Escúchenos en línea

¿Preparan «cama» para excluir a Lewites?

None | 3 de Noviembre de 2005 a las 00:00

La Contraloría General de la República (CGR) tiene en su tubería varias auditorías pendientes a ex alcaldes por la venta de terrenos edilicios, confirmó un miembro del cuerpo colegiado. En octubre de este año emitieron dos resoluciones con presunción administrativa en contra de dos ex alcaldes sandinistas que repartieron tierras ejidales entre personal de la alcaldía y familiares.

El ex alcalde de Managua, Herty Lewites está en la lista de los investigados por la venta de un terreno de 13.6 manzanas ubicadas frente al Restaurante El Establo a la Empresa Unión Occidental S. A (UNOCSA) representada por el señor Piero Cohen Ubilla, a un precio de cinco millones de dólares, cuando miembros del cuerpo colegiado alegan que vale entre siete a doce millones de dólares.

Su abogado defensor, doctor Hugo Rodríguez Flores, sostiene que existe un borrador de una resolución de la Contraloría que arroja presunción administrativa y penal para Lewites, según sus fuentes no oficiales, y que esta será revelada en el momento oportuno como un “arma política”.

Las declaraciones del comandante Daniel Ortega, quien calificó a la Contraloría como una institución “autónoma” al referirse a las resoluciones que también emitió en contra de ex alcaldes sandinistas, es una mala premonición según Rodríguez, pues interpreta que están preparando un “colchón” y sacrificando algunas “fichas” del partido para cuando llegue la hora de anunciar la “muerte política” de Lewites.

Para la defensa, el hecho de que el terreno se haya inscrito como un bien privado de la alcaldía de Managua, le permitió al alcalde y al consejo municipal de ese entonces, regirse por las leyes de derecho privado para suscribir la transacción.

Pero el contralor Guillermo Argüello Poessy, cuestionó que “ningún ciudadano de Managua se dio cuenta de la venta”, porque el bien no se licitó.

“El terreno fue vendido con autorización del consejo municipal al precio que el consejo estableció y fue vendido dentro del marco legal que corresponde a los bienes particulares de la alcaldía”, alega el defensor.

“El principal problema que tiene la Contraloría respecto a la venta de ese terreno, es que tiene una interpretación excesivamente rígida respecto a los bienes. No han estudiado de forma amplia la Ley de Municipalidades y su ley complementaria (Número 61) que faculta a la alcaldía a actuar como sujeto de derecho público y privado. Ese bien estaba inscrito como un bien particular en el Registro Público, y como tal se enajenó”, explica el abogado Rodríguez.

Por eso alega que la auditoría carece de fundamento jurídico, y que se investiga a su cliente por razones meramente políticas.

“Si Daniel Ortega llega al cinismo de decir que la Contraloría tiene autonomía que es una falta de respeto a la más elemental inteligencia del pueblo nicaragüense. Ahí todos los contralores están cumpliendo un rol político, ninguno tiene autonomía para opinar”, criticó el abogado, quien recuerda las acusaciones de corrupción contra el ex alcalde y ex presidente Arnoldo Alemán, a quien nunca se le encontró responsabilidad penal.

Sacrifican a ex alcaldes sandinistas

Las resoluciones con presunción administrativa que emitió la Contraloría en contra de dos ex alcaldes sandinistas de San Juan del Sur (Gerardo Miranda Obregón, y Vicente Abelardo Tenorio), por venta y donaciones de terrenos ejidales, con valor catastral de cinco millones de córdobas, es visto por Rodríguez como una “camita” para dar el salto al caso Lewites.

“Es una preparación para que después digan: ve, nosotros no solamente sancionamos a Lewites. Esto confirma que es una operación política con la frialdad que acostumbre actuar Ortega y su gente, son capaces de sacrificar a cualquiera”.

No obstante, la responsabilidad administrativa queda sin efecto, según el abogado porque los mencionados ya no están en el cargo. Lo más grave que les podía pasar era su destitución, o una multa de seis meses de salario y la menor un mes de salario. La CGR declaró nulo todo lo actuado.

El contralor Guillermo Argüello Poessy respondió con cierta molestia que la Contraloría no trabaja con fechas para emitir resoluciones. “En el consejo no hay ningún proyecto de resolución de este caso”, aclaró el contralor, quien acusó a esta publicación de tener “cierta inclinación política” por estar interesados en la auditoría a Lewites.

Según Argüello el trabajo todavía está en manos del equipo de auditores, quienes deben ponerlo en conocimiento si encuentran algún hallazgo.

El contralor defendió el actuar de la CGR al referirse que “nunca se repetirá el caso del informe Artiles (que se usó como prueba en el juicio de Canal 6 –fraude al estado de Nicaragua por 1.3 millones de dólares--, en contra del ex presidente Alemán y otros funcionarios de gobierno).

“Jamás se debe repetir el informe Artiles donde por la espalda y sin la forma debida llevaron a la cárcel a varias personas que fueron declaradas inocentes y que el mismo gobierno (del presidente Enrique Bolaños) después no hallaba la forma de sacarlas”, expresó el contralor.

Investigan alcaldía de Tola

La CGR inició una investigación en la alcaldía de Tola, Rivas, donde se localizan las mejores costas del sur del país, por donaciones hechas a particulares. El proceso todavía no concluye.

“Es el mismo problema que la gente cree que las alcaldías son dueñas de las costas y no es así. Las costas son públicas; son suyas y mías. La actual alcaldesa de Tola, fíjese que nos manda a preguntar si es lícito que la alcaldía done terrenos que son de particulares”, comentó el doctor Argüello, quien aclaró que si son títulos anteriores al año 1913 sí son privados.

Según él, “hay montones” de alcaldes y ex alcaldes que le están haciendo auditoría”, sin especificar el récord de los mismos. “Pero lo que les interesa a ustedes no está terminado”, agregó.

El contralor defendió la gestión de la CGR y negó el interés en inhibir políticamente a persona alguna. “Nosotros no tenemos facultad para inhibir a nadie, pero no vamos a detener las auditorías por ningún motivo”.

“La Ley Marco de Nicaragua de ninguna forma toca atribuciones de la Contraloría y si alguien es responsable lo vamos a decir, y si alguien duda le voy a mandar el expediente para que lo lea”, puntualizó.

El doctor Argüello cuestiona el hecho de que ningún ciudadano de Managua estuvo enterado de la transacción entre Lewites y el empresario Piero Cohen, quien adquirió la propiedad.

“¿Conoció usted o algún ciudadano de la venta de ese terreno? No se dio cuenta nadie. ¿Saben a qué precio se vendió? A 28 dólares la vara, cuando en la (pista) Jean Paul Jeanie, no se baja de cien dólares la vara. Así se vendió un bien público negociado como que fuera un bien privado”.

—¿Pero el consejo municipal autorizó?

—Todo fue autorizado por el consejo, pero ¿podría el alcalde vender un bien público sin la oportunidad de que otro comprador hiciera una oferta? ¿Puedo vender yo lo que hay en la Contraloría, aunque me autoricen los demás contralores? No puedo vender en un precio que pacte con usted”, respondió el contralor.


Descarga la aplicación

en google play en google play