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Cárcel para ricos que roben energía

Managua. Varias agencias. | 13 de Marzo de 2008 a las 00:00
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el jueves en lo general un proyecto de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Básico de Energía, conocido como "Ley antifraude", por 75 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones de un total de 91 diputados. La iniciativa, denominada "Ley especial para la distribución y el uso responsable del servicio público básico de energía", fue aprobada a pesar de las críticas que la oposición hizo en los debates hacia el desempeño de Fenosa, que opera en Nicaragua desde el 2000. La ley, que el miércoles fue debatida pero no aprobada en lo general por falta de quórum, propone que los usuarios de más de 500 kilovatios que sean descubiertos "sustrayendo" ilegalmente energía, sean sancionados con medidas administrativas, mientras que a los consumidores de más de 1.000 kw sean castigados con penas de uno a tres años de prisión, en un juicio penal. La iniciativa enviada al Parlamento por el presidente Daniel Ortega el 28 de noviembre pasado, establece sanciones administrativas contra los que roben arriba entre 500 y mil kilovatios de energía al mes. Según el vocero de Fenosa en Managua, Jorge Katín, el robo de energía causa una pérdida de 100.000 dólares diarios, lo que ha dificultado, según él, invertir en las mejoras que contempla el contrato que suscribieron con el Estado para administrar la distribución y comercialización de energía. Katín dijo que la aprobación de la ley antifraude es fundamental para que la empresa inicie una inversión de 15 millones de dólares en las redes de trasmisión, al margen de los 20 millones de dólares que España ofreció a Nicaragua para mejorar las plantas estatales de generación. El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, informó de que tras el debate de hoy de dos horas, el proyecto de ley continuará siendo debatido artículo por artículo el 27 de marzo próximo. Núñez dijo que la junta directiva del organismo legislativo acordó ayer que los jefes de grupos parlamentarios continuarán trabajando en los próximos días, para establecer consensos sobre las mociones que se presentarán sobre el dictamen aprobado hoy. El diputado liberal Wilfredo Navarro durante el debate señaló que esta ley debe de ser de doble vía en el sentido de no sólo beneficiar a la transnacional española Unión Fenosa, distribuidora de la energía eléctrica en Nicaragua desde el año 2001. Navarro añadió que la ley también debe de establecer obligaciones para Unión Fenosa para que invierta en planes para mejorar las redes de distribución y reducir considerablemente las pérdidas de energía que se producen, porque las redes se encuentran en mal estado. El legislador afirmó que las pérdidas técnicas y por robos de energía se le cargan a los consumidores, que tienen que pagarlas, lo que consideró injusto. Navarro dijo que tiene en su poder centenares de reclamos de usuarios por daños en electrodomésticos por mal servicio, que han sido resueltos a su favor por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), regulador del sector, pero que Unión Fenosa no paga. Según el legislador, Unión Fenosa no paga estos reclamos porque lo que hace es recurrir de amparo contra las resoluciones del INE ante los tribunales del país. Agregó que la ley debe de castigar el robo de energía pero también incluir obligaciones a Unión Fenosa para que no cobre por energía que los usuarios no reciben, "porque esto también es un robo". Durante los debates, la oposición política criticó al presidente Ortega por "despotricar" en público contra Unión Fenosa, mientras por otro lado promueve leyes para proteger los intereses de la transnacional. El grupo parlamentario Movimiento Renovador Sandinista (MRS) rechazó la iniciativa de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía, por considerar que atenta contra los intereses de las personas de escasos recursos y protege a las grandes distribuidoras de energía eléctrica. El diputado independiente Mario Valle en el debate dijo que hay que proteger a las inversiones, vengan de donde vengan, pero que también hay que defender los derechos de los consumidores, y que esto debe quedar claro en la legislación que continuará siendo debatida artículo por artículo. Valle dijo que los medidores de consumo de energía están bajo control de Unión Fenosa, fuera de los domicilios de los consumidores, pero al mismo tiempo responsabiliza a los usuarios por lo que suceda con estos equipos técnicos. Las fuentes legislativas también indicaron que de la aprobación de esta ley dependen desembolsos que tienen que hacer a Nicaragua el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) por 16 y 10 millones de dólares, respectivamente.

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