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Piden amparo y repatriación inmediata de Mel; el Comisionado DH pide plebiscito

Tegucigalpa. COMUN. | 2 de Julio de 2009 a las 00:00
Un grupo de políticos hondureños ha solicitado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, otorgue acción de amparo a favor del presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, y al mismo tiempo que ordene su regreso al país. No obstante, el Procurador de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, afín a los golpistas, propuso a su vez llamar a un plebiscito, que mediante la simple respuesta a un "Si" o un "No", decida si Zelaya puede regresar a su patria. Esta es la solicitud de amparo: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Claudia Herrmansdorfer, Víctor Fernández Guzmán, Adán Guillermo López Lone, Bertha Oliva, Tirza del Carmen Flores Lanza, Osman Fajardo Morel, Ben Hur López, mayores de edad, abogados(as), hondureños(as), comparecemos ante usted señores(as) Magistrados(as) de la Sala Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del Señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, a quien se le han violentado los derechos establecidos en los artículos 69, 81, 84, 99 y 102 de la Constitución de la República y 7.1 y 2, 11.2 y 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ACTO CONTRA EL CUAL SE RECLAMA. Los actos contra los cuales se reclama lo constituyen el ingreso ilegal al domicilio del señor José Manuel Zelaya Rosales, su captura y su expatriación a la ciudad de San José de Costa Rica ejecutados el día domingo 28 de junio del presente año en horas de la madrugada INDICACION CONCRETA DE LA AUTORIDAD CONTRA LA CUAL SE RECLAMA. La autoridad bajo cuyas órdenes actuaron los elementos militares que ejecutaron los actos contra los cuales se reclama es el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Romeo Vásquez Velásquez- RELACION DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD. El día domingo 28 de junio del presente año, en horas de la madrugada, la residencia del Presidente Constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, fue objeto de un allanamiento por parte de un contingente de elementos militares que, con disparos y mediante actos violentos lo capturaron y por la fuerza, esto es, en contra de su voluntad, fue trasladado vía aérea a la ciudad de San José de Costa Rica. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS. Con los hechos anteriormente descritos, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha violado, en perjuicio del señor José Manuel Zelaya Rosales, los siguientes derechos: a) Derecho de permanecer en el territorio nacional contenido en el artículo 81 y 102 de la Constitución de la República y 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos b) Derecho a la libertad personal contenido en los artículos 69 y 84 de la Constitución de la República y 7.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos c) Derecho a la inviolabilidad del domicilio contenido en el artículo 99 de la Constitución de la República y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos QUE SE DECRETE COMO MEDIDA CAUTELAR LA INMEDIATA REPATRIACION DEL AGRAVIADO. En el presente caso resulta procedente que se decreten medidas cautelares por las siguientes razones: a) Del mantenimiento de la expatriación del José Manuel Zelaya Rosales resulta una grave violación de sus derechos fundamentales y también de los de la población hondureña ya que, tratándose del Presidente Constitucional de la República, su ausencia forzada resulta en grave perjuicio del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país (Artículo 59 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional) b) Resulta notoria la falta de competencia de las Fuerzas Armadas para la realización de capturas o allanamientos de moradas (Artículo 59 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional) Las medidas cautelares en materia de justicia constitucional tienen por objeto hacer cesar de forma inmediata la violación denunciada, restituyendo al agraviado en el goce de sus derechos constitucionales, por tal razón, solicitamos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que decrete cautelarmente la inmediata repatriación del ciudadano Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, librando las comunicaciones del caso a los órganos administrativos correspondientes. LO QUE SE PIDE: A la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respetuosamente, PEDIMOS: a) Que se admita la presente acción de amparo ordenando el libramiento de comunicación a Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que remita los respectivos antecedes o rinda un informe circunstanciado en relación con los mismos b) Que se decrete como medida cautelar urgente la inmediata repatriación del ciudadano Presidente de la República José Manuel Zelaya Rosales, librando las comunicaciones a los órganos administrativos competentes para la ejecución de tal medida. c) Que se siga con el trámite legal correspondiente hasta que recaiga sentencia en la que se otorgue el presente amparo y se garantice al agraviado el pleno goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado anterior a la violación. Tegucigalpa, M. D. C., 30 de junio del 2009. Este es el documento del Comisionado DDHH Propuesta del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras "para legitimar el ejercicio de la soberanía nacional y del principio de autodeterminación de los pueblos". El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, propone una posible solución a la crisis política causada por hechos y circunstancias sujetas a diferente interpretación, según la distinta percepción de ellos por diversos sectores de la opinión pública: NATURALEZA POLÍTICA DE LA CRISIS De acuerdo a la Constitución de la República Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, en el cual la soberanía nace del pueblo, del cual emanan todos los poderes que se ejercen por representación; en él tanto la suplantación de esta soberanía como la usurpación de cualquiera de los tres poderes constituidos, constituyen el delito imprescriptible de traición a la Patria, también, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen; sus actos son nulos y el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. El ejercicio de los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, dejó de practicarse por acciones y decisiones que la jurisdicción nacional consideró ilegales en debido tiempo y forma en todas las instancias posibles. A raíz de los acontecimientos del 28 de junio último, en que el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales fue sustituido como Presidente de la República, los organismos multinacionales y regionales y otros sectores de la opinión internacional cuestionan el procedimiento empleado y las consecuencias. FUNDAMENTO ÉTICO JURÍDICO PARA UNA PROPUESTA Según el artículo 16 de la Constitución de la República "Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno". "La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria" (Art. 4 C. de la R.). Por el artículo 5 de la Constitución "El Gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa… (a) efecto de fortalecer(la) y hacer(la) funcionar… se instituyen como mecanismos de consulta a los ciudadanos el referéndum y el plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la vida nacional. Una Ley Especial aprobada por dos (2/3) terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional, determinará los procedimientos, requisitos, y demás aspectos necesarios para el ejercicio de las consultas populares. Corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos…" La Ley Especial al que se refiere ese artículo constitucional ya fue aprobada por el Congreso Nacional mediante el Decreto No.135-2009 aprobado el 24 de junio de 2009, pendiente de publicación en el Diario La Gaceta. En consecuencia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el ejercicio legítimo de sus atribuciones constitucionales y de su total independencia funcional, administrativa y técnica que le otorga su ley orgánica, formula siguiente propuesta pública: Que se someta a consideración del pueblo hondureño, mediante el Plebiscito convocado, organizado y dirigido por el Tribunal Supremo Electoral y supervisado por los Organismos Internacionales y Regionales y Observadores Independientes, la restitución de su cargo al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, mediante la simple pregunta de SI o NO. Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio de 2009 Doctor Ramón Custodio López Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

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