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Gobierno abandona a pacientes
y empeora crisis hospitalaria

Radio La Primerísima | 21 marzo de 2006

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Los hospitales de la mujer Berta Calderón y materno infantil Vélez Paiz de Managua y algunas ciudades como Rivas y Chinandega estaban este martes bajo fuerte resguardo de policías y agentes antimotines, que restringían el paso a trabajadores y a la población que llegaba por atención médica. Algunos trabajadores y familiares de pacientes internos lograron burlar los controles policiales e ingresaron a los hospitales por roturas en las mallas que rodean las instalaciones.

Como parte de la ocupación iniciada este martes, los agentes cerraron los portones de acceso de los hospitales, y prohibieron el paso a los miembros de FETSALUD y de la Federación Médica. Solo ingresaban aquellos incluidos en una lista proporcionada por el MINSA a las fuerzas del orden.

Los galenos, tras alegar que su huelga es legítima, protestaron por la ocupación policial que, sin embargo, se dio sin incidentes violentos ni detenidos.

El secretario general de FETSALUD, el médico y diputado sandinista Gustavo Porras, calificó el uso de la fuerza pública en el conflicto como "irracional", porque el gobierno pretende parar una huelga médica con el uso de antimotines. "No les tenemos miedo a los antimotines que no se metan con nosotros, si no nos vamos a ver obligados a ponernos de brazos caídos" y paralizar por completo la atención en los hospitales, advirtió Porras.

El director de asuntos jurídicos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, criticó la decisión del MINSA de enviar a la Policía, lo que estimó va a profundizar la crisis en los hospitales. Carrión instó a las partes en conflicto a "tratar de contribuir con una salida negociada, porque está de por medio -dijo- la violación de los derechos que tiene la población a la salud".

De acuerdo con el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, se trata de una medida preventiva, y aseguró que hasta el momento no se ha producido ningún acto de violencia. Cordero explicó que las labores en el hospital Berta Calderón fueron suspendidas, pero no en el Vélez Paiz. p>El director del hospital Bertha Calderón, Marcelino Pérez Rocha explicó que solicitó la presencia policial para garantizar la atención de emergencia a la población e impedir que los médicos en huelga cumplieran sus amenazas de expulsar a los únicos cinco galenos que han estado trabajando durante la huelga del sector salud.

Unos 3,000 médicos y trabajadores organizados en FETSALUD mantienen una huelga desde el pasado 14 de noviembre como presión al gobierno para que aumente los salarios del sector en orden de 30%. La huelga del sector de la salud fue declarada legal por la Corte Suprema de Justicia, aunque el Ministerio de Trabajo apeló esa decisión ante los tribunales.

El gobierno del presidente Enrique Bolaños alega que no hay dinero para atender las demandas de los sectores sociales, y que los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional le impiden destinar más de un nueve por ciento para aumentos salariales.

El ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado indicó que la presencia policial en los hospitales es para garantizar la atención de emergencia a la población, e impedir que los huelguistas cumplan sus amenazas de desalojar a los trabajadores que no participan de la protesta.

La ministra de Salud, Margarita Gurdián, dijo a la prensa que se ha visto obligada a solicitar la presencia de la policía en los hospitales porque en reiteradas ocasiones se ha impedido el acceso de la población a la atención médica en estas unidades.

Un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), expresó que con este problema de que se impide a la población el ingreso a la "ruta crítica" de los hospitales se pone "en riesgo la vida de las personas que demandan atención médica". La fuente agrega que el personal que se encuentra trabajando "en la ruta crítica" -salas de cuidados intensivos y coronarios- ha recibido constantemente amenazas e incluso han sido desalojados por los huelguistas.

En "reiteradas ocasiones se ha impedido el acceso de la población a la atención de la ruta crítica" en las diferentes unidades del país, poniendo en riesgo la vida de las personas que demandan ser atendidas, dice el comunicado.

Según el Minsa, el personal de salud que se encuentra laborando en la ruta crítica, "ha recibido constantes amenazas e inclusive el desalojo de sus respectivos centros de trabajo", lo que ha puesto en riesgo la vida de los pacientes ingresados en las unidades hospitalarias y la vida misma del personal. El Minsa "hace un llamado a mantener el orden y evitar el impedimento del acceso de la población de escasos recursos que demanda atención médica en las diferentes unidades de salud".



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