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Tímido reclamo migratorio de cancilleres mesoamericanos

None | 10 de Enero de 2006 a las 00:00

Ciudad de México – Los gobiernos de México, Colombia y República Dominicana, junto con los de Centroamérica, se comprometieron a respetar los derechos humanos de los migrantes y simultáneamente pidieron al Congreso de Estados Unidos que apruebe una reforma migratoria que contenga un programa de trabajadores temporales y la regularización de los indocumentados que radican en este país.

"Tiene que haber una reforma que incluya un programa de trabajo temporal, pero también de regularización de la situación de las personas que ya se encuentran en este momento en los países receptores en situación de indocumentación", declaró, en conferencia, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez.

En la declaración conjunta, formulada en esta capital, se indicó que con base en los principios de responsabilidad compartida y de unidad familiar, el establecimiento de esquemas de trabajadores temporales es "un elemento esencial para lograr procesos migratorios legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos".

Sin embargo, a pregunta de los reporteros, los ministros mesoamericanos negaron que la declaración común vaya a ser enviada al Congreso estadounidense para que sea considerada al momento del debate sobre la reforma migratoria.

"No es la posición del gobierno de México que nosotros indiquemos al Senado de los Estados Unidos cómo debe proceder, pero en el documento estamos dejando claro los puntos que a nuestro juicio deberían ser tomados en cuenta en cualquier reforma migratoria que fuese aprobada en los Estados Unidos", apuntó Derbez.

Los diplomáticos calificaron de indispensable la atención al "estatus migratorio de las personas que se encuentran en los países receptores en situación de indocumentación".

En esencia este es el mensaje que enviaron a los legisladores federales estadounidenses los ministros de Relaciones Exteriores de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana.

Coincidieron en que, respetando el derecho soberano de cada nación para conducir su política migratoria y de seguridad, las medidas parciales que sólo contemplen el endurecimiento de las políticas migratorias "no representan una solución integral para afrontar los retos que impone el fenómeno migratorio ni aprovechar sus oportunidades".

Francisco Laínez, ministro de El Salvador, dijo que "se busca que el tema migratorio sea abordado de manera integral, reconociendo los enormes aportes positivos que hacen los migrantes, aunque éstos estén indocumentados en dicho país".

En otro de los puntos del documento oficial, manifestaron que los migrantes, independientemente de su condición migratoria, "no son ni deben ser tratados como delincuentes".

Sobre el muro que Estados Unidos planea construir en su franja limítrofe con México, señalaron que las fronteras que exige el siglo XXI deberán estar caracterizadas por el respeto a los derechos de las personas, la cooperación, el uso de tecnología, y "la búsqueda de un equilibrio entre las legítimas preocupaciones por la seguridad de los Estados y el flujo eficiente de personas y bienes".

Reconocieron que mientras un número importante de los habitantes de esta región no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar, "habrá condiciones para emigrar a los países donde exista demanda de trabajadores".

Jorge Briz, ministro de Guatemala, precisó que igualmente se pretenden concretar tratados de libre comercio en Mesoamérica para "generar condiciones adecuadas en todos nuestros países para evitar que halla migración hacia otros países que tienen más recursos".

Paralelamente indicaron que en la medida en que existan en los países receptores vías suficientes y oportunas que garanticen una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos de las personas, "el diálogo y la cooperación internacional en la materia, redundará en beneficios para todos los países involucrados".

Asimismo, admitieron que la creciente vinculación entre migración, seguridad y fronteras a nivel mundial es una realidad presente en las relaciones multilaterales; en consecuencia, es "necesario armonizar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria".

También acordaron que "es responsabilidad de todas las naciones salvaguardar la integridad, dignidad y derechos de los migrantes", por lo que vieron imperativo redoblar los esfuerzos para combatir el tráfico y trata de personas, así como las actividades criminales asociadas y estrechar la cooperación en la materia.

Las implicaciones de este fenómeno requieren de acciones y compromisos entre las regiones y los países vecinos que, en el marco de la cooperación internacional, anotaron, "deben guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida".

El embajador de Honduras, Mario Fortín, comentó que "estamos construyendo una política migratoria común entre países de origen, de transito y de destino como lo somos todos, en la era de la globalización y del libre comercio".

Tancredo critica reunión de cancilleres en México

Washington – El congresista Tom Tancredo, un promotor de leyes contra la inmigración ilegal, criticó el martes a los cancilleres que se reunieron en México para protestar por la construcción de un muro en la frontera méxico-estadounidense y dijo que las remesas eran una especie de atentado contra la economía de la nación.

"Sólo el Congreso decidirá lo que sea más conveniente para los intereses estadounidenses", dijo Tancredo. Indicó que la posición de los cancilleres era pedir que se dé "una amnistía ciega a extranjeros ilegales y se abran las fronteras para el paso de millones más de inmigrantes".

Tancredo, uno de los promotores del proyecto sobre seguridad fronteriza aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes, dijo que ese proyecto da seguridad a las fronteras, reprime la inmigración ilegal y obliga a los empleadores a verificar el estatus de sus empleados. Igualmente, habilita a las fuerzas policiales locales y federales a trabajar en conjunto en asuntos de inmigración y ordena la construcción de una doble cerca en hasta un tercio de la frontera común.

"Una vez más, esos países se han puesto al descubierto", dijo Tancredo en una declaración escrita. "Si los estadounidenses no lo sabían, ahora lo saben: los países de donde vienen los inmigrantes ilegales están cabildeando para mantener nuestras fronteras inseguras".

El proyecto no aborda el tema de las remesas que los inmigrantes envían desde Estados Unidos a Latinoamérica y que el año pasado habría llegado a los 55.000 millones de dólares. Pero, según Tancredo, las remesas que llegan a México en montos mayores de 16.000 millones por año y se han convertido en la segunda fuente de divisas después del petróleo, "tienen el interés económico directo en socavar la seguridad de Estados Unidos".

"Cuando el Congreso trata de ser duro, México y Centroamérica empiezan a quejarse", dijo. La iniciativa debe ser todavía debatida por el Senado, posiblemente en febrero.

El canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, quien había dicho que la propuesta era "tonta" moderó su lenguaje el lunes y dijo que "no es la posición del gobierno mexicano que nosotros indiquemos al Senado de los Estados Unidos cómo debe proceder".


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