Crisis en Honduras puso en entredicho papel de la OEA

El caso de Honduras ha dado mucho que decir y que analizar en los últimos seis meses y aún se está a la espera de su conclusión, que será, en principio, el 27 de enero, cuando tome posesión el presidente electo, Porfirio Lobo. En todo este asunto la actuación de la Organización de Estados Americanos ha dejado mucho que desear.

En las primeras de cambio y ante la salida forzada del presidente Manuel Zelaya, la organización tuvo una actuación apresurada, desmedida y temeraria, iniciando las acciones por la más severa, la que siempre se toma al final, después de un proceso de consultas y negociaciones y de agotar el diálogo, cosa que no sucedió, para luego tener que deshacer el camino andado y terminar ausente de la solución.

En sus sesenta años, la OEA ha pasado por períodos de luz y por etapas muy oscuras, como en la década de los setenta ante gobiernos dictatoriales como el de Augusto Pinochet en Chile, frente al cual no hubo sanción, o el episodio de Las Malvinas en los ochenta, donde fue imposible lograr el consenso en apoyo a Argentina; y ahora Honduras se suma a estos momentos grises. Esto no es más que el reflejo de aquel aforismo de que la OEA es y será lo que sus gobiernos quieren que sea.

Luego de los acontecimientos de Honduras, seguirá siendo el mismo organismo internacional, integrado por Estados soberanos y representado por sus gobiernos, que actúan más para cuidar sus intereses que para lograr los objetivos comunes en beneficio del hemisferio.

Hasta la fecha, con excepción de unos pocos, los miembros no han manifestado algún propósito de enmienda para corregir los múltiples errores y las consecuencias de las serias decisiones que, en el caso del país centroamericano, adoptaron en detrimento del sistema democrático, al desconocer la institucionalidad del Estado hondureño, reflejada en lo que se conoce como la separación de poderes, piedra angular de la democracia.

La posición asumida por la OEA en el caso de Honduras estuvo basada únicamente en la legitimidad que le daba a Manuel Zelaya el haber sido elegido por el pueblo, dejando a un lado las irregularidades cometidas durante el desempeño de su cargo, de las cuales conocía la comunidad internacional y que no tomó en cuenta oportunamente la organización.

Pero no toda la responsabilidad se debe atribuir a los Estados, pues estos, en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, le dieron una serie de atribuciones al secretario general en la conducción de la organización y en la defensa y preservación de la democracia, que lamentablemente ha utilizado acomodaticiamente para unos países y para otros no.

José Manuel Insulza fue el mayor contribuyente en la pérdida del rumbo que tuvo el organismo en el caso de Honduras y ha sido factor determinante en la pérdida de credibilidad de la OEA frente a la sociedad civil y la opinión pública.

Parcializado. Insulza, en contravención de las obligaciones que le impone su cargo, asumió desde el inicio de la crisis en Honduras una posición parcializada, fue incapaz de gerenciar la crisis, no buscó el diálogo ni el acercamiento de las partes en conflicto y hasta se puede afirmar que más bien la agravó. Afortunadamente, el pueblo de Honduras tuvo el pundonor suficiente para demostrar al mundo entero su deseo de vivir en democracia y de haber defendido con dignidad, sin dinero y sin el apo

"Es necesario exigir legitimidad de desempeño a los gobernantes"

yo internacional, su derecho a la autodeterminación, a pesar de países como Venezuela y Brasil, que olvidaron que la no injerencia es un principio sacro santo del Derecho Internacional, y de Mercosur, que aún pretende desconocer el resultado de unas elecciones programadas mucho antes de los sucesos que condujeron a la destitución de Manuel Zelaya.

Es mucho lo que los sucesos de Honduras han dejado y sobre esto son válidos los argumentos expuestos por el embajador Gerson Revanales en varios artículos sobre el tema, en particular cuando afirma: "De la lección de Honduras hay mucho por aprender; en especial la OEA, que debe en algún momento revisar la Carta Democrática y reconocer la división de los poderes, por que la legitimidad de ejercicio es el certificado de calidad en la democracia del siglo XXI".

El futuro de la OEA depende de la voluntad política de los Estados miembros y de los cambios que estos visualicen dentro de sus gobiernos, pero es imprescindible trabajar en lograr un equilibrio entre el espíritu de la Carta Democrática Interamericana como instrumento elaborado para preservar la democracia representativa como el único sistema político válido para la región y su actuación en el ejercicio de sus competencias soberanas.

En algún momento deberán reconocer que la legitimidad de origen de un gobierno es básica, pero que es necesario exigir legitimidad de desempeño a los gobernantes, que no es otra cosa que ejercer su autoridad con apego a los elementos y componentes esenciales de la democracia y en respeto a los principios fundamentales del Derecho Internacional en sus relaciones con los otros Estados: la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y la autodeterminación. No reconocer y exigir a los gobernantes cumplir con estos preceptos, puede conducir a que la OEA y la democracia tengan sus días contados para dar paso al populismo que hoy se vive en muchos países.

    

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