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Parlamento tico pide impacto ambiental en mina que amenaza al río San Juan

San José. Adital. | 13 de Mayo de 2010 a las 00:00
Las poblaciones de Costa Rica y de Nicaragua continúan sin respuesta sobre el destino de Las Crucitas, el más grande proyecto de minería de oro a cielo abierto de América Central. Varias manifestaciones se realizaron ya para rechazar la explotación minera en la zona fronteriza, sin embargo, todavía no hubo respuestas concretas sobre la permanencia o retiro del proyecto. En 2007, la explotación del proyecto Las Crucitas recibió el aval de Oscar Arias, cuando era Presidente de Costa Rica. La decisión pasaba por encima de una resolución decretada por el presidente anterior, Abel Pacheco, que había prohibido, seis años atrás, toda explotación de oro a cielo abierto. En el intento por deshacer esta situación, la recién asumida como Jefe de Estado del país, Laura Chinchilla, emitió un decreto de moratoria; sin embargo, el documento no afectó el decreto interpuesto en 2007 por Arias. Según informaciones de la agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC), el ambientalista Antonio Ruiz, director de la Fundación del Río, con la intención de alertar sobre los riesgos del proyecto, aclaró que la actividad de explotación que realizará la empresa ‘Industrias Finito’ contaminará intensamente las aguas de afluentes del río San Juan y pondrá en riesgo la fauna y la flora de la región. En medio de este escenario de incertidumbres y falta de acción, la diputada Tita Valle, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Participación Ciudadana del Parlamento Centroamericano, llamó la atención de Costa Rica sobre la demanda de los Estados de la Secretaría de Integración Centroamericana (Sica), que pide el "cumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales de integración, subscriptos en materia de conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente y de los recursos naturales". El Parlamento también pide la revisión de licencias y concesiones de las actividades mineras que fueron concedidas por los gobiernos anteriores. En especial, se solicita la revisión de los proyectos a cielo abierto y de los que afectan a las poblaciones fronterizas y cuencas binacionales. De esta manera, además de Las Crucitas, que afecta al río San Juan, se debe analizar la mina de Cerro Blanco, que perjudica la Laguna de Guija. Ambientalistas que analizaron el proyecto de minería repiten desde 2007 que Las Crucitas es inviable porque traerá más perjuicios ambientales que beneficios para la región y la población. En noticia publicada por Prensa Latina se aclara que Costa Rica perderá 264 hectáreas de bosque primario y secundario, hecho que pondrá en riesgo la biodiversidad del país. Además, las actividades mineras van a generar 20 millones de toneladas de residuos tales como los sulfatos, que provienen de sustancias tóxicas. Según informaciones de la ALC, para comprobar estas afirmaciones, la resolución del Parlamento exigió a los presidentes de la Sica y al Consejo de Ministros de Ambientes y Recursos Naturales que se realice con carácter de urgencia, a través de organismos técnicos especializados, un "inventario de acciones pendientes sobre el impacto ambiental provocado por la actividad minera y la propuesta de un plan que contemple su sustitución a la mayor brevedad, por proyectos de desarrollo sustentable que beneficien a la población fronteriza y al ecosistema de la cuenca del río San Juan". A la Presidente de Costa Rica se le pide que revise el proyecto y todo lo que se le prometió a las empresas por parte de los gobiernos anteriores, a fin de comprender la gravedad de los problemas de salud y de alimentación a la que será sometida la población de los dos países.

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