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¿Preparan asesinatos políticos en Honduras por el ALBA?

Tegucigalpa. Diario La Jornada, México. | 28 de Septiembre de 2008 a las 00:00
Agentes policiales vestidos de civil fueron detenidos en las inmediaciones de las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras (Sitraunah) con una lista de 135 nombres de dirigentes sociales a los que altos mandos de la seguridad pública buscan "liquidar", denunciaron trabajadores universitarios. La captura de los policías, el 10 de septiembre pasado, ocurrió tras varias acciones contra dirigentes sociales hondureños, incluido el asesinato de la secretaria general de la principal organización obrera del país, la Central de Trabajadores de Honduras, Altagracia Fuentes Gómez, en abril pasado, afirmó el presidente del Sitraunah, René Andino, en entrevista telefónica con La Jornada. Miembros del Sitraunah detuvieron en el campus universitario a un hombre vestido de civil que tomaba fotos del local y minutos más tarde sorprendieron a otro que esperaba en las inmediaciones a bordo de una motocicleta, encubierto bajo una camisa de la compañía telefónica Hondutel. Los dos sujetos, Nahún Sauceda y Roberto Quiñones, resultaron ser miembros de la Policía Nacional Preventiva y portaban armas Beretta. Tras registrar la motocicleta, los sindicalistas hallaron una lista de siete páginas con nombres de líderes sociales, incluida la recientemente asesinada Altagracia Fuentes Gómez. Los agentes de la policía fueron liberados después de que el Sitraunah levantó un acta ante el Ministerio Público. En la nómina también están el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, el propio Andino y reconocidos líderes magisteriales, indígenas, obreros, diputados, periodistas y sacerdotes, así como Carlos Reyes, dirigente del Bloque Popular, que agrupa a un conjunto de organizaciones que han expresado su apoyo a la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), que encabeza el presidente Hugo Chávez. Los policías dijeron trabajar bajo las órdenes de la Unidad de Grupos de Presión del Ministerio de Seguridad, pero Andino y otros dirigentes sindicales y de organizaciones humanitarias sostienen que Sauceda y Quiñónez están a las órdenes del jefe de la Policía Nacional Preventiva, Salomón de Jesús Escoto Salinas, jefe del Batallón 316 del ejército, al cual se le atribuye la desaparición de 174 líderes sociales en los años 80. Ante esa situación, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares solicitó a Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales que se mantengan atentos a las condiciones en que se encuentran Sauceda y Quiñones, así como las personas incluidas en la lista. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México envió el 18 de septiembre una carta al presidente Manuel Zelaya en la que pide castigo para los responsables. Andino dijo que las represalias contra el movimiento sindical son muestra de "los tentáculos de la oligarquía y del imperio estadunidense", por el apoyo brindado al Alba y "porque siempre hemos estado en esta lucha para lograr una verdadera independencia".

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