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Caminos que se bifurcan, por Sergio Ramírez Mercado

| 9 de Enero de 2007 a las 00:00
Nicaragua ha entrado en una nueva etapa de su historia al iniciarse la segunda presidencia de Daniel Ortega, y como a lo largo de toda ella, la suerte del país vuelve a estar ligada a la figura de un caudillo que viene de las armas. Esta constancia de la repetición nunca ha podido ser rota más que en algunos breves lapsos en cerca de dos siglos, cuando la democracia ha podido tener la firmeza de un molde, y no ser moldeada a imagen y semejanza de quien adquiere prestigio militar primero, y luego una recurrente permanencia política durante décadas. No se trata de juzgar las razones que llevaron al comandante Ortega a su triunfo electoral, legítimo desde cualquiera perspectiva que quiera vérsele. Ese momento ya pasó, y las encuestas le dan hoy un respaldo mucho mayor del que tuvo en las urnas. Tiene la investidura presidencial, y debe asumir ahora la nueva realidad con todas sus consecuencias, lo mismo que debe asumirla el país. Ningún otro presidente de Nicaragua en la historia moderna ha concentrado al empezar tanto poder en su mano, aún más que el de su primer mandato, pues entonces debía responder de alguna manera ante una dirección política colegiada de nueve personas de la que él mismo era parte. Desde antes ha tenido amplia influencia, sino control, del poder judicial y de los jueces, del poder electoral y sus magistrados, de la contraloría de cuentas, y de la mayoría en la Asamblea Nacional, otra vez suficiente esa mayoría para aprobar leyes y reformar o cambiar la constitución, gracias a su alianza renovada con el doctor Arnoldo Alemán, jefe liberal. De esta influencia o control se escapan, dichosamente para Nicaragua, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, las instituciones que mejor han evolucionado en el país hacia la modernidad que significa la obediencia constitucional, y no la obediencia personal, y tienen mandos profesionales y solventes. Ahora, gracias a su victoria electoral, pasa también a manos del comandante Ortega el gobierno, que ha diseñado de una cuidadosa manera, legítima también, basada en la lealtad personal más que en el consenso nacional, como pareció ser muy al principio. Esta decisión, de colocar en los puestos claves de la administración pública a cuadros suyos disciplinados, militante de su propio partido a toda prueba, realza seguramente lo que él mismo busca que se realce, y es que quiere tener toda la autoridad y el poder necesarios para realizar su programa de gobierno bajo su propia responsabilidad personal, algo no menos legítimo. Y es el momento en que los caminos se bifurcan. Puede utilizar todo el poder formidable que tiene para ejercer su mandato desde un gobierno regido por las leyes y el respeto institucional, de acuerdo a reglas básicas de consenso y entendimiento, sin menoscabo alguno de las libertades ciudadanas, que empiezan por la libertad irrestricta de expresión, y desterrando para siempre la arbitrariedad que significa entronizar una ideología en el poder, y mandar desde esa visión sectaria, lo que significa mirar de cara al futuro. O ejercer todo ese poder como en los viejos tiempos, no solo suyos, sino al estilo de los otros caudillos que nos han gobernado en el pasado, bajo las premisas de desprecio a las reglas y controles institucionales, a la transparencia administrativa, y al verdadero respeto a la independencia de los otros poderes del Estado. Para empezar, el respeto a la independencia y a las decisiones de los jueces en sus decisiones sobre litigios privados, y en sus decisiones sobre recursos de protección constitucional y ciudadana; y el respeto al papel constitucional de las fuerzas armadas y de la seguridad pública, por el camino que llevamos hoy, donde ni el ejército se inmiscuye en la vida ciudadana, ni tememos a ningún sistema de control de nuestras vidas privadas a través de organismos secretos de seguridad del estado. La simple proclamación de que como presidente gobierna solamente un poder del Estado, y de que los otros poderes le son ajenos y nada tiene que ver con ellos ni con sus integrantes, no es creíble. Precisamente porque tiene poder e influencia sobre ellos, porque magistrados y jueces se han sometido hasta ahora a su obediencia, es que puede usar esa influencia y control para deshacerlos y asegurar al país un sistema judicial limpio y honesto, sin el que cualquier esfuerzo de desarrollo económico se volverá vano, pues donde no hay transparencia ni seguridad judicial, no hay desarrollo. Pero la mirada hacia el futuro del comandante Ortega, como presidente constitucional, debe alcanzar aún más allá, porque es en la lejanía mayor donde se prueba la visión de los estadistas y se desvanece la sombra del caudillo. Para empezar, qué mejor que usar todo el poder que tiene para patrocinar un programa de reformas a la Constitución, en consenso con la nación, que prohíba para siempre la reelección presidencial, que reduzca el número y los privilegios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el número y los privilegios de los diputados a la Asamblea Nacional, que dilapidan los recursos escasos de un país pobre que reclama austeridad, como una de las manifestaciones de la honradez. De su visión de futuro dependerá como quiere ser recordado en la historia de Nicaragua. Como un caudillo que pudo regresar triunfante al poder, para darle al país más de lo mismo, y actuar como personaje de otra puesta en escena del pasado; o como el estadista que tomó ventaja de su propio poder para afirmar de manera irreversible el camino de la institucionalidad democrática, sin faltar por eso a sus promesas de justicia social y prosperidad popular.

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