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COPALAR: Una mafia disfrazada de inversionistas quiere despojar a Nicaragua

| 10 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Es evidente que Nicaragua necesita nuevos proyectos de generación de energía (geotérmicos, eólicos, hidroeléctricos), pero esto no significa que el país deba renunciar a explotar sus recursos más valiosos a favor de sus habitantes y entregarlos como regalía a grupos inescrupulosos, menos aún ponerlos al servicio de construir un monopolio que en lo fundamental dará mas beneficios a los mas ricos del país.

Por Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores

Tal como está concebido y casi legislado, COPALAR es un mega proyecto que viola los derechos y estabilidad de 50 mil nicaragüenses que habitan las 30 comunidades afectadas de forma directa, destruye el medio ambiente, afecta no sólo el territorio sino todos los recursos naturales, pues se perderían áreas productivas, sitios arqueológicos y hasta el paisaje escénico. Pero si fuera poco deja al estado obligado a comprarles a cualquier precio la totalidad de la energía que produzcan. Todos los nicaragüenses resultamos despojados de parte importante de nuestro patrimonio en los recursos hídricos. Entre los sitios que afectarían las tres presas están: La presa Copalar hace desaparecer el poblado se Paiwas y afecta el Ayote un –importante puerto de montaña–, y afecta a los municipios de Río Blanco, Matiguás, Camoapa y Boaco. La represa de Tumarin, ubicada en la Cruz de Río Grande también hará desaparecer poblados de los municipios de Prinzapolka y Siuna (RAAN), y con de Moholca, ubicada en Río Blanco, se afecta además de éste, Matiguás, Waslala, Rancho Grande y Siuna. Las obras e inundaciones transformarían las condiciones agroecológicas que posibiliten la sobrevivencia, y seguramente como afirma el investigador Jaime Feltz Watson, "se harán algunas vidrieras con casitas bonitas para una parte de la población desplazada, pero la gran mayoría migrara como mano de obra barata hacia Costa Rica". A quines no les expropien tierras les afectaran todo su entorno ya que al desaparecer las comunidades se quedan sin referentes. Ese seria el destino de Villa Siquia, San José de la Vega y San José de Paiwas, pero se dañaran y seguramente sin compensación las comarcas de Quizaura, Likian, Lagarto, Colorado, Malakawas, Plantar Norte y Sur, Paiwas, David tejada y Anito. Paradójicamente todo esto es solamente a cambio de satisfacer las ambiciones financieras de banqueros y empresarios protegidos por BOLAÑOS. Tal como el ejecutivo formuló la ley estamos frente a un despojo para el país, es una acto de ONEROSA ENTREGA DE NUESTRO PRINCIPAL POTENCIAL ELECTRICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS. Es poner en manos de viejos y nuevos ricos -aliados a grupos económicos ligados al expresidente Vicente Fox de México- el futuro eléctrico del país, que debe ser diseñado y ejecutado por el Estado nicaragüense, bajo otras dimensiones que minimicen el impacto negativo en la población y en la naturaleza, con participación de gobiernos locales y de sus habitantes. Los banqueros y Bolaños han dimensionado el Copalar para producir energía que será destinada a cubrir el déficit del sur de México a través del sistema interconectado SIEAPAC, y no a resolver la energía de bajo costo que demandamos los nicaragüenses. Eso no esta en sus planes. La ley está a la medida de favorecer nuevamente a los "inversionistas", para que se les regalen las tierras, el uso del agua, la biodiversidad, y así los "desarrolladores", es decir los colmilludos capitalistas nacionales y sus socios mexicanos (invisibles inversionistas extranjeros), bajo el nombre de Empresa Nicaraguense (¿) de Energia Renovable y Ambiental S.A., se apropiaran de una importante zona del país y de un valioso recurso que servirá para hacer grandes fortunas. Se repite la historia de los grupos surgidos a la sombra del estado, una amalgama de curiosos "inversionistas" de vieja data y de ex funcionarios públicos que desde 1934 han saqueado este país. La cara visible o el achichincle de este grupo es el tristemente célebre Ingeniero Raúl Solórzano, por años presidente de la Comisión Nacional de Energía y gran amigo de Bolaños. Este "señor", como otras veces lo ha denunciado la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, se ha dedicado desde su puesto de funcionario público a armarle negocios turbios a los grupos económicos que estaban interesados en "invertir", es decir en expropiarnos de nuestros recursos, al mejor estilo de Unión Fenosa y de los "inversionistas" que compraron Enitel por una irrisoria suma y casi a escondidas del pueblo nicaragüense. Se dice, aunque hacen falta las pruebas, que la familia Bolaños está detrás de este proyecto, pero sólo así se explica que él haya enviado a la Asamblea Nacional semejante iniciativa de "Ley especial del Sistema hidroeléctrico del Río Grande de Matagalpa", mediante la cual se persigue entregar -sin ningún beneficio para el país y mas bien en detrimento de los nicaragüenses- el principal recurso hidroeléctrico de Nicaragua. Ni Al Capone en sus mejores momentos dio un golpe tan jugoso como el que pretende dar este grupo del COPALAR a los nicaragüenses, recetándose mas de 20 años de exoneraciones de impuestos y estableciendo que el gobierno y las alcaldías afectadas paguen los costosísimos montos por estudios técnicos y formulación, cuestión que asombra, no sólo porque el Estado no figura como socio, sino porque éstos están realizados desde la administración Somoza (1977) y mejorados en 1893 durante el Gobierno sandinista (se da un redimensionamiento del mismo) y se elaboran hasta los planos detallados de las obras. Curiosamente todos esos documentos y planos se perdieron de las oficinas gubernamentales y reaparecieron en manos de los ejecutivos del Grupo Copalar. Extrañamente se ha "investigado" y "dictaminado" al vapor esta ley, porque al parecer -quines pagan el cabildeo- deben asegurar que los diputados saquen esta ley antes de que Bolaños entregue el gobierno. ¿Cuántos diputados serán cómplices de este crimen económico que despoja a los nicaragüenses de su patrimonio y nos condena a depender de los traficantes de la energía? Con esa acción se estaría despojando al gobierno entrante de la posibilidad de ejecutar proyectos de energia alternativa a escala intermedia y bajo un concepto que esté en armonia con la naturaleza, con la población, con los gobiernos locales y derechos de las comunidades autónomas. Debe recordarse que los nicaragüenses necesitamos energía de bajo costo. Se pretende aprobarlo de carreras, evitando que se discuta a fondo, con la participación de los actores afectados y aprovechando que aún no tenemos una política energética seria y coherente. No debemos aceptar esta ignominia. Como señala Jaime Feliz, ni siquiera han tenido en cuenta que se han dado tantos cambios ambientales en las condiciones meteorológicas y en el nivel de despale de las regiones, que en las actuales circunstancias ni siquiera hay suficiente precipitación para llenar la represa de Apanás, misma que está a sólo 55 kms de la primera represa y a 90 de la mas distante. Cuando el gobierno de Somoza realizó los estudios ambientales habrían otras condiciones en el entorno, las cuales la mafia madera se ha encargado de modificar de forma sustancial. Los banqueros estiman para sus ganancias no sólo la compra obligada que hará el gobierno de Nicaragua de la energía del proyecto, sino que calculan una tarifa que incluye el "famoso riesgo país", para fijarla a su gusto y antojo como han hecho los generadores térmicos que ya conocemos, que bajo ese cuento cobran un factor fijo de potencia que sirve para encarecer la energía como lo deseen. Pero además el COPALAR viola sistemáticamente nuestros derechos en la Constitución: 1.- Los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas, la autonomía conferidos a las RAAS y RAAN para la administración de sus recursos naturales, nuestro patrimonio. 2.- La creación por ley de un monopolio generador, mismo que no ha sido licitado y al cual le dan todas las ventajas imaginables. 3.- Cero pago de impuestos al estado y a sus municipios por el uso del recurso agua y de las tierras utilizadas. 4.- Violaciones reiteradas a las leyes de Energía y Ambiente, que regulan este sector, dándoles una concesión automática al aprobar la ley Bolaños/Copalar. 5.- Uso sin pago de todos los estudios que el Estado de Nicaragua ha acumulado en años, que han sido puestos en beneficio de un grupo de capitalistas salvajes y en contra de los derechos de los nicaragüenses de usar su patrimonio con fines de beneficio común. Entre los connotados empresarios figuran, para variar: o Ramiro José Ortiz Mayorga y su banco BANPRO; o o Eduardo Montealegre a través de su familia McGregor; o o Juan Bautista Sacasa; o o Amílcar Ibarra Brogden y evidentemente detrás estará su cuñado Bayardo Arce Castaño; o o Antenor Rosales Bolaños (el Capi), general retirado del Ejército y con estrechos vínculos a la cúpula del FSLN, socios del BDF; o o Horacio Argüello Carazo, socio del BDF; o o Mario Sebastián Rappaciolli, socio del BANPRO y presidente del Partido Conservador, socio connotado de liberales y sandinistas en bancos y empresas, que maldice el pacto político pero lo aprovecha para hacer grandes negocios. o o Los militares, socios del BDF, oficialmente representados por el General Adolfo Chamorro Téfel. o El grupo extranjero aparece invisibilizado en la escritura, aunque sabemos que desde el año 2002 que se trata de un grupo vinculado al expresidente Fox. Estos mexicanos, sin permiso, sin licencia, allanando la soberanía nacional se apropiaron a través del Ing. Raúl Solórzano de los estudios del Copalar. Crearon una compañía de maletín denominada HIDROCOPALAR MID AMERICAN LTDA, S.A. Detrás de ellos se encuentran el grupo de mexicanos respaldados por el ex presidente FOX y basado en contactos con Bolaños durante en su vista a Nicaragua en 2002. Este dejo el poder, pero también dejó amarrados a uno de los grupos económicos mexicanos que representa a este mega proyecto de energía con los banqueros y funcionarios bolañistas. La Red Nacional de Defensa de los Consumidores exige que los diputados desistan de aprobar semejante ley y acaben con las prácticas entreguistas de nuestros recursos naturales. Demanda la discusión y aprobación de una real Política Energética de corto, mediano y largo plazo que responda a las necesidades de nuestro desarrollo. Deben cesar las concesiones amañadas a grupos inescrupulosos que solo piensan en apropiarse de nuestros recursos y están lejos de buscar beneficios para la nación. Ni los presidentes ni los diputados están autorizados a reglar lo que es patrimonio de los nicaragüenses.

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