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La Red de Mujeres contra la Violencia demanda a los candidatos presidenciales respetar «el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos».

| 16 de Agosto de 2006 a las 00:00
La Red de Mujeres contra la Violencia ratificó su enérgica posición contra "los pactos políticos, económicos y religiosos impuestos por la clase política (que) han exacerbado los autoritarismos, la corrupción, el cierre de los espacios democráticos, la impunidad y el irrespeto del Estado Laico. Particularmente el no acceso a la justicia de las mujeres. Las organizaciones de mujeres integradas en la Red emitieron un comunicado donde plantean doce demandas a los cinco partidos que competirán en las elecciones del 5 de noviembre, entre las cuales destacan "aprobar una Ley que prohíba la contratación de funcionarios públicos involucrados en actos de violencia contra las mujeres e incumplimiento de responsabilidades paternas", realizar "una pronta investigación de los asesinatos de mujeres para asegurar que los asesinos no queden en la impunidad ni se amparen en su inmunidad" y "la despartidarización de los poderes del estado para garantizar el acceso real de las mujeres a la justicia". Este es el comunicado íntegro:

Planteamiento de La Red de Mujeres contra la Violencia

Ante la constante violación de derechos hemos denunciado: 1. Que se mantenga una cultura política que se niega a reconocer los derechos de las mujeres. Que discrimina y violenta a todas las mujeres, con énfasis a aquellas con discapacidades, las afrodescendientes, las indígenas, las que tienen opciones sexuales diferentes a las promovidas por el machismo. 2. La constante amenaza de penalizar el aborto como una forma de control del cuerpo de las mujeres. 3. La indiferencia de las instituciones públicas ante la gravedad de las situaciones de violencia contra las mujeres, expresada en la no asignación de presupuesto a los planes y programas para prevención y atención a la violencia basada en género, la no suscripción del Protocolo Facultativo de la CEDAW como mecanismo para el cumplimiento de los compromisos internacionales con los derechos de las mujeres y el no reconocimiento de la Corte Penal Internacional. 4. La responsabilidad del estado ante el incremento de los asesinatos o feminicidios, como expresión extrema de la violencia contra las mujeres. Así como el sesgo de las políticas de seguridad ciudadana que no asumen que la mayor inseguridad de las mujeres está dentro de sus hogares. 5. El empobrecimiento de las mujeres causado por las políticas macroeconómicas impuestas por el neoliberalismo y sus instituciones bancarias, que promueven la explotación de las mujeres en las maquilas, la migración forzosa, no acceso a la educación, la salud, la propiedad, crédito y servicios básicos. 6. La discriminación manifiesta con las mujeres demandantes por las secuelas del Nemagón que están siendo excluidas de sus justas demandas al no reconocer los efectos que para sus vidas ha significado la contaminación adquirida. 8. Los pactos políticos, económicos y religiosos impuestos por la clase política han exacerbado los autoritarismos, la corrupción, el cierre de los espacios democráticos, la impunidad y el irrespeto del Estado Laico. Particularmente el no acceso a la justicia de las mujeres. 9. La poca participación de mujeres en las candidaturas de elección evidencia la necesidad de promover una reforma de la ley electoral que rescate la suscripción popular y que no condicione la participación política a través de los partidos políticos. Por lo tanto nuevamente demandamos: 1. La participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas para garantizar la aprobación de leyes, políticas, planes y presupuestos que disminuyan la brecha de desigualdades y la eliminación de todas las formas de manifestaciones de violencia. 2. La suscripción del Protocolo Facultativo de la CEDAW como mecanismo para el cumplimiento de los compromisos internacionales con los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la Corte Penal Internacional que garantice la sanción a las violaciones de los Derechos Humanos. 3. La obligatoriedad del estado de asignación presupuestaria por el programa nacional de prevención y atención de lucha contra la violencia basada en género, apertura de unidades de Comisarías de la mujer en todas las delegaciones policiales así mismo la ampliación del número de fiscales del ministerio público para asegurar la defensa de las sobrevivientes de violencia. 4. Fortalecer el INIM como mecanismo nacional de la mujer y elevarlo a rango de ministerio en concordancia con su rol de rector para la aplicación de políticas públicas para la equidad de género. 5. Aprobar una Ley que prohíba la contratación de funcionarios públicos involucrados en actos de violencia contra las mujeres e incumplimiento de responsabilidades paternas. 6. Una pronta investigación de los asesinatos de mujeres para asegurar que los asesinos no queden en la impunidad ni se amparen en su inmunidad. 7. La despartidarización de los poderes del estado para garantizar el acceso real de las mujeres a la justicia. 8. Respetar el Estado Laico tal como lo establece la constitución política de la República. 9. Respeto a los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el reconocimiento de la diversidad sexual. 10. La reforma a la Ley electoral que rescate la suscripción popular y que no condicione la participación política a través de los partidos políticos. 11. Que el estado de Nicaragua asuma la representación de las mujeres afectadas por el Nemagón para su acceso efectivo de sus justas demandas. 12. La inclusión de las perspectivas de género en todas las políticas de desarrollo como cumplimiento a la obligatoriedad de igualdad establecida constitucionalmente. Las elecciones nacionales representan una oportunidad para que las mujeres utilicemos nuestro voto con una actitud crítica como instrumento de cambio para lograr el ejercicio real de nuestra ciudadanía y autonomía individual. Por lo cual la Red de Mujeres contra la Violencia, vemos como prioridad lograr en este proceso electoral la apertura democrática del sistema política, que contribuya a la eliminación de los pactos y que posibilite el reconocimiento real de nuestros derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Nicaragua, 15 de Agosto del año 2006.

Red de Mujeres contra la Violencia


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