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COSEP respalda propuesta del FNT de reducir megasalarios

None | 13 de Febrero de 2006 a las 00:00

Los grandes empresarios están defendiendo con todas sus fuerzas a las transnacionales petroleras. Tanto, que ahora hasta respaldan la propuesta de sus archienemigos del Frente Nacional de los Trabajadores, para que la Asamblea Nacional apruebe una ley mediante la cual se reduzcan sustancialmente los salarios de los altos funcionarios del gobierno y de todos los poderes del estado.

"Este país no puede seguir con esos salarios de funcionarios excesivamente altos", dijo el jueves al Canal 12 de la televisión local el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Erwin Krüger. "Hay que empezar a revisar las compensaciones y los gastos del sector público, porque aquí hay grandes desproporciones entre los salarios de los funcionarios de alto nivel, los de nivel intermedio, los asesores, los consultores internacionales y lo que reciben los empleados de base", agregó.

El economista independiente Adolfo Acevedo, sostiene que "la planilla salarial del gobierno asciende al 4% del PIB. De esta planilla, casi un 1% del PIB es absorbida por 695 altos funcionarios, mientras a los restantes 98,498 trabajadores absorben el restante 3% del PIB. O sea, el 0.7% de los funcionarios públicos (los altos cargos) absorbe el 25% de la planilla, mientras el 99.03% restante de trabajadores absorbe solo el 75% de la planilla. Una disparidad salarial gigantesca".

Agrega el economista que "el sueldo del ministro del ramo de educación en Costa Rica, es equivalente a 5 veces el sueldo de un docente. La relación entre el sueldo más alto (el de ministro) y el más bajo en el Ministerio de Educación de Costa Rica, es de 10 a 1, y en El Salvador, de 11 a 1. En cambio en Nicaragua, esa relación es de cien a uno".

Krüger se opone al acuerdo entre los partidos, el gobierno y los dirigentes de los buseros, bajo la mediación del Cardenal Miguel Obando, mediante el cual se gravan las utilidades de las compañías distribuidoras de combustibles en 3% para financiar el subsidio a los transportistas.

El empresario se reunió con Rafael Quinto, dirigente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (Urecotraco), que exigía un subsidio de 20 millones de córdobas (1,1 millones de dólares) mensuales o aumentar el precio del boleto de autobús de de 2.5 a 3.5 córdobas (15 a 20 centavos de dólar). Quinto arguyó que "para nosotros es indiferente el origen el subsidio". Los sueldos para altos funcionarios del Estado superan los 3,500 dólares mensuales.

Tras un paro de ocho días en el que hubo arrestos y policías lesionados, los transportistas lograron al final que el gobierno del presidente Enrique Bolaños aceptara crear un impuesto del 3% a las utilidades de las empresas distribuidoras de combustible para subsidiar al transporte.

Las empresas afectadas por el impuesto serían: Shell, Esso, Texaco y la estatal Petronic, que alegan operarían con pérdidas. El presidente del Banco Central, Mario Alonso, confirmó que las empresas petroleras en el país "han tenido las utilidades récord en su historia". No precisó cifras. La Coordinadora Civil informó que las distribuidoras de combustibles tuvieron utilidades de 52% en el país, mientras en el resto de Centroamérica fueron de 33%.

El decreto de creación del impuesto ya está en la asamblea nacional, pero es rechazado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que junto con la empresa privada considera que "provocará inflación y desestimulará la inversión extranjera".

El impuesto fue apoyado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo líder el ex presidente Daniel Ortega, dijo el jueves "que esas compañías sinvergüenzas (las petroleras) ganaron más de 80 millones de dólares en 2005". El FSLN posee 38 diputados, de los 91 diputados del legislativo, en tanto que el PLC tiene 40. Otros 13 diputados independientes dividen opiniones al respecto.

Liberales de todos los caudillos se unen para defender a petroleras

La creación de un impuesto temporal del 3% a las utilidades netas de las compañías distribuidoras de combustibles para subsidiar al transporte público de Managua, ha generado lo que nadie podía pronosticar hace tan solo unos días: el presidente Enrique Bolaños, el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el banquero y aspirante presidencial Eduardo Montealegre, se han unido para defender las ganancias de los dueños de las petroleras.

La decisión de gravar las utilidades petroleras fue tomada en la mesa del Diálogo Nacional en la madrugada del martes para poner fin a una huelga de los transportistas que durante ocho días obligó a más de 850 mil personas a caminar largas distancias o a viajar en inseguras camionetas piratas.

El impuesto generaría unos 66 millones de córdobas (casi cuatro millones de dólares) en los próximos cuatro meses y es respaldado por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y algunas bancadas minoritarias. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que no participó en las extensas negociaciones sostenidas en Casa Presidencial para conjurar el paro de los transportistas, se opone al gravamen, al igual que los dueños de las compañías petroleras Shell, Esso, Texaco y la estatal Petronic.

Según el acuerdo, subscrito la madrugada del martes por el Gobierno, la Alcaldía de Managua y los transportistas, para poner fin a una huelga de ocho días, se acordó en la mesa de diálogo la creación por ley un impuesto a las utilidades de las petroleras que estaría vigente por cuatro meses, mientras los transportistas adquieren unidades nuevas que les permitan establecer tarifas diferenciadas. Eso significará alrededor de 66 millones de córdobas que, junto a los 16 millones de córdobas que percibió el Estado en enero por el arriendo de Petronic, sumarán 82 millones para los buseros, que se les entregarían de febrero hasta mayo.

Tanto el PLC como las transnacionales afirman que la medida es inconstitucional e inviable, y que el consumidor final será en definitiva el que pagará los platos rotos.

Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dijeron este martes que apoyarán la creación de un nuevo impuesto para las empresas petroleras, con el que subsidiarán a los transportistas de Managua, pero los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciaron que se opondrán

Empresarios rechazan impuesto

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó este miércoles un acuerdo entre el gobierno y los transportistas para crear un impuesto del 3% a las utilidades de las empresas distribuidoras de petróleo para subsidiar el transporte urbano de la capital.

La futura creación del impuesto permitió poner fin a un paro de ocho días en Managua, que hicieron los transportistas para exigir un subsidio total de 1,1 millones de dólares mensuales o un aumento en el precio del pasaje de autobús de 14 a 20 centavos de dólar.

El Cosep alegó en un comunicado distribuido a los diferentes medios de comunicación que el impuesto "envía un mensaje negativo a los inversionistas privados nacionales y extranjeros" y tiene "un impacto inflacionario en deterioro del poder de compra de los asalariados".

Propuso que, en vez de gravar a las distribuidoras de combustible, se liberen los precios de las tarifas del transporte, se permita la entrada al mercado a otros transportistas y se reordenen las rutas.

Los representantes de la industria petrolera que opera en el país han rechazado tal decisión del gobierno de imponerles un gravamen del 3% sobre sus utilidades mensuales para subsidiar a los empresarios del transporte público.

Los dueños de las distribuidoras de combustible del país en su reunión de este miércoles con la empresa privada decidieron cerrar filas contra la aprobación del nuevo impuesto, del tres por ciento a las utilidades de dichas empresas petroleras para subsidiar a los empresarios del transporte público de Managua, mientras que ejecutivos de la industria petrolera iniciaron un cabildeo en contra del gravamen.

Los gerentes generales Agustín Fuentes, de la compañía Esso; y Mauricio Aranda, de la Shell; así como el director ejecutivo de Petronic, José García, sostuvieron un encuentro este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Eduardo Gómez, a quien le hicieron ver que la aprobación del impuesto podría provocar un incremento de los precios de los combustibles, o una situación de insolvencia en las empresas petroleras que no les permitirá cumplir con sus importaciones regulares de petróleo y sus derivados.

Gómez, vicepresidente del partido Alianza por la República (Apre), declinó realizar comentario alguno al término del encuentro, argumentando que tenía "una reunión urgente".

Mientras el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), y la Cámara Italo-Nicaragüense emitieron un pronunciamiento donde rechazaron la imposición del gravamen y demandaron un ajuste en las tarifas de transporte de acuerdo a los costos de operación y de mercado.

Dependerá de cabildeo en el Parlamento

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aclaró este miércoles en un programa de la televisión nacional que los críticos del tributo solo pretenden colocar una cortina de humo sobre los esfuerzos realizados para tratar de solucionar los problemas de la población. Es un impuesto que genera justicia social, aseveró el legislador, tras reiterar el carácter temporal del gravamen y negar que este vaya a ser trasladado a la población.

De acuerdo con Gutiérrez, la ley que aprobaría la Asamblea Nacional debe plantear el carácter intransferible del gravamen, el cual se aplicaría a las ganancias netas de las petroleras, una vez deducido el impuesto sobre la renta.

En tanto, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, afirmó que cuentan con los votos suficientes para aprobar la iniciativa de ley que contempla el nuevo impuesto a las petroleras. Dijo que tienen 38 legisladores sandinistas, cuatro de la bancada Azul y Blanco, dos de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y "buena parte" de la bancada liberal.

Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) desconocieron la validez del acuerdo y lo calificaron de "parche mal hecho", además de que la medicina sería peor que la enfermedad, porque el impuesto al final será trasladado al consumidor.

El diputado Wilfredo Navarro adelantó que los 40 diputados liberales se van a oponer a esa ley, mientras que la bancada Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN- PC), que reúne a siete diputados, también anunció su oposición a la propuesta.

"La inflación que va a generar es superior a la que el usuario hubiera tenido que pagar por la tarifa, además de una actitud demagógica y mentirosa del gobierno, que trata de disimular una solución al problema porque están manteniendo una bomba de tiempo en un proceso electoral", opinó Navarro, tras asegurar que no votarán a favor del mismo.

El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, ratificó que sus diputados se opondrán a la creación del nuevo impuesto.

La aprobación de esa iniciativa requiere mayoría simple, es decir 47 votos en caso que estén los 91 diputados presentes en el plenario. Si en el plenario hay 47 diputados, que es el mínimo para hacer quórum de ley, se requerirá nada más del voto favorable de 24 diputados, que fácilmente lo reúnen los sandinistas.

La iniciativa de ley no será presentada con trámite de urgencia, explicó Castro, quien afirma que las empresas petroleras que operan en el país han tenido utilidades "arriba de los 300 millones de córdobas ó 400 millones de córdobas" en los últimos cinco años.

Mientras tanto, el gobierno tomó desde ya distancia del acuerdo firmado en la madrugada del martes entre los diputados, transportistas y el alcalde de Managua, además de reconocer grandes vacíos sobre los mecanismos de aplicación del impuesto.

Juan Sebastián Chamorro, Viceministro de Hacienda, dijo vía telefónica al Nuevo Diario que no han tenido comunicación con ninguna de las partes involucradas en el decreto, y explicó que éste "crea una dificultad legal que no ha sido esclarecida".

"Es un acuerdo entre partidos políticos. No acompañamos esta decisión", dijo el funcionario.

Impuesto a las petroleras ya está en Secretaría de la Asamblea Nacional

Las cuatro bancadas parlamentarias que apoyaron en el diálogo nacional una salida a la crisis del transporte urbano colectivo de Managua, presentaron este miércoles ante la secretaría del Parlamento un anteproyecto de Ley que crea un tributo especial y temporal sobre las utilidades netas de las empresas procesadoras e importadoras de combustible.

Representantes del Frente Sandinista, Alternativa Cristiana, Alianza por la República y Camino Cristiano, firmaron el anteproyecto que deberá ser aprobado como ley en un plazo de diez días, según el acuerdo que puso fin al paro del transporte urbano el lunes.

Según el texto del anteproyecto, la base de cálculo de ese impuesto será del tres por ciento sobre las ventas netas (sin incluir el Impuesto Selectivo de Consumo) del combustible vendido al transporte terrestre nacional. El tributo, agrega, es intransferible a los consumidores, ni puede ser considerado dentro de la estructura de costo o gasto de dichas empresas.

El impuesto será destinado para el sostenimiento y mantenimiento de la tarifa de 2.50 córdobas al público, porcentaje que estará sujeto a su revisión cada cuatro meses por el Ministerio de Hacienda, el MTI y el IRTRANMA, según establece el anteproyecto.

Petroleras rechazan acuerdo porque no lo conocen, dice Tardencilla

Los argumentos de los representantes de las petroleras son infundados, y así se lo demostraremos cuando comparezcan ante la comisión que dictaminará el anteproyecto de ley que grava con el tres por ciento las utilidades de productores, procesadores e importadores de combustibles, dijo uno de los proponentes.

Orlando Tardencilla, uno de los proponentes de la Ley que crea un tributo especial y temporal sobre las utilidades netas de las empresas procesadoras e importadoras de combustible, porque el impuesto no se aplicará sobre el proceso de producción, sino las utilidades después del Impuesto sobre la Renta.

Agregó que las petroleras tampoco se verán afectadas por el impuesto en su capacidad adquisitiva de nueva materia prima para la producción de hidrocarburos terminados. "Yo creo que esos temores se fundamentan en el hecho que no conocen a fondo la iniciativa de ley, y estoy seguro que al final verán una panorámica distinta porque además de estar desagregado, este impuesto es de naturaleza temporal", advirtió Tardencilla.


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