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Corte rechaza recurso de industrias que se niegan a pagar el agua que utilizan

Managua. Radio La Primerísima. | 9 de Septiembre de 2010 a las 00:00
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, apoyados por los Conjueces, emitieron ayer miércoles en Corte Plena la sentencia número 4, mediante la cual rechazan los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto 20-2008, que regula el cobro por la extracción de agua subterránea con fines comerciales. Esta resolución fue el resultado del examen a los recursos interpuestos por los gerentes o representantes de diferentes industrias, como envasadores de agua gaseosa, cervecerías, etc., que rechazan a pagar el agua que extraen de sus propios pozos, luego de ser amparados por un tribunal de alzada. La sentencia definitiva establece que las empresas que tienen pozos privados para la extracción de agua con fines comerciales tendrán que pagar 12 córdobas por metro cúbico de agua extraída, a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), como lo manda el Decreto Presidencial 20-2008, “Cobro para coadyuvar con la conservación y protección de los acuíferos”, emitido el 5 de mayo de 2008. Los magistrados integrados en Corte Plena resolvieron no ha lugar al recurso y argumentaron en la sentencia que “el Presidente de la República (en este caso Daniel Ortega) promulgó el referido decreto administrativo de conformidad con las atribuciones que le establece la Constitución Política, referente a dictar decretos ejecutivos en materia administrativa”. Además, “el Decreto 20-2008 no crea un nuevo tributo, sino que es el cobro de un servicio. También argumenta que “los destinatarios de este cobro son empresas que utilizan grandes cantidades de agua para sus procesos productivos… utilizan el agua como materia prima, y, en conclusión, les genera ganancias a sus empresas”. La sentencia fue firmada el 6 de agosto del año en curso por los magistrados Francisco Rosales, Marvin Aguilar, Yadira Centeno, Juana Méndez, Alba Luz Ramos, Ligia Molina, Rafael Solís y Armengol Cuadra, y notificada a las partes el pasado 11 de agosto. Los recursos por inconstitucionalidad contra ese decreto fueron interpuestos en julio de 2008 por Julio Cárdenas Robleto, gerente de Kola Shaler; Ana Cecilia Vega Jackson, entonces representante de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), y Aura Robleto Gallo. Los afectados interpusieron el recurso por inconstitucionalidad en contra del presidente Daniel Ortega, por ser responsable directo del decreto, y de Ruth Herrera, entonces presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), quien estaba efectuando los cobros. En dicho recurso, los afectados argumentaron que recurrían por inconstitucionalidad porque el decreto fue dictado por el Poder Ejecutivo, que no tiene la facultad de hacer ese tipo de cobros, pues es función del Legislativo, según los artículos 114 y 115 constitucionales, que consagran como reserva de ley, la exclusividad de la Asamblea Nacional de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos a través de ley.

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