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Denuncian cochinadas de minería tico-canadiense

San José. Elpais.cr. | 13 de Noviembre de 2010 a las 00:00
El abogado ambientalista Bernal Gamboa, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo la eliminación de los permisos al proyecto minero de oro a cielo abierto, en la zona norte de Costa Rica, tras demostrar diversas irregularidades en el proceso. Igualmente, el abogado de la Asociación Preservacionista de la Flora y la Fauna (APREFLOFAS), solicitó anular el decreto del gobierno de Oscar Arias Sánchez, que declaró dicho proyecto de interés público y conveniencia nacional hace dos años. En Las Crucitas de San Carlos, a unos tres kilómetros del fronterizo río San Juan, con Nicaragua, la transnacional canadiense Infinito Gold pretende explotar oro en los próximos 15 años. Durante la fase de conclusiones, los abogados defensores del ambiente también presentaron nueva documentación para mejor resolver, aceptada por el Tribunal, referida a un camino público, propiedad del Estado, en el que se asentaría la laguna de relaves o escoria cianurada del proceso. Uno de los documentos, elaborado por el Departamento de Vias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), indicó que el camino está registrado con un solo código, pero que se bifurca hacia la comunidad de Las Crucitas. Una sección de la ruta pasa por la entrada del proyecto, mientras que el otro, que le economiza cinco kilómetros a los vecinos, quienes viajan a pie, en moto o a caballo, sería desaparecido, según los planos de la empresa para dar asiento a la mencionada laguna. La dependencia del MOPT aclaró que ellos no han otorgado ningún permiso, ya que no les corresponde para convertir dicho camino en una supuesta servidumbre minera. De acuerdo con la Constitución Política, ni por decreto, se puede desafectar un bien demanial, de dominio público, porque solamente la Asamblea Legislativa está facultada a emitir una ley para tal fin. Entre otros documento, los ambientalistas presentaron certificaciones de que no se han elaborado estudios para el cambio de uso de suelos de tal camino. Por otra parte, Gamboa destacó las contradicciones entre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que aprobó la viabilidad ambiental y la Dirección de Geología Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), sobre la profundidad de los tajos, así como del área a explotar. Dijo que la SETENA le permite a la transnacional minera la explotación de unas 300 hectáreas, mientras que por su parte Geología y Minas le otorga a la empresa una concesión de diez kilómetros cuadrados para explotar. Gamboa sostuvo que también se registraron irregularidades, ratificadas por testigos y documentos aportados, en cuanto a los permisos que se debieron tramitar en el Colegio de Químicos. Sobre el particular, como primera irregularidad señaló la presentación de un estudio en idioma Inglés, sin la debida traducción oficial al Español, así como la falta de datos, lo que evidencia que los mismos no fueron realizados en Costa Rica. Gamboa también recordó testimonios de expertos en ingeniería forestal, biólogos, aportados por los ambientalistas, por el Gobierno y la misma empresa, que reconocieron la afectación de la flora y la fauna de la región. Además, el jurista destacó la afectación a diversas especies animales, en peligro de extinción, que verán afectado su hábitat, así como la importancia de la zona, que forma parte del corredor biológico centroamericano. Finalmente, Gamboa precisó también una serie de anomalías en los cronogramas de los permisos, igual que el decreto minero de Arias Sánchez, que se dieron durante la vigencia de la moratoria a la minería metálica a cielo abierto, firmada durante el gobierno del ex presidente Abel Pacheco. Para el próximo lunes, que seguirá esta fase del juicio iniciado el 4 de octubre, hará la exposición el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, representante del biólogo y académico de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lobo, quien junto con APREFLOFAS y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), llevan el caso contra la minera canadiense en el Tribunal Contencioso Administrativo.

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