadores de la salud y policías, que solo representaría unos cientos de millones de córdobas (además, financiados de manera sana, no inflacionaria). 17. Es interesante que tampoco genere temor por presiones inflacionarias el aumento acumulado de 18% en la tarifa de energía eléctrica desde Noviembre, dado que este incremento no solo golpeara directamente a la población, sino que se multiplicara por toda la cadena de costos y precios de la economía. 18. En lo que respecta al argumento de que un aumento de 20% en el salario de maestros, trabajadores de la salud y policías provocaría "perdida de competitividad internacional", la "preocupación" se expresa en términos de que la principal "ventaja comparativa" de Nicaragua para "atraer inversiones es el costo exageradamente bajo de la fuerza de trabajo nicaragüense. El argumento es que mayores aumentos salariales a maestros y trabajadores de la salud podrían dar lugar a un "efecto demostración" que podría traducirse en el surgimiento de demandas por aumentos salariales por parte de los trabajadores del sector privado, lo cual elevaría el costo de la fuerza de trabajo nicaragüense, con lo cual el país perdería su principal atractivo para la inversión. 19. En todo caso, seria necesario demostrar que existe esta relación entre aumento de los salarios públicos y perdida de competitividad, tanto desde un punto de vista teórico como empírico, lo cual no se ha hecho. En Nicaragua el mercado laboral es altamente informal (60 por ciento). Habría que agregar que está también abierto a corrientes migratorias. El gobierno absorbe un porcentaje muy pequeño del crecimiento del empleo. En ese contexto, no es claro como los salarios públicos pueden "halar" a los privados. 20. En términos de evidencia empírica, hay que resaltar que en un país tan pobre como Nicaragua, Honduras, el hecho de que los salarios de maestros, trabajadores de la salud y policías sea allí varias veces superior al prevaleciente en Nicaragua, y que además el salario promedio del sector publico sea 88% superior al del sector privado, no ha producido ni desbocamiento inflacionario ni perdida de atracción para la maquila, como se aprecia en el hecho de que el porcentaje del empleo generado por la maquila en Honduras es muy superior al prevaleciente en Nicaragua. 21. En segundo lugar, la implicación que surge de este planteamiento parece ser que, para permanecer "atractivos" a la inversión extranjera, estaríamos condenados a tener que mantener una fuerza de trabajo empobrecida, poco calificada y muy barata, y a no invertir en la mejoría significativa de la cobertura y calidad de los servicios públicos de educación y salud, lo cual pasa necesariamente por resolver el enorme rezago salarial de maestros y trabajadores de la salud y contratar el número adicional de estos que sea necesario. 22. Por supuesto, estos niveles salariales tan bajos, que resultan tan atractivos a la inversión, también dependen del bajo nivel de calificación de la fuerza de trabajo, de manera que también hay otra manera de mantener a la fuerza de trabajo barata y "atractiva" para este tipo de inversiones: no invertir lo requerido en educación. 23. En la carta conjunta Coordinadora Civil de Nicaragua-OXFAM Intermon enviada en 2006 al FMI, se expresaban ya nuestras preocupaciones con respecto a las "preocupaciones" del FMI, relativas a la competitividad: "Tampoco deja de sorprendernos que el FMI considere la adecuación de los salarios de educadores y trabajadores sanitarios a niveles de vida dignos, como un factor de riesgo para la competitividad frente al inversor extranjero. El que el aumento de los salarios de estos servidores públicos conlleve una mejora de las condiciones laborales debería valorarse como un factor favorable a la atracción de un inversor que busque lo que la CEPAL ha denominado "competitividad autentica", alejándose de viejas practicas perniciosas como la carrera hacia mínimos en las condiciones laborales, en tanto mecanismo de atracción del inversor" (CARTA CONJUNTA CC-OXFAM INTERMON AL FMI). 24. La simple "represión salarial" no es una política apropiada, porque tiende a acumular presiones que posteriormente se resuelven a través de estallidos, como ha sido la experiencia desde principios de los años noventa con los distintos acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional. Es necesario ir mas allá de políticas que solo aspiran a hacer que la masa salarial aumente al ritmo de la inflación esperada, para enfrentar los problemas de fondo que aun posee el sistema de remuneraciones y contar con los recursos humanos necesarios para que el gobierno nicaragüense pueda proveer los servicios públicos de calidad que la población requiere. Este es el reto para los próximos años. 25. Para superar este punto lo que cabe es que el Gobierno de la Republica, con el respaldo nacional, asuma la responsabilidad de replantear de inmediato este compromiso que propuso y asumió con el FMI, en vista de que el mismo no tiene fundamento, ni en el terreno técnico, ni mucho menos en el campo de las transformaciones presupuestarias que es indispensable hacer para que el país este en condiciones de cumplir con calidad una serie de metas sociales fundamentales. 26. ¿Usted se atreve a apuntarse a respaldar esta propuesta?

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