Escúchenos en línea

Gobierno es inconsistente en caso CENI, por Adolfo Acevedo

Managua. Radio La Primerísima. | 17 de Febrero de 2008 a las 00:00
El gobierno de Nicaragua perdió otra oportunidad de resolver correctamente, a fondo y de manera definitiva, el tema de los CENIS, y todo indica que su empeño totalmente manifiesto de convertir este caso en un simple expediente para ejercer presión y a menaza contra sus adversarios políticos, ha evitado que manejara este asunto nacional de manera que fuese posible resolver, al mismo tiempo, en beneficio de los intereses públicos, los dos problemas centrales que presentan los denominados CENIS. Primero, los CENIS carecieron desde su emisión, pasando por su "reclasificación", su "recompra" y la denominada subasta, de manifiesta y total ilegalidad. Estos títulos se emitieron sin que el BCN tuviese la mas mínima facultad para hacerlo, y se han hecho pasar - y así han sido reconocidos por dos diferentes gobiernos ya -, como títulos de deuda publica, en circunstancias en que el Banco Central no tenia la mas mínima facultad para endeudar a la nación, ni para reclasificar carteras, ni para renegociar esta deuda ilegal, ni para nada mas de lo que hizo, en relación a este caso. El propio Presidente de la Republica, en su discurso reseñado por "El pueblo presidente" del 11 de enero del 2008, "recordó que los autores de la operación de los CENIS (es decir Noel Ramírez y CIA: AA) violentaron la Ley Orgánica del Banco Central, que no le daba facultades para cubrir la quiebra de los bancos privados". "El compañero presidente Daniel Ortega anunció que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no continuará pagando a la banca privada los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), porque su emisión significó un "acto delincuencial" (dicho sea de paso, esto de que los CENIS "no serán pagados", toda persona medianamente informada sabia que era simple retórica, dirigida a las bases del propio partido del gobierno) El gobierno tiene (desde hace mucho, desde antes de convertirse en gobierno) en sus manos la posibilidad de resolver definitivamente el problema de la legalidad de los CENIS. El Presidente tiene una enorme influencia en la Corte Suprema de Justicia (sobre magistrados sandinistas y liberales), la cual a estas alturas ni siquiera se trata de ocultar. Lo único que el Presidente tendría que hacer es solicitarle a los magistrados de la Corte que emita una resolución sobre los recursos de amparo interpuestos en contra la resolución de 2005 de la Contraloría denunciando de nulidad la emisión de los CENIS. Los Magistrados de la Corte, en lugar de ello, han declarado que no basaran su resolución en criterios estrictamente jurídicos, como corresponde, sino que en "consideraciones de Estado". La Corte no está facultada mas que para fallar en estricto apego a Derecho, y esto es lo que el Presidente debería demandarle a los magistrados que hagan. Las "consideraciones de Estado" en todo caso competen al Jefe de Estado, y el debe asumir la plena responsabilidad que le corresponde, en este caso (estaremos de acuerdo con ella o no, la cuestionaremos o la apoyaremos, pero resulta indignante que los magistrados se arroguen de manera publica y abierta la potestad de resolver, no en apego a consideraciones jurídicas, sino en base a "consideraciones de Estado", que no les competen). Si la Corte falla en estricto apego a Derecho, la única resolución que podría emitir es una confirmando que los CENIS fueron emitidos sin ninguna base legal. Esto, una vez que el asunto legal ha sido en lo fundamental dirimido, le permitiría al gobierno, es decir al Jefe de Estado, pasar a dirimir, también a fondo (si acaso en realidad este es el objetivo), el otro problema fundamental de los CENIS: los actos irregulares y fraudulentos que han determinado un enorme daño patrimonial al Estado, y han impuesto un costo desmedido a la población (el año pasado, el pago de los CENIS, en el periodo inmediato posterior al paso del huracán, imposibilito al gobierno contar con los recursos mínimos para atender los requerimientos de esto representó) Estos actos irregulares por supuesto han estado indisolublemente vinculados con la manera ilegal en que se manejo todo el asunto. En efecto, cabe preguntarse: porque se decidió manejar cada paso del proceso que condujo a la emisión de los CENIS, y a la subasta, por la vía puramente administrativa, y a puerta cerrada, pasando en cada caso, sin excepción, por encima de los procesos y procedimientos legales? Porque la vía puramente administrativa posibilitaba mejor el grado de discrecionalidad y el manejo expedito, sigiloso y oculto necesario para que, en cada paso, se favorecieran los intereses de los bancos adquirientes y los funcionarios allegados, sin exponer en ningún caso el proceso al escrutinio publico, ni de nadie mas. Se manejo todo el proceso de manera tal que no se requirieran mas que oscuros actos y decisiones administrativas, que se adoptan y se tramitan a puertas cerradas, la mayoría de las cuales no llega siquiera a conocerse jamás y pasan desapercibidas. De no ser por la heroica Eloisa Ibarra y el escándalo que armó, mientras otros se hacían de la vista gorda, posiblemente nunca hubiésemos sabido todo lo que hoy sabemos. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia apegada a Derecho, le permitiría al gobierno pasar a resolver adecuadamente, en términos de alivio del daño patrimonial causado, y de descarga de la mayor parte de esta "deuda", el otro problema fundamental de los CENIS, impidiendo que el robo termine de consumarse. El gobierno tendría todo el peso de esta resolución para proceder a plantear a los tenedores de dichos títulos, que los mismos carecen de todo valor, pero que el gobierno, por responsabilidad, está en la disposición de reconocer como deuda publica EXCLUSIVAMENTE aquella parte de dicha deuda que pueda demostrarse que, en efecto, está respaldando depósitos (porque sencillamente, no puede dejarse sin respaldo alguno los depósitos de los ahorrantes que, en efecto, están siendo respaldados por los CENIS). Es importante analizar a fondo el pleno significado de este planteamiento. La parte de los CENIS que en efecto está respaldando depósitos, es aquella que, en efecto, se corresponde con la cartera de crédito mala (incobrable) de los bancos liquidados. Por ejemplo, en el caso de la cartera de los Centeno Roque con el INTERBANK, por US$ 77 Millones, se produjo un "hueco" en el sentido de que una masa de depósitos por un monto equivalente se quedo sin respaldo, y el Banco se vio imposibilitado de hacer frente a estas masivas obligaciones con los cuenta-habientes. Esto provocó su intervención y liquidación (su quiebra). Desconocer la parte de esta deuda, que estaría cubriendo esta cartera mala, equivaldría a abrir un "hueco" financiero real de una magnitud similar en el BANPRO (y lo que menos desea nadie es provocar la quiebra de otro banco) y dejar nuevamente al descubierto y sin respaldo una masa equivalente de depósitos del publico (vuelta al punto de partida). Pero como se sabe, por el INTERBANK se emitieron CENIS, no por un monto de US$ 77 Millones, equivalente a la cartera mala de los Centeno, sino por LA TOTALIDAD de la cartera de créditos de dicho banco, equivalente a US$ 230 Millones (casi tres veces mas que el "hueco" abierto por los Centeno y sus secuaces). ¿Por qué ocurrió esto, si la cartera mala que provoco la quiebra del INTERBANK era de solo US$ 77 Millones? Incluso después de intervenido el INTERBANK, se llevó a cabo una valoración de la cartera de este banco, que mostró que la mayor parte de la misma, aparte de la de los Centeno Roque, era buena. Sin embargo, una vez asumido el INTERBANK por el BANPRO, este banco, sin mediar valoración previa, sencillamente dijo que TODA la cartera del INTERBANK era mala, y que debían por tanto entregársele CENIS, no por US$ 77 Millones, sino por US$ 230 Millones (o sea por TODA la cartera del INTERBANK). Por supuesto, el BANPRO tenia todos los incentivos para demandar CENIS, en lugar de hacerse cargo de la cartera de crédito del INTERBANK: i) los CENIS devengaban un interés mucho mas elevado ii) estos intereses no pagan impuesto sobre la renta, de manera que su rendimiento efectivo es mucho mas elevado que lo que indica su rendimiento nominal iii) manejar una cartera de crédito significa asumir elevados costos administrativos para su seguimiento, administración y cobro, mientras los CENIS no representan ningún costo administrativo (lo que representa un rendimiento efectivo mucho mas alto, porque es neto de todo costo administrativo) y iv) de acuerdo a la norma de adecuación de capital, el BANPRO tenia que haber aportado, de su propio capital, US$ 23 Millones si asumía la cartera de créditos (monto que no tenia), mientras que recibiendo CENIS, se volvía el Banco mas grande y rentable del sistema, sin poner un solo centavo de su propio capital. La pregunta es sencilla: se emitieron por el INTERBANK CENIS por un monto que prácticamente triplico el "hueco" creado por los Centeno, porque en efecto TODA la cartera del INTERBANK era mala, o sencillamente se hizo esto para responder a los intereses de enriquecimiento desmedido de los que pasaron a detentar estos CENIS???? Esta pregunta es sencilla, y se responde de manera sencilla: mediante una auditoria de 15 días o un mes, a la cartera del INTERBANK. Si se comprueba que se emitieron CENIS de manera fraudulenta, por el triple de lo que se debió haber emitido, entonces, el BANPRO, al cual ya se le pagaron MUCHO MAS que los US$ 77 Millones originales, debería devolver el exceso que se le pago, y debería reducirse el saldo por pagarle de dicha "deuda" a cero (que es mas del 80% de lo que resta por pagar). Si resultase (que yo no creo, para nada) que todavía resta un monto de CENIS pendiente de pago, que se demuestre que efectivamente está respaldando depósitos, este se reconocería como deuda publica, a través de títulos emitidos legalmente, pero se pagaría a 30 años de plazo y a la tasa de interés internacional (que está bajando mucho). Esto, sin prejuicio de los resultados de la investigación en materia penal (una cosa es asumir responsablemente una deuda que se demuestre que está respaldando depósitos, y otra que un banquero y sus cómplices no deban asumir sus responsabilidades penales). De esta manera, se resolvería definitivamente el problema legal, se restauraría plenamente el daño patrimonial causado, se resolvería la carga de esta deuda, y se reconocería lo que, de manera efectivamente responsable, haya que reconocer (no es "responsable" continuar validando el fraude que se cometió, emitiendo CENIS muy por encima de lo que, si es que por necesidad había que haberlo hecho, se debió emitir (aunque había instrumentos distintos de los CENIS que se pudo utilizar, por la vía legal, pero ni siquiera se consideraron porque lo que el BANPRO demando, para asumir el INTERBANK, fueron CENIS, estableciendo además la tasa de interés que demandaba recibir por ellos, y el Consejo Directivo del BCN, presidido por el Dr. Noel Ramírez, así lo autorizo). El Presidente de la Republica, teniendo todos los instrumentos para resolver esta deuda apegado a Derecho, ha preferido mantener los problemas fundamentales de los CENIS irresueltos, y crear un embrollo impresionante, en el que se ha visto obligado a volver a reconocer esta deuda como una que debe ser "honrada" (lo que no augura nada bueno sobre la resolución de la CSJ respecto a este caso). Todo indica que en este caso, se ha i) privilegiado la relación privilegiada que se ha establecido con los grandes grupos económicos, y por ello se está tratando esta deuda, en su relación con ellos. como si fuese plenamente legal y bien habida, es decir presumiendo que todo lo actuado fue legal y se ha establecido que el fraude cometido será validado a través del compromiso de "honrar" esta deuda (es decir, haciendo que el robo se termine de materializar) ii) utilizado la investigación penal que se lleva a cabo únicamente como instrumento de presión y amenaza a los adversarios políticos, pero en todo caso, es una investigación que se basa enteramente en la presunción de que todo lo actuado fue ilegal y ii) dejando a la CSJ la tarea de volver a usar su "creatividad" jurídica, para "conciliar" estos dos manejos del caso, que son por naturaleza inconciliables. Si lo actuado es legal, no hay delito que perseguir: incluso la "renegociación" de Eduardo Montealegre, a quien se le acusa de haber cometido el hecho delictivo de renegociar una deuda ilegal, no seria mas que un "refinanciamiento voluntario" de una deuda perfectamente legitima y legal, y en este contexto, todo lo actuado es legal, porque cuando uno le pide "refinanciamiento" a un acreedor legitimo, este es el que acepta o no, según su voluntad, las condiciones en que refinanciara, y no hay ningún delito que perseguir. Si se renegocio una deuda ilegal, entonces si hay delito, agravado por todos los demás hechos (no solo de el, sino de TODOS los implicados, pero por supuesto aquí al parecer no se trata de dirimir realmente responsabilidades, sino de utilizar esta investigación como amenaza contra adversarios). Si por el contrario Eduardo Montealegre cometió un delito al renegociar una deuda ilegal, el problema es que igual delito estaría cometiendo el actual equipo de gobierno que está buscando "refinanciar" esta deuda . Si se le persigue por tener conflicto de interés, por tener vínculos con el BANCENTRO (el Banco tenedor de alrededor del 10% de los CENIS emitidos) cuando manejo este asunto, algunos podrían preguntarse si no es lo mismo tener vínculos de negocios con el BANPRO, en favor de quien se emitió, con creces, la mayor parte de los CENIS. El Presidente ha vuelto a argumentar que está obligado a pagar los CENIS, para no verse confrontado con el "capitalismo global". Yo pienso que era diez mil veces mas probable verse enfrentado al "capitalismo global" al tomarse los tanques de la ESSO, que por una mísera deuda de un mísero país, que además es fácil demostrar que es resultado de fraude y corrupción. Evidentemente, si se demuestra de manera palmaria que se emitieron CENIS "de mas" por corrupción de los funcionarios que los emitieron y si queda claro que al "reclasificarse" (de facto o por "valoración" ilegal) las carteras hubo dolo intencional y que estaban coludidos los banqueros con las autoridades no debería haber mas problema que con cualquier otro acto de corrupción. En realidad, los propios funcionarios legales más cercanos al Presidente, conocen la capacidad, que le otorga la situación legal de esta deuda, al Estado. Lo más probable es que el Presidente, mas que un temor de que tocar esta deuda le produzca un "enfrentamiento a muerte" con el imperio global, tenga presiones de los poderosos grupos que detentan estas deudas, con los cuales el ha forjado una relación muy cercana, y que, junto con la alianza estratégica con el PLC (Arnoldo Alemán), y con la Iglesia, el FMI , el BM y mas recientemente los EEUU, el aprecia como los elementos estabilizadores fundamentales de su gobierno. No en vano su gobierno ha invertido tantos esfuerzos y tiempo por ir forjando y consolidando esta relación, a tal punto que los empresarios, a pesar de la retórica del Presidente, parecen sentirse confiados y seguros bajo su mandato. El otro "argumento", el de la perdida de credibilidad, es sencillamente patético, para decir lo mínimo. Ya lo hemos abordado tantas veces antes, que no volveremos a hacerlo. Solo me limito a apuntar esto. Para tener "credibilidad" en los títulos que emite y busca colocar el gobierno, por un monto de US$ 45 Millones al año, se deben pagar en efectivo, a los que ya son los mas ricos del país, US$ 200 Millones al año. Llevando al extremo el argumento, si dejas de pagar los US$ 200 Millones y perdés "credibilidad" y no logras colocar los US$ 45 Millones, el resultado neto es que te ahorrarías US$ 155 Millones, ¡por lo menos! ¿A quien le conviene este "negocio" de "mantener la credibilidad"? ¿Quién fortalece de manera desmedida su acumulación de capital a mediano plazo, en detrimento de la población pobrísima de Nicaragua? Por lo demás esta deuda, en manos de los mas ricos, pagada con los impuestos provenientes de una estructura tributaria regresiva, que grava proporcionalmente mas a la mayoría de menores ingresos de la población, se convierte en un gigantesco mecanismo de predistribución regresiva del ingreso, desde la mayoría pobre de la población, hacia los que concentran de manera desmedida el ingreso. Después de tantos años dedicados a investigar como poseídos, denunciar y proponer, y joder y volver a joder, mientras tantos nos ignoraban, se hacían los locos y cuando otros alegremente aprobaban el pago de esta deuda, o nos atacaban de manera cobarde, es difícil de dejar de experimentar amargura y sobre todo, endemoniamiento. Pero bueno, entre robos validados y fraudes pagados por el erario en aras de conveniencias políticas, y entre justificaciones cínicas, te veas.

Descarga la aplicación

en google play en google play