Escúchenos en línea

Evo Morales cosecha tempestades con EEUU con la coca y Alan García espera cosechar su TLC

Diario Página/12, Argentina. | 24 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Evo Morales anunció esta semana que aumentará las hectáreas legales de sembradíos de hojas de coca de 12.000 a 20.000 y disparó la polémica. Estado Unidos reaccionó rápido y disminuyó la ayuda económica de lucha antinarcóticos en un 25 por ciento.

Por Pablo Ortiz, diario Página/12 de Argentina. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El Palacio Quemado estaba de fiesta. Se celebraba el primer aniversario de la victoria histórica de Evo Morales en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 y, cuando todo el mundo esperaba que el presidente boliviano informe de los logros en la erradicación de la hoja de coca, hizo todo lo contrario: anunció que la coca legal en Bolivia pasará de 12.000 hectáreas a 20.000. Con eso bastó para disparar la polémica dentro y fuera de las fronteras patrias. Y sobre todo muy al norte de las fronteras bolivianas, en Estados Unidos, o lo que es lo mismo, muy al Sur del Palacio Quemado, en la embajada estadounidense, que reaccionó rápido, recortando la ayuda a Bolivia de 45 millones a 34 millones de dólares. Evo bien pudo hacer los anteriores presidentes bolivianos: recortar algunas hectáreas y mantener el statu quo y la negociación permanente con el incómodo socio de la "responsabilidad compartida", pero decidió lanzarse a la piscina. Evo ya salió airoso del salto al vacío de los contratos petroleros y esta vez tiene argumentos como para volver a caer de pie. Y es que en Bolivia no siempre uno más uno es igual a dos y en este caso pasar de 12.000 a 20.000 no significa sumar 8000, sino restar 7000. Lo cierto es que Bolivia nunca tuvo sólo 12.000 hectáreas de coca, sino que a finales de los ’80 llegó a tener 50.000, lo que lo convirtió en el segundo productor mundial por detrás de Perú. Luego 18 años de esfuerzos y 900 millones de dólares gastados por Estados Unidos, ahora existen 27.000 hectáreas de coca y, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el anuncio de Evo es un compromiso real de erradicación de cultivos. Para entenderlo mejor hay que remitirse al 19 de noviembre de 1988. Ese día, el Congreso boliviano aprobó la Ley 1008, instrumento legal financiado por Usaid que determinó, entre otras cosas, que Bolivia debería sembrar sólo 12.000 hectáreas para el uso tradicional y que un boliviano que fuera involucrado en la producción o el tráfico de drogas era culpable hasta que pruebe lo contrario. De ahí se obtienen dos resultados: el 70 por ciento de los presos en Bolivia es por tráfico de drogas y Evo Morales es el presidente. Sucede que entre las 12.000 hectáreas legales no se encontraban las de Chapare, que fue declarada "zona de transición" y se la militarizó para sentar presencia estatal en el trópico de Cochabamba, que en la década del ’80 ganó fama mundial como área de libre comercio de cocaína. Eso implicaba que los seguidores de Evo deberían dejar de producir coca para convertirse en fruticultores, sin caminos estables y mercados para vender sus productos. A partir de 1997, con la llegada del ex dictador Hugo Banzer al poder, el proyecto comenzó a materializarse con el Plan Dignidad, que redujo los sembradíos de 50.000 a 25.000. Sin embargo, también provocó más de medio centenar de muertos entre cocaleros y militares erradicadores, lo que llevó al Chapare a convertirse, como lo describe el ministro Quintana, una zona de guerra de baja intensidad. Sólo la conversión del gremio cocalero en un movimiento político evitó que de allí emergiera una guerrilla. En 2004 la violencia se detuvo, cuando el entonces presidente Carlos Mesa emitió un decreto en el que permitía a los campesinos de Chapare sembrar un cato de coca (1600 metros cuadrados). Con ello se incrementó en 3200 hectáreas la superficie ya existente. Es por eso que desde su campaña presidencial Morales predicó que no habría coca cero, sino cocaína cero. Para el mandatario, detener la erradicación forzosa significa gestionar paz social para el país, pero también significa la responsabilidad de ser mucho más eficiente que sus predecesores en los decomisos de droga. Y lo ha sido. En promedio, este año se han confiscado 380 kilos de droga por día en Bolivia. El 90 por ciento de ello es marihuana y el 10 por ciento es pasta base y clorhidrato de cocaína. A ello se le suma la destrucción de 3958 fábricas de droga y de 6104 fosas de maceración de coca. En resumen: en lo que Evo lleva en Palacio Quemado ha confiscado dos toneladas más de cocaína y 12 toneladas más de marihuana que en 2005. Este éxito es explicado por Martín Cerrudo, un dirigente chapareño que cuenta cómo los sindicatos cocaleros se han involucrado en la lucha contra el narcotráfico. Desde marzo de este año ningún afiliado al sindicato puede alquilar su parcela de tierra y periódicamente los ejecutivos de las más de 1000 centrales de Chapare patrullan su territorio para hacer inspecciones. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no eran gobierno. Hasta el momento, más de 13.000 afiliados han registrado su cato de coca en los sindicatos y partir de 2007 pagarán impuestos al Estado para legalizar la comercialización de la hoja. El problema es que los afiliados de las seis federaciones chapareñas no son 13.000, sino 40.000. Eso implica que las 3200 hectáreas legalizadas por Mesa no son suficientes y se necesita al menos el doble para que la cuna política de Morales deje de ser ilegal. Las otras 1600 hectáreas del aumento del cupo cocalero están en los Yungas, zona tropical del departamento de La Paz tradicionalmente cocalera y que está dentro de la Ley 1008. De allí proviene Sabino Mendoza, representante del MAS en la Asamblea Constituyente, que tiene una fórmula muy sencilla para justificar el incremento: en 1988 Bolivia tenía seis millones de habitantes y ahora tiene nueve millones. Mendoza abunda en detalles cómo los sindicatos yungueños tienen sus propios retenes para evitar que los cargamentos de coca destinados al mercado oficial se desvíen. Cada carga de la hoja sagrada de los aymaras y quechuas tiene una orden de envío expedida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y en cada uno de los retenes es verificada. Sin embargo, tanto él como Cerrudo y Quintana no ocultan que un alto porcentaje es desviado para la producción de cocaína. Un caso. En septiembre pasado el gobierno intervino la zona de Yungas de Vandiola, una región aledaña a Chapare y descubrió que el 90 por ciento de la coca era desviada a la fabricación de drogas. Cuando impuso una fuerte presencia policial se produjeron enfrentamientos que dejó dos cocaleros muertos y un contingente de soldados tomados como rehenes. Quintana tuvo que intervenir y negociar con los colonos "su pase a la legalidad". Firmó convenios para la construcción de caminos, escuelas y postas de salud que permitieran a los campesinos sacar la coca al mercado legal y, al mismo tiempo, asentar cuarteles que expulsen a los narcotraficantes de la zona. "Si evitamos el narcotráfico, Estados Unidos nos dejará en paz, porque la coca no desaparecerá", dice Cerrudo, y Quintana lo confirma. El plan para 2007 es ampliar la capacidad de interdicción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, expandiendo su acción hacia el norte boliviano, en los departamentos de Pando y Santa Cruz, que son utilizados por narcos que mueven cocaína peruana hacia los mercados brasileño. Otro tanto se hará en el Altiplano y el Sur, para evitar que el territorio boliviano se convierta en una estación para llegar a Argentina, Chile y Europa. Pero todos estos datos no resuelven la ecuación primordial: ¿dónde irá la coca producida en las 8000 hectáreas recientemente legalizadas? El canciller, David Choquehuanca, asegura que la mitad está destinada a la industrialización en cuatro plantas financiadas con un millón de dólares de un crédito venezolano y Cerrudo sueña con las hojas de su cato convertidas en gaseosas, galletas, mates, harina y tónicos. Quintana le da alas a su sueño. Explica que en 2007 Bolivia saldrá a buscar mercados legales para la coca. Y no se va por pequeñeces sino que apuntan a India y China, a 2500 millones de consumidores. La otra mitad esperará a que se concluya el estudio de mercado de la coca que está financiando la Unión Europea y que se espera que esté listo en la primera mitad de 2007. El norte argentino En 2001, Argentina le compraba a Bolivia 50 millones de dólares anuales de hoja de coca, lo que equivale a 1200 toneladas de la hoja sagrada de los incas. Así lo revela el estudio realizado por la socióloga paceña Silvia Rivera, que descubrió que en Salta, Tucumán y Jujuy el gusto por el acullico había pasado de ser una necesidad de los emigrantes bolivianos para convertirse en una moda de clase media. Desde 1989, la legislación argentina permite la tenencia y consumo de hoja de coca pero no la comercialización y es por eso que Evo Morales le ha pedido al presidente Néstor Kirchner que revise esa norma para despenalizar este comercio que ya se da en todo el norte. Por el momento, según la investigación de Rivera, la coca boliviana llega con todos los certificados legales hasta la frontera con Argentina, pero de ahí en adelante se convierte en clandestina y sortea retenes policiales a fuerza de coimas y habilidad de los dueños de la carga, en su mayoría argentinos. Rivera describe la paradoja que se vive en Salta y en Jujuy. Mientras la legislación argentina prohíbe la producción y la importación del arbusto, hay muchos boliches que subsisten gracias a su comercialización e incluso lo anuncian con letreros de neón. Además, el consumo en Argentina está lejos de la tipificación de que la coca es una compañera del sufrimiento, del trabajo pesado y del aguantar el hambre, sino que es utilizado para el disfrute en un proceso que Rivera describe como "un uso descolonizado".

Alan García negocia con la coca

Por Carlos Noriega, diario Página/12, de Argentina. Desde Lima

Mientras el presidente Alan García sorprendía a todos defendiendo públicamente la hoja de coca y haciendo un llamado a revalorizar su consumo tradicional y su uso para fines médicos o para mejorar la gastronomía local, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro –quien fuera ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo– presentó el plan antidrogas para el período 2007-2011. Y ahí no se dice nada de revalorizar la hoja de coca y promover su consumo legal. El plan tiene tres prioridades: prevenir el consumo de drogas como el eje fundamental, mejorar la interdicción de los insumos químicos que llegan hasta las zonas cocaleras de la selva para fabricar cocaína y sustituir los cultivos de coca por otros productos. Las políticas antidrogas del gobierno peruano y su tratamiento al tema de la hoja de coca tienen el sello de la embajada norteamericana, que tiene un gran poder de influencia sobre las decisiones que adopta Devida. Estados Unidos ha impuesto desde hace varios años su decisión de priorizar la erradicación de los sembradíos de hoja de coca, lo que no ha resuelto el problema del narcotráfico, pero ha creado un gran problema social en las zonas cocaleras, donde unas 300 mil familias viven sembrando coca. "El plan presentado por el gobierno es más de lo mismo. La única novedad es poner el énfasis principal en la prevención del consumo de drogas, lo cual es un grave error, porque ése no es el problema principal del país. La atención principal debe estar puesta en buscar desarrollar las zonas cocaleras para ir cambiando paulatinamente la producción de hoja de coca por otros cultivos que sean rentables para el campesino. Hay que darles créditos, asistencia técnica y mercados para sus productos. Pero para lograr eso hay que trabajar junto a los cocaleros y no criminalizarlos. Hay que desmilitarizar la relación con los cocaleros y no verlos como parte del problema, sino verlos como parte de la solución", le señaló a Página/12 el sociólogo Hugo Cabieses, experto en el tema de la coca. En opinión de Cabieses la defensa de la hoja de coca que hace unos días hiciera García no anuncia un cambio de estrategia del gobierno en este tema. "Ese supuesto cambio no se ve en el plan que se ha presentado. García ha salido a defender la coca justamente cuando Evo Morales ha anunciado que se aumentarán los terrenos para el cultivo de la hoja. Con sus declaraciones García está buscando advertirle a Estados Unidos que si no lo ayudan, dándole, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio (TLC), entonces podrían pararse las erradicaciones de coca. Es una estrategia que está usando a la coca como arma de negociación". En el Perú hay, de acuerdo con las cifras oficiales, 48 mil hectáreas de hoja de coca que producen 106 mil toneladas de esta hoja, de las cuales, según las autoridades, el diez por ciento va al consumo tradicional y el resto al narcotráfico. Sin embargo, analistas independientes estiman que los sembradíos de coca superarían las 60 mil hectáreas. No hay una política de desarrollo integral de las zonas cocaleras, donde los campesinos tienen en la coca su única forma de subsistencia.

Descarga la aplicación

en google play en google play