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Mafia de proxenetas que prostituye niñas nicaragüenses en El Salvador, a punto de quedar impune por culpa de jueces corruptos o incapaces

Jorge Ávalos, de El Diario de Hoy. Desde San Salvador. | 18 de Septiembre de 2006 a las 00:00
Las víctimas son tres niñas nicaragüenses, quienes fueron traídas a El Salvador y vejadas. Los acusados de esos abusos quedaron libres días después de la detención, cuando un juez los favoreció con la exoneración provisional, a pesar de la gravedad de los hechos. Aunque el proceso sigue, los investigadores desconfían del mismo sistema para el que trabajan, debido a "muchas coincidencias". El caso en sí reúne todas las variantes de la explotación sexual: tráfico, trata, prostitución y producción y distribución de pornografía infantil.

Impunidad en prostitución de menores

Por Jorge Ávalos, de El Diario de Hoy. Primera entrega.

Esta investigación se inició por una llamada anónima: un importante caso en la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas y niños corre el peligro de quedar impune. De acuerdo con el informante, el caso merece una mayor vigilancia por parte de la sociedad porque existe una alta probabilidad de que los imputados estén buscando la manera de sobornar a las autoridades para garantizar su libertad. El caso en cuestión llegó a ser conocido como el de la banda de "Los Pilotos", en referencia a cuatro hombres, estudiantes de aviación, acusados del tráfico y la trata de tres adolescentes nicaragüenses. Los imputados, José Miguel Clará Uriarte, Óscar Ernesto Rodríguez Pérez y Jorge Armando Sorto Rodríguez, fueron capturados el 27 de enero de 2006 por la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil (PNC). Un hombre más, Roberto Carlos Melgar Suria, fue acusado por la Fiscalía General de la República en ausencia. El caso de "Los Pilotos" es clave porque reúne todas las variantes de explotación sexual de menores: tráfico, trata, prostitución de personas ajenas y, según el testimonio de las víctimas, la producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Debido a la minuciosa investigación de la División de Fronteras, a los fuertes testimonios de las tres adolescentes de 14, 15 y 16 años de edad, y al conjunto de peritajes, los dos fiscales asignados al caso nunca dudaron de que lograrían la judicialización y la condena de los explotadores. Pero en un inesperado revés, el primero de febrero, el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, Eduardo Tenorio, ordenó sobreseimiento o exoneración provisional de cargos para los imputados por dos razones: porque las niñas habían venido al país por su propia voluntad y porque el tiempo que pasaron fue muy corto para que los implicados generaran ingresos "de tal situación" (la prostitución). De acuerdo con el Código Penal de El Salvador, el consentimiento de las víctimas no cuenta en casos de tráfico o trata si éstas son menores de edad. Al contrario, cuando hay niños o niñas en condición de explotación, las penas se incrementan por la gravedad del caso. Tampoco es un criterio legal el margen de ganancia de los proxenetas. De hecho, no hay ningún otro precedente legal en la historia judicial del país en el que un juez se haya apiadado de los explotadores porque no hicieron suficientes ganancias de sus víctimas. La decisión del juez Tenorio no sólo ignoró las normativas nacionales. El Salvador ha firmado un total de 28 convenios internacionales con el fin de proteger a la niñez y prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Con su decisión, el juez Tenorio violó, de un solo golpe, 26 de estos convenios. Pero los fiscales asignados al caso no cedieron. El 6 de febrero presentaron ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla una solicitud de reapertura del proceso. Esta vez consiguieron pasar la causa a la fase de "instrucción formal sin detención", en otras palabras, a pesar de ser acusados de delitos muy graves, los cuatro imputados están libres. A pesar de esta libertad condicionada, todavía pesa sobre ellos la acusación de tres graves delitos: tráfico ilegal de personas, trata de personas y agrupaciones ilícitas.

La sombra de una duda

La decisión inicial del juez Tenorio generó alarma entre los aplicadores de la ley y en los representantes de las instituciones que luchan contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. "No se trata en este caso de condenar a un inocente. Se trata de primas a primeras de soltar a personas que ni siquiera se habían investigado lo suficiente o con criterios que son realmente bastante discutibles", expresó Ítalo Cardona, Coordinador Nacional del Programa Contra el Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Para la Unidad de Trata de la División de Fronteras de la PNC, que había logrado con éxito la rápida investigación y captura de los tres imputados, la decisión del juez Tenorio les causó frustración, pero no los sorprendió. ¿Por qué? Según el sargento José Noé Ayala, jefe de sección de Trata de Personas, sólo hay dos opciones por considerar: "El juez, o desconocía la disposición (legal) o realmente había otra cosa". Una fuente anónima de la Fiscalía General de la República asegura que es imposible que el juez Tenorio haya desconocido los protocolos y las normativas sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque "no es la primera vez que él resolvía este tipo de casos. Es un juez con mucha experiencia". La cuestión a considerar es si los aplicadores de la ley enfrentan en este caso algo más que malas decisiones judiciales. Hay un dato en particular que llamó la atención de los investigadores y los hizo considerar el grado de poder y de conexiones con que cuentan los imputados. Días antes de las capturas, se realizaron cateos en las casas de citas de Santa Tecla donde las niñas nicaragüenses eran explotadas junto a otras dos salvadoreñas. Pero cuando los agentes llegaron no encontraron a ninguna menor de edad. Previamente, Jorge Sorto y Oscar Rodríguez habrían recibido una llamada de alerta de un amigo de ellos que trabaja en la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de El Salvador, según las fuentes. Las niñas fueron llevadas a un hotel, donde, de acuerdo con un testimonio, Óscar violó a la menor de 14 años, quien ahora está embarazada. La llamada de advertencia que vino de Migración no fue la única. Los imputados también se enteraron de que la Unidad de Trata los investigaba y fue así como decidieron llevar a las tres nicaragüenses a Santa Rosa de Lima, La Unión, donde también fueron prostituidas en una cervecería, utilizando para ese fin un cuarto oculto tras una puerta falsa. Al final, la Unidad de Trata logró detener a los imputados, a quienes les decomisaron cuatro vehículos. De estos, el juez Tenorio ordenó que se les regresaran a los imputados los dos vehículos utilizados para el tráfico desde Nicaragua y para el transporte para fines de trata dentro de El Salvador. Los otros dos vehículos, los que no fueron utilizados en los delitos, todavía permanecen en manos de la División de Fronteras. Dado que las niñas indicaron que fueron fotografiadas desnudas para una página de Internet, la Unidad de Trata también decomisó equipo informático: dos computadoras, un quemador de discos compactos y 30 CD. Cuando la Fiscalía solicitó el peritaje técnico de este equipo se llevaron una sorpresa: el especialista del laboratorio de la Policía Técnica Científica de la Policía se recusó. Él no podía hacer el peritaje, sostuvo, porque era íntimo amigo de uno de los imputados. Ese no es el único vínculo que los acusados tienen con personas que trabajan en las instituciones aplicadoras de la ley. Casi inmediatamente después de las capturas se descubrió que José Miguel Clará Uriarte es hijo de una subcomisionada de la Policía Nacional Civil. Otro de los imputados es hijo de una auxiliar de la Procuraduría General de la República. El tercero es hijo de un empresario.

Irregularidades

Después de que los dos fiscales originalmente asignados al caso obtuvieron la instrucción formal para los imputados, fueron reemplazados por otro. El nuevo fiscal ha enfrentado en los últimos meses medidas dilatorias por parte de la defensa y acciones que varias fuentes coinciden en llamar "inhumanas", porque han llevado a la revictimización de las niñas nicaragüenses. Entre estas medidas se cuentan la prolongada estadía de las víctimas en El Salvador para un reconocimiento que nunca se llevó a cabo, debido a la ausencia de los imputados. Aunque se frustró tres veces, al final la Fiscalía logró un anticipo de prueba con los testimonios de las víctimas. En más de una ocasión durante esta etapa de instrucción, debido a las ausencias injustificadas, el juez tuvo la oportunidad de cambiar la medida sustitutiva de los imputados (la libertad condicional) por una medida privativa (detención), pero nunca ejerció esa opción. Según el sargento Ayala, este es un caso "de crimen organizado, por lo tanto no deberían haberse aplicado medidas sustitutivas. El juez debería privarlos de su libertad para que no tengan la oportunidad de escapar del país". Aún más serio es el hecho de que los imputados han tenido acceso directo a las víctimas, presuntamente para intentar que cambien sus testimonios. A pesar de que la producción, posesión y distribución de pornografía infantil podría significar por sí sola una fuerte condena para cada uno de los tres imputados, la Fiscalía no ha realizado ningún esfuerzo en los siete meses desde las capturas para obtener un peritaje técnico de las computadoras decomisadas. Mientras tanto, las víctimas esperan. Viviendo aún en condiciones paupérrimas en su natal Nicaragua, ellas no saben que sus historias se han convertido en un caso tan importante para el futuro de la justicia en El Salvador porque, para bien o para mal, su resolución sentará un precedente.

Una investigación

Fue una de las tres denuncias recibidas en el 2005, sin embargo, la que puso a la Unidad de Trata de la Policía Nacional Civil (PNC) tras la pista de "Los Pilotos". El proceso que siguieron los agentes ejemplifica sus métodos. Dos niñas de origen nicaragüense, de 15 y 16 años, fueron rescatadas de una casa de citas en enero de 2006 y llevadas al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Un día después se fugaron del albergue en el que se encontraban. La oficina subregional de Santa Tecla de la Fiscalía General de la República emitió una dirección funcional para la Unidad de Trata con el fin de localizarlas. Con el conocimiento de que las niñas habían entrado a El Salvador a través de La Unión, siguiendo una ruta que las había llevado de la frontera de El Amatillo hasta Santa Rosa de Lima, dos agentes viajaron a esa ciudad el 19 de enero, donde las encontraron en condición de explotación. Con ellas estaba otra menor de edad, también nicaragüense y de sólo 14 años. Los agentes entrevistaron a las tres adolescentes y obtuvieron información detallada sobre los hombres involucrados en el delito y sobre los lugares donde habían sido prostituidas por ellos. Con esta información redactaron un acta y la remitieron de inmediato a la Fiscalía. Un día después, el 20 de enero del 2006, la subregional de Santa Tecla de la Fiscalía emitió una nueva dirección funcional ordenando la investigación del caso. En sólo cinco días, la Unidad de Trata logró individualizar los delitos, estableciendo la participación de cuatro sospechosos en el ilícito de trata de personas menores de edad en la modalidad de explotación sexual comercial. El 26 de enero, la Unidad de Trata montó un operativo con el fin de capturar a José Miguel Clará Uriarte, a Oscar Ernesto Rodríguez Pérez, a Jorge Armando Sorto Rodríguez y a Roberto Carlos Melgar Suria, de los cuales se tenía suficientes indicios de participación en los ilícitos de ESCNNA. El operativo finalizó el 27 de enero con la detención de tres de los involucrados y con el allanamiento de cuatro residencias y del local en Santa Tecla donde las menores de edad eran prostituidas.

Las víctimas

"Para atacar el problema de la trata es necesario hacer un esfuerzo más allá de las fronteras porque se trata de un problema regional", señaló el sargento José Ayala, jefe de la Unidad de Trata de la PNC. Entre enero del 2005 y agosto del 2006, la Unidad de Trata rescató a 21 menores de edad de otras nacionalidades: 11 niñas nicaragüenses entre los 14 y 17 años de edad, una niña beliceña de 13 años, cuatro niñas guatemaltecas de 12 años, y cinco hondureños entre los 10 y 11 años, incluyendo dos varones y tres niñas. Estas cifras no dan cuenta de la verdadera dimensión de la trata de menores de edad en El Salvador. Otros datos del flujo migratorio a través del país dan una indicación de que el problema podría ser mucho más grave. Sólo en los primeros tres meses del 2006 la Dirección General de Migración deportó a 319 menores de edad. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de trata son niños y niñas salvadoreñas: un total de 51 han sido rescatados desde enero del 2005 hasta agosto del 2006. Las tres niñas nicaragüenses reportaron que en la casa de citas de Santa Tecla había una salvadoreña de ojos claros que era la más solicitada por los clientes por su atractivo y porque era una niña. Este es un hecho innegable acerca de estas víctimas: ni con maquillaje ni con vestuario exótico podrían ser confundidas por mujeres adultas. Los hombres que abusaron de ellas lo hicieron precisamente porque son menores de edad, explotaron esa condición y se lucraron de ella. "Hay algo que al parecer no es técnico pero sí tiene una aplicación técnica: necesitamos ser sensibles a una realidad que viven niños y niñas en este país, porque no ser sensibles a esto nos puede llevar a aplicar patrones culturales que están divorciados de lo que está sucediendo y de lo que el país va buscando", dijo Cardona. "Enfrentamos prejuicios y tendencias socioculturales muy complejos", observó Edwin Recinos, un abogado del equipo jurídico del ISNA. "La insensibilidad sobre el daño que la explotación sexual comercial causa a las niñas, niños y adolescentes es un reto que todavía tenemos como institución y como sociedad", agregó. El sargento Ayala concuerda: "Debemos seguir trabajando, porque el fenómeno es muy grande. Pero hemos aprendido a ver que en realidad hay allí una víctima y que hay que verla como es: como una persona humana y vulnerable".

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