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Suprema asume total responsabilidad de decreto de Ortega por cobros en Registro

Managua. Radio La Primerísima. | 11 de Marzo de 2009 a las 00:00
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado sandinista Rafael Solís, develó este miércoles que el decreto que emitió a inicio de mes el presidente Daniel Ortega, que modifica los cánones en el Registro de la Propiedad, son de exclusiva responsabilidad de todos los 16 magistrados del Poder Judicial. A partir del martes, medios de la derecha iniciaron otra campaña mediática en contra de Ortega, señalándolo de violar la Constitución al emitir el decreto pues la Carta Magna establece que sólo la Asamblea Nacional puede legislar en materia fiscal y tributaria, y que transgrede además otras leyes. El decreto cambia lo anteriormente establecido, de que esos cánones pasaran a la "caja única del Estado", por lo que faculta a la CSJ a cobrarlos mediante depósitos en la banca local, y eleva el monto de esos cánones por inscripción de propiedades de todo tipo, etc. Solís compareció este miércoles en el Canal 12, donde reveló que "desde hace tiempo" los 16 magistrados de la CSJ habían acordado impulsar esa medida en aras de "fortalecer" económicamente al Poder Judicial, con esos ingresos, y la vía que les pareció fue que se realizara por decreto presidencial. Explicó que tanto él como el presidente de la CSJ, el magistrado liberal Manuel Martínez, insistieron ante Ortega por la promulgación del decreto, al extremo que el líder sandinista reiteradamente le advirtió que los "examinaran" con mucho detenimiento y lo convencieran que estaba dentro de sus "facultades". Solís argumentó que el decreto de Ortega "no es inconstitucional" como lo han sostenido los medios de comunicación y algunos "especialistas", porque se trata del cobro de "un servicio, no de un impuesto que sólo puede establecerlo la Asamblea Nacional", como señala la Carta Magna. Dijo que disentía de las declaraciones del diputado de la bancada sandinista, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Legislativo, de que el decreto presidencial fue "una pifia" de Ortega, "que debe corregir" por no tener facultades para legislar en materia tributaria. El magistrado Solís reiteró que el decreto ejecutivo se refiere a montos y cobro "de un servicio" que brida el Poder Judicial en el Registro Público, y no de "una tasa" impositiva, lo que en realidad es del exclusivo resorte del Parlamento, por lo que es totalmente constitucional y legal, además ya está en práctica. Según el letrado, todos los 16 magistrados de la CSJ ya están "implicados" en el caso, habida cuenta que acordaron proponer a Ortega la emisión del decreto por lo que estarían inhibidos de conocer todo recurso de inconstitucionalidad que se presente en su contra, y lo deberán de resolver los "conjueces". Aseguró que esos fondos pueden ser supervisados por la Contraloría General de la República, porque su uso sería "transparente", contrario a lo que afirmó unas semanas atrás el magistrado-presidente Martínez, de que a la CSJ "no la puede investigar nadie", cuando habló sobre el nepotismo que ahí impera. Reveló que Martínez, en privado, le confió que esas declaraciones que dio a los periodistas fueron "desafortunadas", pero señaló que no existe legislación en el país para la investigación y destitución de un magistrado de la CSJ, ni ningún Poder del Estado puede hacerlo. Abordado en torno de las declaraciones de Ortega a favor de establecer en el país la reelección presidencial, o del cambio del sistema presidencialista a uno de corte parlamentario, Solís reafirmó su criterio que ser reelecto es un derecho que hasta la ley le niega a un mandatario, contrario a otros países. Señaló que la legislación actual no sólo transgrede el derecho de un presidente a ser reelecto, sino al propio pueblo nicaragüense, que con su voto premiaría a un mandatario por su buena gestión, reeligiéndolo en el cargo, o lo castigaría en las urnas, si considera que realizó una gestión deficiente. Manifestó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional seguirá impulsando un cambio de sistema político en el país a través de una reforma constitucional, o -por medio de la misma vía- establecer un sistema parlamentario, que incluya la figura de un primer ministro. Solís ratificó su criterio, expresado meses atrás, de que la primera dama y Secretaria de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia, Rosario Murillo, "sería una buena candidata presidencial" del FSLN, por su capacidad de trabajo y su larga trayectoria de lucha sandinista. Admitió que el FSLN, de tener los votos necesarios en la Asamblea Nacional, "habría hecho esas reformas constitucionales ayer", y terció que la prioridad actual es una "concertación económica y social de cara a enfrentar la crisis del capitalismo", que inició el martes con los sindicatos y sigue con los patrones. Descartó que esa concertación económica y social se convierta en un diálogo nacional, con los partidos políticos incluidos, porque éstos lo condicionan a una revisión de los resultados de las elecciones municipales de noviembre 2008, lo que es agua pasada y no se negocia. No obstante, el magistrado Solís no descartó que en los días de vacaciones de Semana Santa, se aviven las negociaciones políticas de los sandinistas con la oposición como en otros años, aunque por ahora el ambiente actual está frío, negociaciones que en el pasado han dado buenos frutos.

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