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Las víctimas del Nemagón, los desahuciados por los agrotóxicos, NO votan

Agencia AFP. Desde Managua. | 5 de Noviembre de 2006 a las 00:00
Juan Salgado y sus 35 compañeros que quedaron este domingo en el precario campamento instalado frente a la Asamblea Nacional nicaragüense, para reclamar una indemnización por el veneno que ingirieron durante sus años de trabajo en un ingenio de caña de azúcar, no votarán. "Nos prometieron que nos iban a dar transporte pero no lo han cumplido", aseguró Salgado, que a los 57 años no puede trabajar por una insuficiencia renal crónica. Es la misma enfermedad que aqueja a las 200 personas que han decidido traer desde su natal Chichigalpa (noroeste) hasta Managua su protesta para que les indemnice la rica y poderosa familia Pellas, dueña del ingenio San Antonio, el más grande de América Central, donde trabajaron hasta enfermar. La enfermedad, que ha matado ya a cerca de 2.500 personas en Chichigalpa y hace que la vida de otras 2.000 penda de un hilo, es consecuencia de los "químicos y los tóxicos utilizados en el ingenio". Su voluntad de resistir parece mucho más sólida que las endebles guaridas que han levantado para protegerse de la lluvia: unos palos recubiertos con cartones y plásticos negros por tejado en el sucio parque situado frente a la Asamblea Nacional, en lo que fuera el centro de Managua antes de que el terremoto de 1973 lo convirtiera en ruinas. "No nos iremos de aquí hasta que consigamos algo", aseguró Salgado, pese a que en los casi tres meses que llevan de protesta nunca han sido recibidos por la familia Pellas, a la que han interpuesto una demanda judicial. Pese a que ninguno de los cinco candidatos que aspiran a la presidencia de Nicaragua en las elecciones de este domingo ha venido a escuchar sus preocupaciones, esperan que el nuevo presidente, "sea quien sea", venga con "expectativas para solucionarnos esto". Los 200 miembros de la Asociación de Enfermos de Chichigalpa por la Vida (ASOCHIVIDA) comen gracias a la ayuda de la Iglesia católica, de la generosidad de los comerciantes del Mercado Colonial o incluso de los turistas. Como el sábado, cuando unos "americanos que pasaban por aquí nos compraron un quintal de arroz y frijoles y se quedaron a comer con nosotros". Ninguno de los que quedan puede trabajar ya, independientemente de la edad. Cirilo Anastasio Martínez, 40 años, que masca su desazón frente a un televisor minúsculo en una de las carpas, ha perdido un riñón, cuenta su esposa María Concepción Juárez. "Nos dan recetas para medicamentos, pero como no tenemos dinero no podemos comprarlos", asegura con la amargura en el rostro. Las hermanas Blanca y Virginia, de 34 y 32 años, ya han quedado viudas. La mayor con cuatro hijos, la segunda, con un pequeño. Hoy pueden prepararse en un fuego de leña un arroz aguado con cerdo porque han salido a pedir por la calle. "Estamos pensando en reunir los huérfanos y llevarlos frente a las oficinas de los Pellas", en la sede del Banco de América Central, dice Salgado. Pero lo peor, es que, asegura Salgado, en el ingenio San Antonio, al que sólo tienen acceso restringido los trabajadores, se siguen usando los mismos tóxicos.

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