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¿El fin justifica los medios?, por Hugo Torres Jiménez

El Nuevo Diario | 7 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Si la pregunta se le hace a cualquiera de los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, incluido el FSLN, lo más probable es que conteste con una estrofa de una canción de Jarabe de Palo: "Depende, ¿de qué depende? De según como se mire todo depende". En efecto, si lo vemos desde la óptica personal del que usa medios obscuros para conseguir un objetivo –el fin– que le favorezca en sus intereses personales o de su grupo empresarial, gremial, religioso, político o de cualquier índole, sobre los de otros individuos o grupos de la misma naturaleza, seguramente a tal hecho le encontrará una justificación. Sobre todo si tales medios los usa, aparentemente, sin detrimento de la ley y la justicia. Podría, incluso, transgredir normas morales y éticas pero esgrimir en su defensa, si fuera el caso, el respeto a la ley; mejor aún, para sus propósitos, si ejerce algún control sobre el Poder Judicial. En todos los casos del empleo de los medios, claro está, se debe pagar un costo, en moneda o especies (favores políticos, coimas, tráficos de influencia, etc.), el cual es compensado con creces cuando se alcanza el objetivo deseado. Socialmente hay fines que justifican los medios usados para alcanzarlos, si se demuestra a través de la teoría y la práctica que son beneficiosos para el desarrollo moral, intelectual, ético o material, o para la seguridad de los pueblos que los aplican; esto, por supuesto, tiene que ver con el concepto de sistema político, social, económico y cultural que cada sociedad adopta para su existencia. La vigencia de la pena de muerte en las legislaciones de distintos países, algunos de ellos muy desarrollados, o la legalización reciente por parte del Presidente y Congreso norteamericanos, sin consultarlo previamente con su población, de la tortura física y mental a los prisioneros sospechosos de atentar contra los intereses de Estados Unidos, son pruebas fehacientes de la búsqueda de fines superiores a través de medios altamente cuestionados por otras sociedades, que los consideran lesivos y hasta aberrantes para la condición de seres civilizados. Significa esto que hay un debate permanente, en el campo de la ética y la legalidad, que trasciende las fronteras de un determinado país, en un afán por unificar criterios sobre estos asuntos hasta llegar a rechazarlos o convertirlos en normas legales universales de conducta. Viéndolo así, la norma social aceptada, sea en el campo de la moral, la ética o la ley, es la consecuencia de una teoría y una práctica debidamente cuestionadas en todos sus alcances, en un momento y un espacio determinados. No pueden, en consecuencia, ni los individuos ni los grupos de poder político, religioso, gremial o empresarial, ni de ningún tipo, transgredir tal norma so pena de cargar con la condena moral o legal de la sociedad a la cual pertenecen. El costo a pagar dependerá de la gravedad de la falta, es cierto, pero estará también en dependencia del peso específico de quien la cometa; es decir, del grado de influencia que tenga en la sociedad como para que tal falta se minimice o, por el contrario, se magnifique. Esto es válido para sociedades con instituciones débiles o fuertes. Lo que es difícil de determinar es el tiempo en que la sociedad le cobrará el pago a los ejecutores de la máxima que da título a este escrito. Mucho dependerá de cuán desarrollado sea el régimen democrático y de la solidez del estado de derecho y las instituciones políticas del Estado, principalmente la institución judicial encargada por antonomasia de la aplicación de la ley. El empleo masivo de agroquímicos altamente nocivos para la salud, como el Nemagón, por ejemplo, empleado por las transnacionales bananeras, o de otros no menos peligrosos como los empleados en el cultivo de la caña de azúcar, por los grandes empresarios de este sector, para aumentar la productividad en ambos rubros, sin advertirles a los trabajadores de los riesgos a los que se exponen al laborar en esas plantaciones, y sin proveerles de los medios apropiados para su protección, son un vivo ejemplo de la falta de escrúpulos, todo en función de la consecución del objetivo principal: las mayores ganancias de los empresarios. Buscan conseguir la justificación social bajo el argumento de que dan empleo a miles de trabajadores. Cuando se aplica la máxima en referencia en el campo de la política, al margen o en contravención de la ley, en estados débiles y con sociedades civiles desarticuladas, los efectos tienden a ser catastróficos para la sociedad, ya que se rompe la legalidad o legitimidad de los actos de los ciudadanos, se corrompen las instituciones, se prostituyen los tribunales de justicia, se reduce o desaparece el estado de derecho y se atenta contra la moral y la ética; es decir, se descompone a la sociedad y al régimen democrático en su conjunto, poniendo en riesgo la existencia misma del Estado. Peores resultados hay que esperar cuando los protagonistas de tal aplicación son los actores políticos más fuertes en términos del espacio de poder económico, político e institucional ocupado. Lo triste y lamentable de esto es que muchas veces, porcentajes importantes de la población, por ignorancia o por ser víctimas del engaño de sus gobernantes o dirigentes políticos, dejan hacer y pasar tales atropellos sin percatarse a lo inmediato que ella es la víctima principal de los mismos. Tal es el caso, sólo a manera de ejemplo, de la posición asumida por las dirigencias del FSLN, del PLC y de ALN sobre el tema del aborto terapéutico, que condena a miles de mujeres de escasos recursos a correr riesgos graves de muerte, y a la muerte misma, todo por complacer a la jerarquía, al clero y feligresía más conservadora de la Iglesia Católica y a las dirigencias y feligresías, igualmente conservadoras, de distintas denominaciones evangélicas, buscando ganarse sus adhesiones, influencias y votos en persecución del objetivo superior –el fin–: la Presidencia de la República y el perdón de los pecados cometidos. No extraña esa posición viniendo de los partidos conservadores –PLC y ALN–, pero sí es un contrasentido viniendo de la dirigencia de un partido que se sigue llamando revolucionario. En este caso se podría argumentar que no hubo transgresión de la ley, pero sin lugar a dudas se actuó en contra de valores y principios morales, éticos y políticos que dicha dirigencia dice respetar y defender (¿? ). El hecho anterior se sumó a otros medios empleados para alcanzar el mismo fin. Del pacto firmado entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán se ha desprendido la repartición de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y resto de instancias judiciales, del Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República y Fiscalía de la República. Y aunque en estos casos también se podría alegar que el fin justifica los medios, ya que a través de tal pacto ambos dirigentes ampliaron y afianzaron importantes espacios de poder, es demasiado evidente que los resultados –como en los casos anteriormente señalados– han sido y continúan siendo, terriblemente nefastos para la sociedad y el Estado. Es decir, la sociedad ha tenido que pagar los costos de medidas implementadas por los dos líderes partidarios y sus seguidores cercanos, en aras de favorecer apetitos sectarios de poder. Lo paradójico de este asunto es que tales líderes y colaboradores han querido hacerle creer a la población que el empleo de tales medios ha sido en favor de ella. Más temprano que tarde ésta se percatará de los abusos y pasará la cuenta; ya doscientas cinco mil personas lo hicieron el pasado cinco de noviembre. Es un buen comienzo.

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