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Bajo la sombra de un golpe

Por Karim Guerra, teleSUR. | 29 de Junio de 2010 a las 00:00
La esencia de los derechos humanos radica en la imposibilidad jurídica de que el Estado pueda entrometerse en la particularidad de cualquier ciudadano. Bajo este principio, se puede decir que tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que alteró drásticamente el orden constitucional de Honduras, se presentó en este país una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas, de prensa e individuales, además de dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia. Tras el derrocamiento del entonces presidente constitucional Manuel Zelaya, el gobierno de facto que se instaló en el poder y que estaba presidido por el empresario y antiguo presidente del Congreso, Roberto Micheletti, violó la ley suprema del sistema de un país, la Constitución, que define y regula el ámbito y el ejercicio de las libertades. La comunidad internacional rechazó la ruptura del orden constitucional en Honduras, la violación de los derechos humanos y la violencia que se generó tras el golpe. Los hondureños reclamaban su democracia, representada en la figura de Manuel Zelaya, por lo que comenzaron a producirse en la nación centroamericana fuertes disturbios. Los manifestantes eran reprimidos por la policía, e incluso por militares. Heridos y muertos acaparaban los titulares de la prensa internacional, por la violación el sagrado de derecho a manifestarse. El vocero de la Cruz Roja en Honduras, Jefry Barahona, informó para julio de 2009, el fallecimiento de un menor por un disparo. También, señaló que una mujer de 42 años de edad fue acuchillada por parte de fuerzas policiales. Estos casos son tan sólo dos de las cientos de muertes que se registraron en Honduras durante el régimen de Micheletti. Barahona indicó para ese entonces, que la Cruz Roja había atendido solamente en ese mes alrededor de 30 personas por golpes, lesiones e intoxicación por gases lacrimógenos. En las semanas posteriores al 28 de junio de 2009, el Congreso de facto había decretado un estado de sitio, suspendiendo las garantías de los ciudadanos. Hubo movilizaciones en contra de esta decisión, pero al igual que en ocasiones anteriores desembocaron en represiones con muertos y heridos. Durante el gobierno de facto de Micheletti se registraron en Honduras más de 161 muertos calificados de "extralegales" por el informe que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). De estas muertes, 105 se produjeron durante los toques de queda. Los cuerpos de las víctimas se encontraron en las calles. En este grupo también se contabilizan los decesos por persecuciones selectivas y durante las manifestaciones. Maestros, militantes de movimientos sociales, sindicalistas y campesinos rebeldes son algunas de las tantas víctimas del gobierno de facto de Roberto Micheletti, según el informe del Comité. Asimismo, las torturas y secuestros contra miembros del Frente de la Resistencia y periodistas complementan el abanico de violaciones que cometieron las autoridades del régimen. Pero no solamente los asesinatos ocurrieron durante la administración de facto de Micheletti. Lídice Ortega, representante de Feministas en Resistencia, movimiento que hace parte del Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño, señaló en entrevista para el sitio Web de teleSUR, que durante el gobierno de Porfirio Lobo, quien resultó vencedor en unas polémicas elecciones realizadas el 28 de noviembre de 2009, "se han asesinado más de 150 personas, se han cerrado radios alternativas y comunitarias, se sigue utilizando a las fuerzas armadas para desplazar a campesinos y campesinas de sus tierras, se continúa en un clima de violencia y en un ambiente de represión. En Honduras hay movimientos de huelga de hambre". Agregó que "no es posible que no se le exija a Porfirio Lobo que repare a los familiares de las víctimas de asesinatos políticos, que no se haga nada por esclarecer esos crímenes ni a los culpables y que no se estén tomando medidas para evitar que la violencia sea una estrategia de gobierno". Ortega destacó que en su país, la situación aún es crítica porque los antiguos líderes políticos siguen siendo perseguidos, pues el gobierno de "reconciliación" de Porfirio Lobo forma parte del gobierno de facto, porque "nació de un golpe de Estado". Resaltó que el gobierno de Lobo es persecutor de las libertades, y violenta los derechos humanos de aquellos que decidieron emprender una lucha por la Asamblea Constituyente en Honduras, para construir un nuevo país, lleno de paz, justicia y libertad. "En realidad la represión contra el pueblo hondureño no ha cesado, no ha mermado en ningún punto", desde el 27 de enero hasta la fecha actual "se han asesinado en Honduras 10 periodistas, se han perseguido a los líderes, se ha perseguido la lucha de los movimientos campesinos y han sido asesinados varios dirigentes políticos ambientalistas y campesinos en Honduras", expresó. Lídice Ortega indicó que desde el 29 de noviembre, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular declaró que no se reconocería el resultado de las elecciones, y que por lo tanto en ningún momento Porfirio Lobo sería el presidente de los hondureños. En este sentido expresó que el Frente de Resistencia está haciendo todo lo posible para que vuelva el ex presidente de Honduras a ese país, para que la democracia regrese, porque en la actualidad lo que se vive es "una imposición del imperio y de la oligarquía". Instituciones hondureñas al servicio de golpistas Pero es que, las denuncias por violaciones a las garantías constitucionales no sólo provenían de los movimientos sociales internos. Veedores internacionales han denunciado que las instituciones hondureñas, creadas para "velar" por los derechos fundamentales de los ciudadanos actúan en complicidad con los golpistas para reprimir al pueblo. El informe final de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos del 7 de agosto pasado, sostuvo que "algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto". "Hacen caso omiso de sus funciones constitucionales y legales", agrega el informe. Los expertos en DDHH de la misión han explicado que uno de los hallazgos fundamentales con respecto a esta situación fue "la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra". Evidencias de esa realidad fueron halladas en la falta de recursos de la Fiscalía Especial de DDHH y la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías. El golpe, evalúan los especialistas internacionales, colocó a varias comunidades de Honduras, "en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos". La Misión de Observación constató igualmente "serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto". El canal de televisión 36 y Radio Globo, dos de los pocos medios de comunicación que se han opuesto al gobierno de facto de Honduras, fueron asaltados y sus equipos de transmisión dañados, por lo que tuvieron que salir del aire por pocos días, luego de que el régimen de Micheletti diera el golpe de Estado. El pueblo hondureño repudió estas acciones. Estos dos medios de comunicación (Radio Globo y el Canal 36) sufrieron en varias oportunidades agresiones por parte del gobierno inconstitucional Micheletti, como la toma de sus instalaciones por contingentes militares. Pero la llegada de un gobierno de que denomina a sí mismo como legítimo y constitucional, pero que la mayoría de los países de Latinoamérica no reconocen, no ha podido acabar con estos ataques a la prensa. Sólo en lo que va de 2010 ascienden a 10 los periodistas que han muerto tras el golpe de Estado en Honduras. Según la CIDH "no hay un país en el hemisferio donde la tasa de asesinatos de periodistas sea más alta". La pasada semana, fue asesinado en Honduras el periodista y director del Canal 19, Luis Arturo Mondragón, el comunicador había denunciado amenazas tras haber criticado a funcionarios locales y a diputados por actos de corrupción. La Organización de periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo tras la muerte del comunicador, que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos multilaterales al cuestionado gobernante de Honduras, por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas. Estos homicidios, hasta la fecha, no han sido investigados, constató la CIDH. Por esta razón, consideró que Lobo, "no ha cumplido con las expectativas en relación a la justicia" en Honduras. Países como Ecuador, que rechazaron el golpe de Estado han manifestado su preocupación por las denuncias de violación de DD.HH. en Honduras. Quito consideró que es "gravísimo" mantener en funciones públicas a "algunos de los más importantes gestores el golpe de Estado", precisó recientemente el canciller de esa nación, Ricardo Patiño. "Nos parece un seña, un mensaje peligroso para el futuro, no sólo que después de dar el golpe de Estado no enjuicien, sino que dan cargos importantes en el Gobierno", señaló Patiño. Derrocado un presidente constitucional En la madrugada del 28 de junio, fuerzas militares al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso, allanaron el domicilio del ex presidente Manuel Zelaya, para luego expulsarlo del territorio hondureño, rumbo a Costa Rica. Casi de inmediato, el empresario hondureño Roberto Micheletti, invocando una supuesta "sucesión constitucional" y en su calidad de presidente del Congreso, se autonombró mandatario "interino" de Honduras. Este gobierno de facto no fue reconocido por ningún país o entidad internacional, que consideraron lo sucedido como un golpe de Estado contra un mandatario elegido constitucionalmente. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y la Unión Europea (UE) se pronunciaron en contra de este evento, calificándolo como una "ruptura del orden constitucional" y exigieron la restitución inmediata del ex presidente Manuel Zelaya a sus funciones. Para buscar una solución democrática que permitiría el retorno de Zelaya al poder, se rubricó en octubre de 2009, en el marco de la fracasada mediación del ex mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, el pacto de Tegucigalpa-San José. Este acuerdo fue firmado tanto por el gobierno de facto como por representantes de Zelaya para así alcanzar la solución a la crisis tras el golpe de Estado. El convenio contemplaba el regreso al poder de Manuel Zelaya, la restauración del orden constitucional en Honduras y el apoyo internacional a los polémicos comicios de noviembre de 2009. Tras la negación de Micheletti de devolverle a Honduras su orden democrático a través del acuerdo antes mencionado, la OEA suspendió a esta nación "hasta que el país restaure el Gobierno democrático". Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y hasta el propio Estados Unidos, anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a la República hondureña. No obstante, en las primeras semanas de junio pasado, la OEA acordó en Lima, Perú, evaluar las condiciones que permitan regresar a Honduras a este organismo. En este escenario, Lídice Ortega señaló que el pueblo se opone a que Honduras ingrese nuevamente a la OEA. Consideró que "hasta que no se aclare y enjuicie a los culpables del golpe no estaremos de acuerdo con esto". "Porfirio Lobo quiere regresar a la OEA para que legitimen su mandato", agregó Ortega, tras enfatizar que "no se puede garantizar que la OEA pueda resolver los problemas de Honduras, ingresar al organismo sería ignorar la historia de los golpistas" de la nación centroamericana. En la actualidad, sólo los gobiernos de tendencia conservadora como Colombia, Costa Rica y Perú reconocieron al gobierno de Lobo. El resto de las naciones latinoamericanas han asegurado que no aceptarán a esta nueva administración hasta que no se restablezca el orden constitucional. ¿Se repite la historia? El pasado 10 de junio, el presidente sucesor del régimen de facto, Porfirio Lobo, denunció que supuestamente, algunos sectores de Honduras tratan de derrocarlo. Lobo llamó a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación sobre este supuesto intento de derrocamiento. "La Fiscalía no tiene que esperar que el presidente hable, ya hace días se hubiese movilizado", expresó. Lobo dice tener información de que pretenden sacarlo del poder. Expresó no sentir preocupación por este hecho porque tiene "ubicados a todos", aunque hasta los momentos no ha identificado a los presuntos "golpistas". "Al que quieren fregar dicen que es al Presidente de la República", dijo tras los rumores que circulan en la nación de un presunto interés por parte del Parlamento hondureño en quitar al titular de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera. Enfatizó que "cuando hago algo que es incorrecto yo rectifico, en este caso lo que lo que yo dije, lo dije porque es cierto, y no es con el ánimo de generar ningún debate, ninguna discusión, es para decirle a aquellos que andan en esas reuniones que mejor eviten eso, no queremos problemas con nadie". Sobre la denuncia de Porfirio Lobo, la fiscal hondureña de Derechos Humanos, Sandra Ponce, indicó que es algo "preocupante" para todos los hondureños por la "historia reciente" del país, en alusión al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En opinión de Ponce, denuncias sobre "una nueva intentona de romper con el sistema democrático no abona al proceso de reconciliación", sino que hace que continúen "las tensiones en el país", surgidas tras el derrocamiento de Zelaya. "Es algo que debe ser indagado a profundidad, ya que todos estamos de acuerdo en que los hechos ocurridos el 28 de junio (de 2009) no pueden, bajo ninguna circunstancia, volver a repetirse, y por lo tanto, es algo que debe ser investigado", enfatizó Ponce. Las violaciones a los DD.HH., la muerte de cientos de personas, entre ellos periodistas, las torturas, abusos sexuales y secuestros son hechos que sin embargo y hasta la fecha no han sido investigados por ningún organismo público de Honduras. Por otro lado, Lobo manifestó su preocupación por las "posiciones intransigentes" de algunos sectores del país que "afectan la imagen internacional" de Honduras. Aseguró que su gobierno "está apostando a la reconciliación" de los hondureños. "La reconciliación es el compromiso que tenemos nosotros, entonces cualquier grupo que mantenga puntos de vista distintos no le hacen un bien a Honduras, no importa si están a la derecha o la izquierda", expresó. Agregó que "todo aquello que tienda a elevar los niveles de confrontación afecta mucho a Honduras, hay que contribuir a la reconciliación de la familia hondureña". La situación que vive Honduras desde el pasado 28 de junio aún no ha podido resolverse. Las élites económicas de la nación centroamericana, junto con el Ejército hondureño han actuado en contra de la población. Tanto el gobierno de facto de Roberto Micheletti como la administración de Porfirio Lobo le han negado al pueblo de Honduras el disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. Ambas administraciones sólo se han dedicado a criminalizar, perseguir y hasta probablemente ejecutar a todos aquellos que simplemente reclaman sus derechos. El pueblo de Honduras está bajo un Estado "violador" de los derechos humanos, tal como lo señaló la representante del Frente de la Resistencia, Lídice Ortega.

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