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Descartan fraude y observación nacional

Managua. Informe Pastrán. | 5 noviembre de 2008

Las elecciones municipales del próximo domingo no tendrán observadores nacionales, a pesar que la Ley Electoral lo permite y que el propio Consejo Supremo Electoral, CSE, redactó una normativa desde hace varios meses.

El presidente del CSE, Roberto Rivas argumentó que ya es demasiado tarde para emitir una credencial para acreditar al Instituto para la Promoción de la Democracia (IPADE) y al organismo Ética y Transparencia, a la vez que advirtió que nadie puede ingresar al recinto de la Junta Receptora de Votos sin el debido permiso o acreditación del Poder Electoral y que quien altere el orden debe someterse al policía electoral.

Consideró que el IPADE "tiene una actitud más ponderada" que EyT que ha retado que va a la calle con o sin acreditación, pero eso no bastó para que les permitieran ser observadores.

"Ya estamos bastante tarde para dar las acreditaciones, veremos qué pasa el día de las elecciones, vamos a garantizar que las elecciones sean transparentes y que sean el reflejo de la voluntad popular y esa es nuestra responsabilidad", dijo Rivas a "Noticias 12".

"En las JRV solo puede estar el personal debidamente autorizado y acreditado por la autoridad electoral. Si alguien pretende entrar a una JRV de manera violenta, ahí habrá policías electorales", advirtió el titular del CSE.

Llamó a los medios de comunicación a respetar la ley porque a partir de esta medianoche comienza el silencio electoral.

"Espero que todos los medios contribuyan en ese sentido para que nuestro pueblo reflexione", manifestó.

Sí funcionarán como observadores el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), y presidentes de tribunales electorales de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Sin posibilidad de fraude

Rivas descartó la posibilidad de que se vaya a producir un fraude en las elecciones municipales del próximo domingo, tal como lo han denunciado los liberales.

"Creo que nuestros medios de comunicación y en esto incluyo al (diario) La Prensa deberían estar orientando una educación cívica positiva, no decir, si la boleta tiene mancha, a lo mejor el que va a una mesa no sabe como manchar una boleta o en qué parte invalidarla, el problema está en que si vos comenzás a dar los elementos de cómo invalidar una boleta partidaria en una mesa determinada, estás dando a los malintencionados la idea de cómo hacer las cosas", dijo Rivas.

Pidió sobre todo a los medios de comunicación que especialmente la educación cívica vaya en sentido positivo.

Dijo que en todo caso, si existen evidencias fundamentadas de irregularidades o alteraciones, estas deben ser dirigidas por los canales correspondientes.

Manifestó saber que hay denuncias de violaciones electorales, pero eso le corresponde investigar a la fiscalía.

Observación limitada

Será difícil para los grupos de observadores nacionales emitir un informe el día de las elecciones si no los acredita el Consejo Supremo Electoral y no tienen la oportunidad de verificar el funcionamiento interno de las Juntas Receptoras de Votos.

El Director Ejecutivo del IPADE, Mauricio Zúniga reconoció este miércoles que si el CSE no los acredita hoy, será difícil que lo logren 24 horas antes de los comicios, porque hay que imprimir las identificaciones de todos sus cienes de observadores.

El IPADE pretendía fiscalizar 110 centros de cómputos y juntas receptoras en igual número de municipios.

"Creemos que estas elecciones van a ser más cerradas, van a haber disputas y el arma para eliminar votos va a ser latente", observó.

Dijo que se quiera o no, la credencial del CSE da legitimidad, legalidad y respaldo y un nivel de seguridad para su red de observadores nacionales y sin esta credencial que los respalde, es complicado frente a la violencia que se observa.

"Mientras más observadores existan es mejor para el proceso y así como los extranjeros (como el CEELA) pueden observar las elecciones también los nacionales debieran observar porque lo permite la Constitución", destacó.

La gran incógnita es cuál es la razón, porque no hay argumentos jurídicos frente a una práctica que esta institucionalizada y la Ley Electoral habla de los observadores y el CSE tiene la obligación de acreditarlos, alegó Zúniga.