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Impugnaciones a candidatos domina actividad partidaria

Managua. Agencia PL. | 27 de Marzo de 2008 a las 00:00
La posible impugnación de candidatos con causas pendientes con la justicia y la suspensión de las elecciones en tres municipios del país, es el tema más sobresaliente de la precampaña de los comicios locales previstos para noviembre de este año. Fuentes parlamentarias adelantaron este jueves que el Consejo Supremo Electoral (CSE) iniciará esta semana la revisión de las listas a cargos electivos presentadas por los partidos políticos. Puntualizaron que si hay algún candidato que tiene asuntos pendientes con la justicia será impugnado, lo que conllevaría su inhabilitación política. En la actualidad, sobre el principal candidato de la alianza entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Movimiento Vamos con Eduardo, el diputado Montealegre, pesan sospechas de ser partícipe de un presunto fraude millonario a los fondos del estado. Sin embargo, hasta la fecha no se presentaron pruebas de su participación en el hecho, calificado en medios nicaragüenses del mayor robo en la historia moderna del país. Por otra parte, la oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega, es contraria a que se suspendan las comicios en los municipios Puerto Cabezas, Waspan y Prinzapolka, los más afectados por el huracán Félix en 2007. Montealegre amenazó con no permitir que con una decisión administrativa se de ese paso, el cual, según él, debe aprobar la Asamblea Nacional por 56 votos. Sin embargo, el diputado del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), José Figueroa Aguilar, estimó que aunque el CSE no se ha pronunciado, el Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) puede decidir la suspensión. La víspera dirigentes del Partido Yatama decidieron la parada y demandaron que los recursos para ese fin sean destinados a restaurar los daños de las áreas afectadas por el huracán Félix. Según dijo este jueves el parlamentario Brookling Rivera, principal dirigente de ese partido de la costa atlántica, las regiones autónomas tienen derecho a que se respete el Estado de Derecho y su autonomía.

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