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Nicas en Costa Rica deberán pagar por educación y salud

Agencias AFP y ACAN-EFE y diario La Nación. Desde San José. | 16 de Noviembre de 2006 a las 00:00
El Gobierno de Costa Rica impulsa una reforma a la ley de Migración para que los más de 900,000 extranjeros que viven en el país, la inmensa mayoría de ellos nicaragüenses, paguen nueve mil colones mensuales (unos 17 dólares) por su derecho a gozar de los servicios de salud y educación pública. El pago de la cuota (canon migratorio) se hará en las oficinas de la Dirección de Migración. Esa entidad no tiene definido el monto, pero el plan de ley toma como base el seguro por cuenta propia que emite la CCSS y que en promedio es de 9,000 colones al mes. Actualmente, miles de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, se benefician de los servicios de la educación y seguro social de Costa Rica de forma gratuita. En Costa Rica, según cifras del gobierno, residen cerca de un millón de extranjeros, de los cuales unos 600,000 están de forma legal. De unos 300.000 ilegales, la mitad son nicaragüenses, precisó un informe del ministerio de Seguridad Pública. A aquellos extranjeros que viven legalmente en el país se les cobrará el monto cuando acudan a renovar su permiso de residencia, explicó el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal. El ministro argumentó que cada año Costa Rica invierte decenas de millones de dólares en atención a la población migratoria, especialmente nicaragüenses. "Pasan de ser demandantes de servicios sociales a cambio de nada, a cotizadores; el país tiene todo el derecho a pedir esto", manifestó Berrocal. Para que los costarricenses gocen de los servicios de salud del seguro social, deben cotizar mensualmente el nueve por ciento de su salario, o pagar un seguro voluntario, que actualmente cuesta unos 17 dólares al mes. Cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que la institución gasta cada año casi 20 millones de dólares en la atención de inmigrantes que no cotizan al sistema local de salud. Esto no contempla los gastos en vivienda ni educación que reciben 143,000 extranjeros que cursan la primaria y secundaria. Por su parte, en el ministerio de Educación hay registrados 43,000 extranjeros que asisten a las escuelas y colegios públicos del país, donde la educación es gratuita, y hay 1,250 foráneos recluidos en las cárceles costarricenses.

Los exonerados

La propuesta exonera del pago del canon a quienes cotizan para uno de los seguros de la CCSS. También a los residentes temporales en misiones científicas, religiosas, deportivas o artísticas. Además, exime a trabajadores transfronterizos (viven en pueblos fronterizos pero vienen a Costa Rica a trabajar y regresan a su país). Las domésticas quedan exentas si su patrono está al día en el pago del seguro social de ellas. Si un foráneo demuestra que no tiene dinero para pagar la cuota, puede retribuir con trabajo comunal. Esto podría hacerlo, por ejemplo, pintando o construyendo escuelas, reparando caminos o aceras, entre otras actividades. En casos muy calificados, como personas con invalidez, Migración podrá otorgar la condición de residente a un foráneo sin el pago de la cuota previo estudio de su caso. Una vez cumplidos diez años de residencia continua en el país, el extranjero podrá renovar la cédula de residencia cada cinco años, sin pagar el canon. El Gobierno presentará esta reforma al Congreso en los próximos días, y se espera que sea aprobada a principios del 2007. La Ley de Migración entró en vigencia en agosto pasado, pero ha recibido múltiples críticas de sectores que consideran su contenido muy drástico para los inmigrantes. El pago del canon no obliga a la Dirección de Migración a aprobar la condición migratoria del solicitante. El extranjero deberá cumplir, además, con otros requisitos. Uno es no tener antecedentes penales.

Otros cambios

La reforma adapta la Ley General de Migración a los compromisos adquiridos por el país mediante tratados y convenios internacionales, principalmente en materia de derechos humanos. Además, crea un estatuto laboral migratorio para mejorar las condiciones de calidad del personal así como sus salarios. La reforma busca que los permisos de trabajo para los extranjeros que participan en las cogidas de café y la zafra azucarera se concedan directamente en Migración y no en el Ministerio de Trabajo, como ocurre ahora. También autoriza a los extranjeros a tramitar desde Costa Rica cualquier cambio en su condición migratoria sin necesidad de ir a su país de origen para gestionar desde el consulado tico. Para las autoridades migratorias, la Ley de Migración, vigente desde agosto pasado, dejó por fuera situaciones que ameritan un castigo más severo para los traficantes de seres humanos.

Más sanciones

La normativa contempla que la pena por traficar personas oscila entre los dos y seis años de prisión y que se agrava en aquellos casos en que las víctimas son menores de edad o el traficante es un funcionario público. Para estos casos la pena mínima de dos años podría aumentar en seis meses y la máxima de 6 años a 8 años. La propuesta del Gobierno mantiene las dos situaciones agravantes de la normativa vigente pero agrega otras circunstancias en que el delito se agrava y la pena aumenta. Así, por ejemplo, castiga con mayor severidad a los traficantes cuando los medios de transporte utilizados ponen en riesgo la vida de las personas. Es el caso, por ejemplo, de los coyotes que trasladan a los extranjeros en furgones totalmente cerrados o en embarcaciones de alto riesgo, como sucedió con más de 128 extranjeros (chinos y peruanos) dejados a la deriva en una embarcación el 8 de octubre pasado y que fueron rescatados por el Servicio de Vigilancia Marítima. En estos casos la pena mínima de dos años se aumentaría en seis meses más y la máxima de seis años en dos años más. La ley actual no tiene sanciones para las personas que permanecen ilegales en Costa Rica. Pueden salir del país y volver a entrar sin tropiezo por un período de hasta 90 días. Esto acabaría de aprobarse la reforma sugerida por el Gobierno, la cual establece que en estos casos se castigará al foráneo con un impedimento de entrada al país. Este impedimento podría ser del triple del tiempo que el extranjero permaneció ilegal. De esta manera, si permaneció ilegal dos años, no podrá volver a Costa rica durante seis años.

Zozobra entre inmigrantes

Sonia Briones Salazar, de 45 años y nicaragüense, dijo al diario La Nación: "Yo solo gano para los pases y la comida. Trabajo desde las 4 a. m. hasta las 10 p. m. cuando me acuesto y nunca me queda nada para el ahorro. La vida está muy cara. Ese impuesto es una injusticia, me quitarán la comidita". Algo similar declaró Francisca Herrera Pineda, otra nicaragüense, de 35 años: "actualmente, solo gano para el arroz y los frijoles como dicen aquí. Trabajo como loca, nunca descanso y la plata no se ve por ningún lado. Yo no puedo pagar ese dinero que dicen. Ya estamos pagando por el permiso de residencia, no es justo". María Esther López, una nicaragüense vendedora ambulante de 40 años, dice que "eso es demasiado. Hace poquito me quedé viuda con dos chiquitas que están en la escuela y a veces no tenemos ni qué comer. Trabajo vendiendo confites, delantales, bananos y pan, pero no nos alcanza". Los ancianos son los más perjudicados. A sus 80 años, doña Juana Francisca Rodríguez, también nicaragüense, está muy preocupada. "Imagínese que a mí me mantienen mis hijos. A mi edad ya no puedo trabajar, me moriría. Ese cobro es un abuso y me haría mucho daño porque somos pobres y apenas vamos saliendo". El panameño de 69 años, Mario Cubilla González, narró que vive "en Costa Rica desde hace 51 años. Me vine de Panamá para jugar con el Saprissa y me fui quedando. Ese impuesto es una injusticia, todo está caro. Mejor me hubiera nacionalizado hace tiempo".

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