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Ambientalistas ticos ponen en duda demandas ecológicas de su gobierno

San José. Radio La Primerísima. | 22 de Noviembre de 2010 a las 00:00
Los fondos obtenidos gracias a litigios por daños al ambiente suelen perderse en el mar de la burocracia estatal, pero muy raras veces se aplican para remediar, los impactos negativos en las comunidades afectadas, afirma este lunes la organización ambientalista costarricense Justicia para la Naturaleza a través de una nota de prensa. Esa debilidad de los procesos legales en materia ecológica perjudica directamente a los pobladores de las comunidades donde se produce el “daño ambiental” a pesar de que los juicios se fallen en favor de los afectados, expresó la abogada y presidenta de la organización, Ruth Solano. Los grupos de la sociedad civil, agregó la ambientalista, como pueden ser las asociaciones de desarrollo, quedan fuera a la hora de decidir, o al menos sugerir, cómo se repartirá el dinero que deben pagar quienes contaminan el ambiente. Esa situación crea un escenario muy injusto porque además de que la gente sufre las consecuencias de las violaciones a la naturaleza encima tampoco recibe indemnización alguna”, indicó Solano. La abogada explicó que “debido a las reglamentaciones del manejo de los fondos públicos, esos dineros van a parar en un fondo Estatal o a la Caja Única del Estado y se ocupan para financiar cuestiones como compra de carros, contratación de personal o construcción de edificios. Necesitamos emprender reformas legales para que las comunidades reciban mayores indemnizaciones, resarciendo el daño, debiendo convertirse esto en la máxima prioridad en estos casos”. Justicia para la Naturaleza es una de las organizaciones que participará en la próxima cita de la Alianza Mundial de Abogados Ambientalistas (ELAW, siglas en inglés), que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre en la Provincia de Puntarenas en Costa Rica.

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